Fomento: «AENA no tiene por qué ser privatizada sí o sí»

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, ha señalado hoy, durante su intervención en un curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que la decisión de dar entrada a capital privado en AENA «no es una obligación» y que, por tanto, es una posibilidad que no se debe interpretar como definitiva. «AENA no tiene que ser necesariamente privatizada sí o sí, se está analizando por parte del Gobierno», explicó el número dos del departamento dirigido por Ana Pastor tras recordar que el Ejecutivo no pretende «hacer caja la privatización» y que esta, en todo caso, tendría un impacto «insignificante» en las cuentas públicas.

Catalá hizo hincapié en que se trata de un proceso «singular y especial» y que, por ello, el Gobierno se «está tomando su tiempo» para analizar si la privatización es «mejor para los intereses generales de España o no». Previamente, se deberá redactar un nuevo marco regulatorio para abordar las singularidades del proyecto. Lo cierto es que tras finalizar un año 2013 extraordinario el operador aeroportuario se encuentra ya «en condiciones objetivas de plantearse su apertura a la entrada del capital privado», aunque no por ello deba hacerse efectiva de manera inminente. «No hay prisa», remachó.

La evolución del resultado de AENA se enmarca en una mejora gradual del comportamiento del grupo Fomento, que cerró el año pasado con un ebitda (resultado bruto de explotación) un 27% superior, hasta los 2.700 millones, y un beneficio de 300 millones, frente a los números rojos de 672 millones de 2011. Un procedimiento paralelo a la reducción del radio de endeudamiento (que ha bajado un 16%) y la rebaja de 170 millones en gasto de personal y 530 en gasto corriente.

En cuanto a la creación de la socidad pública de autopistas para aglutinar a las vías de pago en riesgo de quiebra, Catalá recordó que actualmente se estudia esta opción y no se descarta una hipotética liquidación. Esta última opción daría lugar a un «escenario complejo» de litigios y de difícil gestión, aunque no será necesariamente «más caro» . Catalá también recordó que esta hipotética sociedad debería asumir la deuda de las autopistas por los sobrecostes ligados a las expropiaciones y conllevaría la entrada de 1.000 trabajadores en el sector público.