Sin avales hipotecarios casi un año después de la promesa del Gobierno
Los usuarios disparan las consultas a la banca sobre una medida para la que el Ejecutivo no tiene aún fecha de activación
Guerra de precios entre bancos: qué entidades han abaratado más sus hipotecas
El Gobierno aprueba algunos criterios de los avales hipotecarios, pero todavía no estarán en funcionamiento
El detalle de los avales para hipotecas del Gobierno: en qué consisten y por qué todavía no puedes pedirlos
Bloque de viviendas en construcción en Córdoba
El atasco del Gobierno para sacar adelante los prometidos avales de hasta el 25% para hipotecas para jóvenes y familias con menores a cargo se perpetúa en el tiempo. Hace casi ya un año que el presidente Pedro Sánchez anunció la puesta en ... marcha de la medida para facilitar el acceso a la vivienda a estos colectivos, pero desde entonces ha pasado varias veces por Consejo de Ministros sin llegar a ver la luz de manera definitiva.
El Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez señala a este periódico que «se están ultimando los convenios para llevarlos a Consejo de Ministros», pero no aclaran cuándo podrá producirse eso. Indican que los equipos están trabajando para sacarlo adelante cuanto antes, sin detallar más.
Lo cierto es que el Ejecutivo, de esta manera, vuelve a dejar sin fecha de activación una medida cuya última promesa era que iba a estar funcionando en febrero. Fue la ministra Isabel Rodríguez la que a principios de ese mes dijo que esperaban tenerlos aprobados para finales del propio febrero. Sin embargo, aquello se quedó en solo palabras, como ha venido pasando desde hace casi un año atrás.
En mayo de 2023, los avales pasaron por primera vez por Consejo de Ministros. Semanas más tarde, volvieron a pasar otro trámite en el cónclave gubernamental. Tras ello, pasaron varios meses con la medida prácticamente parada y sin novedades, hasta que Rodríguez dijo hace dos meses que iban a aprobar ya los avales hipotecarios.
De nuevo en febrero fueron a Consejo de Ministros, pero solo para aprobar algunos criterios extra a los ya conocidos. La realidad es que siguen faltando dos pasos fundamentales sin los cuales las ayudas no entrarán en funcionamiento.
es el montante total que tendrá la línea de avales
Los avales se articulan a través de una línea de garantías públicas por 2.500 millones de euros del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Es por ello que el Ministerio de Vivienda debe firmar un convenio con el ICO con todas las condiciones y criterios, y también debe firmar otro convenio con los bancos ya que son estos los que conceden los préstamos hipotecarios. Por el momento, ni uno ni otro han visto la luz; las razones teóricas que se esgrimen es la necesidad de diseñar adecuadamente los avales, en especial en lo que se refiere a reparto por territorios ya que el precio de la vivienda no es igual en unas comunidades que en otras.
Así las cosas, fuentes financieras destacan que el anuncio en febrero de la ministra desató que un buen número de consumidores acudieron a su banco para acogerse y solicitar el aval del Estado para su hipoteca. Sin embargo, se toparon con la realidad de que el Gobierno sigue atascado.
En la banca, por su parte, se limitan a señalar a los usuarios que todavía hay que esperar algún tiempo más y que no tienen noticias sobre cuándo será la puesta en funcionamiento. Además, existe un temor en el sector a que cunda cada vez más entre los clientes la falsa realidad de que no hay avales por culpa de las entidades financieras, cuando la medida donde está atascada es en el Ejecutivo.
El detalle de los avales
Estos avales estarán destinados a dar garantías públicas de hasta el 20% -25% si se cumplen criterios de eficiencia energética- a los jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo para que puedan acceder a hipotecas de hasta el 100% del valor de la vivienda. Hasta ahora, los bancos suelen conceder hipotecas de hasta el 80% del valor, y el 20% restante más otro 10% de gastos los debe aportar de ahorros el consumidor. La falta de ahorros de estos colectivos es la barrera que el Ejecutivo quiere salvar dando garantías públicas. En todo caso, estarán condicionadas a criterios de renta.
Estas ayudas podrán pedirse hasta el 31 de diciembre de 2025 (se contempla una prórroga de dos años) y la duración de las garantías será de diez años.