El Ejecutivo desvincula también del IPC los precios de los servicios públicos

Como ya hizo anteriormente con las pensiones , el Gobierno ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de desindexación, que desvinculará también los precios de los servicios públicos de la evolución del IPC a partir de enero de 2014. En su lugar, y según el texto ratificado en Consejo de Ministros, se creará un nuevo índice de referencia para actualizar los precios, que tendrá en cuenta la inflación de la zona euro corregida por una parte de la competitividad perdida desde 1999. Y en definitiva se ligarán los precios a los costes del servicio ofrecido.

Ese nuevo referente, que se llamará Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), tendrá, en todo caso, un techo del 2% y un suelo del 0%. La nueva ley se aplicará en el conjunto de las administraciones públicas —Estado, autonomías y ayuntamientos— y servirá para revisar rentas, precios y otros conceptos del sector público, según ha informado el Ministerio de Economía. En cuanto a los precios afectados, sólo quedarían excluidos de esta norma la negociación salarial colectiva, tanto en el ámbito privado como en el del personal laboral del sector público, las pensiones y los instrumentos financieros.

Así, a partir del próximo año, la actualización del resto de precios —transportes, energía, servicios postales, agua, telecomunicaciones, tasas, multas y contratos públicos— se ligará a los costes del propio servicio y no a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). «Se trata de evitar con ello los llamados efectos de segunda ronda en la economía, uno de los elementos que más tensiones inflacionistas ha generado en el pasado», ha explicado el gabinete dirigo por Luis de Guindos, que dice que el objetivo de esta norma es contribuir a la estabilidad de precios y a la mejora de la competitividad del país.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, De Guindos ha detallado que los precios regulados por la administración pública y que afectan a los hogares suponen un 7% del total, unos 36.000 millones de euros. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha añadido que el objetivo es crear una «cultura de moderación de precios» en la economía española.

Aunque la ley no obliga a ello, la intención del Ejecutivo popular es que el sector privado acabe adoptando también esta fórmula de revisión de precios. Así, por ejemplo, en aquellos contratos privados con una cláusula de revisión sin especificar, se aplicará la no indexación de forma automática.