Escrivá propone elevar de 25 a 30 años el periodo de cálculo de la pensión y elegir los mejores 28 años de cotización
La ampliación se aplicará en un plazo transitorio desde 2027 y hasta 2038
El Ejecutivo traslada a los empresarios que elevará la base máxima de cotización cada año con el IPC más un recargo extra del 1,14%
Sindicatos y empresarios valorarán la oferta del Gobierno para dar luz verde a la segunda parte de la reforma de las pensiones antes del 31 de diciembre
El Gobierno ha propuesto a patronal y sindicatos una versión casi definitiva de la ampliación del periodo de años cotizados para el cálculo de la pensión. Una de las medidas que forma parte de la segunda pata de la pensiones que debería de estar aprobada antes del 31 de diciembre.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado a los agentes sociales elevar de 25 a 30 años el periodo para calcular la pensión, con una salvedad, se podrán elegir los mejores 28 años de cotización. La ampliación tendrá un periodo transitorio entre 2027 y 2038.
El Ejecutivo ha trasladado la oferta a los agentes sociales tras más de dos meses de puertas cerradas sin mantener comunicación sobre los puntos que se incorporarán en la segunda parte de la reforma de pensiones. En sentido, Escrivá habría comunicado a empresarios y sindicatos que la senda de destope de cotizaciones máximas se extenderá hasta 2050, y que la pensión máxima no subirá en la misma proporción. «La pensión máxima subirá moderadamente hasta 2050», trasladan fuentes cercanas a la negociación.
Según apuntan fuentes de la Seguridad Social, también se incluye en esta propuesta de ampliación del periodo de cálculo la mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres «y también para los varones cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género». Además, señalan estas fuentes que también se mejorará el tratamiento de las lagunas de cotización para los autónomos.
Además, el ministro Escrivá ha trasladado a los agentes sociales su intención de que las bases máximas subirán cada año en función del IPC más una pequeña subida anual, que correspondería al destope. Esta medida que el ministro de Seguridad Social pretende perpetuar se empieza a aplicar ya en 2023 cuando la base máxima de cotización llegará a 54.000 euros tras la actualización por la inflación de este año del 8,6%.
Será para 2024 cuando también se añada la subida por el destope de cotización. Desde entonces la subida será del IPC más el destope más el mecanismo de equidad intergeneracional. Concretamente, el Gobierno estima que la senda de aumento de las bases máximas a 30 años vista supondrá un 1,154% anual. A este porcentaje habrá que sumar el 0,6% del mecanismo de equidad y el que resulte de la actualización por el IPC.
La oferta llega después de este periodo de incomunicación en el que el Gobierno ha maniobrado para acordar con Podemos los puntos clave del decreto que incluirá la reforma. Esta versión light de la ampliación del periodo de cálculo y el aumento mayor de las cotizaciones que de la pensión máxima eran dos líneas rojas de la formación morada que el Gobierno satisface con la propuesta presentada, que ha podido conocer ABC.
Impacto en las prestaciones
Con todo, estas medidas que el Gobierno ha puesto encima de la mesa de diálogo social eran las últimas en las que Bruselas confiaba para ofrecer garantías de equilibrio financiero de la Seguridad Social. Sin embargo, a expensas del análisis de la Comisión Europea, parece que estas medidas podrían quedarse cortas en el objetivo, teniendo en cuenta que como producto de las primeras introducidas ya en 2022 llevarán al Estado a gastar 20.000 millones más el próximo año en prestaciones, hasta los 190.000 millones.
Así, mientras que el Banco de España y los expertos advertían de que la ampliación de 25 a 35 años cotizados el periodo para el cálculo de la pensión podría suponer un recorte de las prestaciones inicial del 8,5%, el hecho de poder elegir los mejores 28 años tendría un impacto neutro sobre la mayoría de las carreras de cotización. Teniendo en cuenta que se podrán descartar los dos peores ejercicios, la ampliación efectiva del periodo de cómputo sería de tres años, con un impacto financiero limitado.
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