Los economistas alertan del cupo catalán: «Es inviable, insolidario y no cabe en la Constitución»

«Si hay una cesión total de la recaudación a Cataluña, el Estado dejaría de ingresar entre 25.000 y 30.000 millones de euros, así como los cerca de 3.000 millones que esta comunidad autónoma aporta a la financiación del resto de autonomías. A partir de ahí, cuánto perdería el Estado dependería de cómo se calculase el cupo –la cantidad a pagar por los servicios prestados por el Estado–, pero la experiencia demuestra que una vez que la comunidad tiene el dinero en mano, las aportaciones son cada vez menores», explica a ABC Ángel de La Fuente, director ejecutivo de Fedea. De hecho lo que se pacte ahora será menos malo para el Estado que cuando vaya evolucionando.

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«Pero aparte del dinero, que lógicamente si Cataluña se queda con más, habrá menos para financiar los servicios del resto de las comunidades, de lo que estamos hablando es de un cambio en la estructura y la naturaleza del Estado», asegura De la Fuente que explica que pasaríamos a un estado confederado en el que la Administración Central tendrá cada vez menos recursos para ejercer sus funciones.

A su juicio, para hacer un cambio de este calibre sería necesario cambiar la Constitución. «Es la Disposición Adicional Segunda de la constitución la que ampara los regímenes forales del País Vasco y Navarra, y ahí no aparece Cataluña. Creo que modificar la LOFCA no será suficiente», argumenta.

Para Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas un cupo catalán es inviable. Recuerda que en la Constitución están previstos el concierto navarro y el cupo vasco, pero no hay nada sobre Cataluña, con lo que si finalmente se llegara a aprobar sería necesaria una reforma de la Constitución. Señala además, que estos regímenes «no es que sean ya singulares, sino de por sí son 'extrañísimos' y no existen en otros lugares del mundo, con lo que extenderlos a otras comunidades no tiene sentido».

Pich considera, además, que la Agencia Tributaria es una institución 'casi sagrada' y la gestión de los impuestos y de los ingresos públicos es estratégica para un país, por lo que consideraría un grave error transferir a una agencia tributaria catalana la gestión y recaudación de los impuestos que se pagan allí. «La Agencia Estatal tiene información de grandes empresas internacionales que operan en todo el mundo», recuerda, con lo que coincide con los inspectores de Hacienda en que su traspaso a una agencia catalana obstaculizaría la lucha contra el fraude fiscal. A esto habría que añadir, además, los costes burocráticos de crear nuevos organismos.

Otra de las consecuencias de este pacto, si se aprueba como lo describen en ERC, sería la merma de recursos para otras comunidades autónomas. «Lógicamente si como dicen los independentistas habrá más dinero para la sanidad, la educación… catalanas, habrá menos para otras comunidades». En este sentido señala Valentín Pich que no hay que olvidar que en los próximos años hay que hacer frente a las pensiones de los 'baby boomers' a los gastos de dependencia de una sociedad cada vez más envejecida… y no habrá dinero para hacer frente a una financiación como esta.

El sistema pactado tampoco le gusta al economista del IESE José Ramón Pin Arboledas que, sin embargo, sí lo considera viable y, además, cree que el Tribunal Constitucional actual, dada su composición, puede incluso darle el visto bueno. A su juicio, de ponerse en marcha se abre el camino hacia una confederación de haciendas autonómicas, que no sabemos muy bien hacia dónde nos llevaría. De hecho, por ejemplo, la Comunidad Valenciana tiene especificado en su estatuto que puede solicitar cualquier competencia que se ceda a otra comunidad autónoma, con lo que también puede pedir entrar en este sistema, y como ella, podrán hacerlo todas las demás.

En cuanto al problema de la solidaridad, señaló que en un sistema como este habría que crear un fondo interautonómico para compensar a las autonomías con menos recursos. Señala que a Cataluña, que tiene como principales clientes al resto de las comunidades, especialmente a Aragón, no le interesa una España deprimida.

Más dura aún ha sido la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que ha calificado el preacuerdo como una «barbarie» que «implicará consecuencias terribles para todos los españoles». Fundamentalmente, lo que ocurriría es que esa futura agencia tributaria catalana no estaría en las bases de datos internacionales en las que sí está la AEAT, ni tendría la obligación de compartir toda la información tributaria con el Estado, dos cosas que obstaculizarían la lucha contra el fraude, ha explicado la IHE en boca de su portavoz, José María Peláez.

Peláez pone de ejemplo lo que ya sucede con País Vasco y Navarra, que para algunas cosas -el modelo 347 una de ellas- son un «agujero negro informativo», asegura, que acarrea no pocos problemas para los funcionarios del Fisco. Trasladar esto a una comunidad autónoma que representa el 19% del PIB español sería lo mismo que «romper la institución que mejor funciona de la Administración del Estado», denuncian los inspectores.

Además, dicen, la cesión tributaria incrementaría el coste -en impuestos- para todos los ciudadanos y «la gran mayoría de servicios públicos que recibe la sociedad se verían gravemente dificultados, afectando fundamentalmente a quienes menos recursos tienen».

Luego está la inseguridad jurídica de los cerca de 3.800 empleados públicos que tiene la AEAT en Cataluña. IHE asegura que sus representados están con la sensación de que «se les viene encima un terremoto», y avisa de que buena parte de ellos jamás se integrarían en un fisco catalán. Y por lo que explica Gestha, con los técnicos de Hacienda pasaría algo similar. Es más, según José María Mollinedo, el secretario general de este sindicato, entre sus representados las demandas de traslado ya son más altas que en las otras comunidades, y, desde que se anunciara el preacuerdo, su sentimiento general es de «irritación y preocupación».