Calviño se atasca con su nuevo supervisor para cercar a la banca
La Autoridad del Cliente Financiero no ha pasado actualmente de anteproyecto de ley
A principios de abril vio la luz el primer texto para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un supervisor con el que controlar y resolver las reclamaciones contra la banca. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley y, desde entonces, no ha habido más avances tangibles.
El objetivo de esta institución, que nacería con dudas sobre su independencia respecto al Gobierno, pasa por «aumentar la protección de los clientes de las entidades financieras, aumentar la seguridad jurídica en el ámbito de las normas de conducta que deben observar las entidades financieras y contribuir a la extensión de prácticas comunes en las relaciones de las entidades financieras con sus clientes», según el anteproyecto. Así, esta organización será encargada de un sistema de resolución extrajudicial de controversias entre entidades y clientes.
Eso es algo que, en cierto modo, ya hace el Banco de España, pero esta autoridad va más allá: las resoluciones que dicte tendrán carácter vinculante en aquellos casos en que la cuantía de la reclamación sea inferior a 20.000 euros. Para los ciudadanos será gratis acudir a este método de resolución de controversias, pero no para las entidades. Este mecanismo se financiará, así, mediante una tasa de 250 euros que tendrán que pagar las entidades por cada queja recibida en nombre de los clientes.
Todo esto es la teoría, de donde no se ha pasado. El anteproyecto sigue atascado tras haber pasado por primera vez del Consejo de Ministros. Han pasado ya seis meses desde aquello y no se han dado más pasos adelante.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos señalan que se está trabajando «intensamente» en el tema, «analizando todas las contribuciones recibidas en el proceso de audiencia y solicitando los informes pertinentes que requieren todos los anteproyectos». Con todo, no dan una fecha de cuándo podrá avanzarse con la tramitación y su puesta en marcha. «La idea es avanzar todo lo rápido que se pueda», dicen.
Desde el entorno cercano de la vicepresidenta Nadia Calviño señalan que alumbrar la Autoridad del Cliente Financiero es una de sus prioridades para los próximos meses, pero no se explican por qué todavía la norma no está ya en las Cortes para que avance cuanto antes.
El periodo de audiencia pública para que los interesados presenten sus alegaciones y aportaciones ya ha pasado hace meses. Y, además, cabe tener en cuenta que no hay excesiva controversia entre partidos respecto a la creación de esta institución.
La Autoridad del Cliente Financiero es una vieja aspiración que viene también de la época de Mariano Rajoy pero que nunca llegó a ver la luz. Calviño retomó el planteamiento y, aunque más tarde de lo prometido, finalmente ha sacado el anteproyecto en primera lectura en el Consejo de Ministros. El tiempo, en este caso, juega en contra del Gobierno. El plan de recuperación para acceder a los fondos europeos incluye como compromiso que el proyecto de ley estuviera listo en 2021 y luego fuera adoptado por las cortes en 2022. A falta de tres meses para acabar el año, todavía no ha pasado de La Moncloa, más los tiempos que luego requiere la tramitación en las Cortes.
Financiación
Más allá de ello, el Gobierno también tendrá que pensar más pronto que tarde en dos asuntos: con qué presupuesto funcionará la institución y con qué personal.
Aunque está previsto que los bancos financien este supervisor con una tasa de 250 euros por cada reclamación recibida, la realidad es que también necesitará de una dotación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para lo cual Calviño habrá de lidiar con María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
En el tema del personal, este podrá ser funcionario o laboral. Y deberá verse las caras de nuevo con Montero: «La Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero contará con una relación de puestos de trabajo que deberá ser aprobada por el Ministerio de Hacienda, en la que constarán, en todo caso, aquellos puestos que deban ser desempeñados en exclusiva por funcionarios públicos».
Sin embargo, lo más controvertido estará en cesiones de personal que se permiten entre organizaciones. En este caso, que trabajadores del Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acaben movilizándose para surtir de trabajadores al nuevo supervisor financiero.
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