El control de fraude «preocupa» a la misión europea que vino a España por los fondos

Las conclusiones forman parte de un extenso documento de casi 30 páginas que ha sido realizado después de la visita que durante tres días realizaron diez europarlamentarios encabezados por Monika Hohlmeier, la presidenta de la comisión de control presupuestario de la Eurocámara, en la que se entrevistaron con ministros, agentes sociales, empresas y consejeros autonómicos.

La misión europea muestra su preocupación con la gestión del fraude en España y se queja de falta de transparencia. Recuerda que la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude detectaron problemas con las autoridades españolas relacionados con el acceso a los datos y los procesos para detectar casos fraudulentos. Avisa en este sentido que las sospechas del uso irregular de los recursos deben trasladarse a la Fiscalía y recuerda que, en el momento en el que se realizó la misión, en febrero, el Ejecutivo aún no había respondido a los requerimientos de la Fiscalía comunitaria en este sentido. Así las cosas, el documento desvela que el Gobierno de Pedro Sánchez respondió a la institución hace apenas dos semanas a una petición de información de finales de 2022.

Al hilo de estos reproches, el informe recuerda que la Comisión tiene «tolerancia cero» frente a la corrupción y alude también a que en su visita a Madrid preguntó al Gobierno por los cambios introducidos en el Código Penal sobre el delito de malversación de fondos públicos. «Pedimos al Gobierno que su legislación se ajuste al principio de tolerancia cero y que garantice que no haya excepciones», apunta el informe.

Los eurodiputados incluyen también entre sus reflexiones finales las quejas realizadas por comunidades autónomas y empresas sobre la ejecución de los recursos europeos y aseguran que «hubo dificultades para recibir información del Gobierno sobre el importe concreto desembolsado hasta la fecha a los beneficiarios». Sí celebra que las autoridades españolas publicaran casi toda la información relativa a las licitaciones, pero también lamenta que «es difícil encontrarla» en los portales públicos.

La elevada burocracia y las trabas administrativas son dos de los problemas que con más recurrencia argumentan en España las empresas para acceder a los fondos, especialmente pymes y autónomos. La comisión de control que preside Monika Hohlmeier pide a la Comisión Europea y a las autoridades españolas que «respondan a la petición de mayor flexibilidad y reducción de la carga administrativa y de la burocracia» y expresamente asegura que es necesario «eliminar los impedimentos y dar más apoyo a los trabajadores autónomos».

Puntualiza que tras reunirse con los gobiernos centrales y regionales, la sociedad civil, las empresas y otros interlocutores sociales, «las normas actuales a nivel europeo y nacional para la ejecución de los fondos podrían ser más flexibles». Añade que «la carga administrativa era una queja común de las partes interesadas y que la inseguridad jurídica en los procedimientos ex ante en relación con licitaciones complejas y conflictos de intereses, con una interpretación demasiado amplia de la definición, han ralentizado potencialmente la ejecución de los fondos». Pide por ello a la Comisión Europea que «adopte una posición sobre la falta de claridad en la interpretación de los conflictos de intereses para alinearse estrictamente con los intereses financieros reales y económicos».

Otro de los asuntos que se abordan en el documento es Coffee, la herramienta comprometida por el Ejecutivo con Europa para que comunidades autónomas y ayuntamientos volcaran sus cifras de ejecución de los fondos. Un proyecto fallido durante meses que impidió que las autoridades comunitarias pudieran comprobar la ejecución real de los fondos europeos en España. Sobre esta aplicación, recomienda a las autoridades españolas que faciliten al máximo su «interoperabilidad de la herramienta y de Minerva (el sistema de prevención de conflictos de intereses) con otros sistemas, como Fenix o herramientas informáticas regionales», y que «garantice que pueden contribuir a la publicación de datos útiles a un nivel más amplio; reducir la carga burocrática para las administraciones y las empresas (regionales) y mejorar los datos disponibles para el público en general».

Asimismo, el informe de la misión da cuenta de una carta que envió la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, a la jefa de la delegación, Hohlmeier. La misiva, que data del 9 de mayo, trata de convencer a la presidenta de la comisión de control del Parlamento Europeo de la buena marcha de la ejecución de los fondos. Sin embargo, Calviño no aporta datos de ejecución real, de cuánto dinero ha llegado a la economía, que es precisamente lo que reclamaba esta misión, según la carta a la que ha accedido este periódico.

Asimismo, la vicepresidenta española pide que en el análisis de la ejecución de los fondos se apliquen «los mismos estándares» de control en el resto de países europeos y no solo en nuestro país para asegurar un trato igualitario y máxima transparencia.