De los diversos casos de presunta corrupción que están siendo investigados en Baleares en estos últimos meses, hay tres que en estos momentos siguen abiertos y en los que se han producido novedades en estas últimas semanas.

Así está a día de hoy el «puzzle» de la corrupción balear:


Operación Maquillaje

El pasado 19 de marzo, la ex presidenta del Parlamento autonómico y ex presidenta de Unión Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar, depositó la fianza penal de 350.000 euros impuesta dos días antes por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, para evitar su ingreso en prisión. Munar, a quien el juez también retiró el pasaporte, presentó días después un aval para los 2,5 millones de euros fijados por el magistrado en concepto de responsabilidad civil.

La histórica líder de UM declaró ante el juez el 17 de marzo como imputada en la llamada "Operación Maquillaje", en la que se investiga el presunto desvío de fondos públicos desde la radio y la televisión del Consejo de Mallorca a empresas audiovisuales de personas ligadas a cargos de UM. Estos hechos habrían tenido lugar en la pasada legislatura autonómica, cuando la institución insular estaba presidida por Munar, mientras que el vicepresidente de la misma era Miquel Nadal, también imputado.

A Munar se le imputa la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental, prevaricación, negociaciones prohibidas, soborno y delito electoral. El juez pone en duda la legalidad de diversas subvenciones concedidas cuando Munar presidía el Consejo de Mallorca, subvenciones cuyo montante total asciende a casi dos millones de euros.

Munar, por su parte, negó ante el juez haber entregado 300.000 euros a Nadal para la compra de una empresa audiovisual, Video U, en 2004, y asimismo dijo no tener ninguna participación en dicha empresa. Cabe recordar que el pasado 26 de febrero Nadal dijo al juez que habría recibido 300.000 euros en efectivo de Munar en el interior de su propio coche oficial para la compra de Video U, que es una de las empresas investigadas en este caso. A raíz de dicha declaración, Munar dimitió ese mismo día como presidenta del Parlamento autonómico y anunció su abandono de la política, al mismo tiempo que desmintió de forma rotunda todo lo afirmado por Nadal.

Operación Voltor

El ex consejero de Turismo del Gobierno balear y ex dirigente de Unión Mallorquina (UM) Francesc Buils y el empresario audiovisual Jacinto Farrús, propietario de Canal 4, así como los responsables de la empresa de informática Minser, Gabriel R.M. y Juan E.P, abonaron el pasado 19 de marzo la fianza de 100.000 euros impuesta por la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, para poder eludir su ingreso en la cárcel. Todos ellos habían sido detenidos en la segunda fase de la llamada "Operación Voltor", que se había iniciado el pasado mes de febrero.

A los cuatro se les imputan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude. En la "Operación Voltor" se investiga, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, una presunta trama de corrupción en un organismo que depende de la Consejería de Turismo, el Instituto de Estrategia Turística (Inestur), que desde el inicio de esta legislatura y hasta la primera semana del pasado mes de febrero estuvo en manos de UM. Al parecer, se habría producido un desvío de fondos públicos a través de contratos supuestamente irregulares desde el Inestur hacia empresas de personas próximas a cargos del partido nacionalista, entre ellas la mencionada Minser.

Los hechos ahora investigados se remontan, no obstante, a la pasada legislatura, y afectarían también a otra institución, el Consejo de Mallorca, que entonces presidía la nacionalista Maria Antònia Munar con el apoyo del PP. En aquel momento, Buils era el responsable de Servicios Generales de la institución insular, departamento que adjudicó un servicio de información turística, a través de concurso público, a Minser.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero fueron detenidas ya varias personas en el marco de la "Operación Voltor", entre ellas el también ex consejero de Turismo y ex presidente de UM, Miquel Nadal; el ex presidente de UM Miquel Àngel Flaquer; el ex gerente del Inestur, Antoni Oliver; el ex director general de Promoción Turística, Joan Sastre, y el ex responsable de la unidad económica del Inestur, Álvaro Llompart. Todos ellos se encuentran en estos momentos en libertad bajo fianza.

A raíz de la aparición de este caso de presunta corrupción, el primero de la actual legislatura, el presidente del Gobierno balear, el socialista Francesc Antich, decidió el pasado 5 de febrero la destitución de todos los cargos ejecutivos de UM en el Gobierno autonómico, el Consejo de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, lo que de hecho supuso la ruptura del tripartito que desde el verano de 2007 gobernaba en Baleares. Desde entonces, el PSOE y la coalición denominada Bloc gobiernan en minoría en dichas instituciones.

Caso Palma Arena

El ex presidente del Gobierno balear y ex presidente del PP del Archipiélago, Jaume Matas, es uno de los imputados en el llamado "caso Palma Arena", en el que se investigan, por una parte, las posibles causas del sobrecoste de este equipamiento deportivo, y, por otra, el presunto incremento patrimonial irregular de Matas durante la pasada legislatura, así como una supuesta financiación ilegal del PP en la campaña electoral de 2007.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, atribuye a Matas en un auto redactado el pasado mes de diciembre la comisión de un total de nueve delitos, en concreto, los de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y delito electoral, presuntos delitos que sumados podrían llegar a suponer una pena total de hasta 30 años de cárcel.

El también ex ministro de Medio Ambiente abandonó la política activa en el verano de 2007, tras la pérdida de la mayoría absoluta por parte del PP en las principales instituciones del Archipiélago y la configuración de una nueva mayoría de centroizquierda, conformada por el PSOE, la coalición denominada Bloc y Unión Mallorquina (UM), con el socialista Francesc Antich de nuevo como presidente autonómico. Dicho tripartito se rompió el pasado 5 de febrero, con la destitución de todos los cargos ejecutivos de UM en el Gobierno balear, el Consejo de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, tras la aparición de un nuevo caso de presunta corrupción, el primero de la actual legislatura.

En un primer momento, en el "caso Palma Arena" se investigaban sólo las posibles causas del sobrecoste de este equipamiento deportivo, inaugurado a principios de 2007, que contaba con un presupuesto originario de 47,7 millones de euros y que acabó costando finalmente unos 110 millones. En septiembre del pasado año se produjo un giro radical en este caso, cuando el juez Castro decidió incorporar al sumario las diligencias informativas realizadas en el marco de otra investigación, en principio por completo ajena a ésta, la denominada «operación Buckingham», en la que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares intentaba averiguar las razones del citado presunto incremento patrimonial de Matas.

En esa segunda causa, las investigaciones se centraban en la compra, por parte de Matas, de la planta noble de una antigua casa señorial en Palma, conocida como «el palacete», que adquirió en 2006 por 900.000 euros, cuando, al parecer, su valor real era de 2,5 millones. La Fiscalía empezó a actuar a raíz de unas denuncias anónimas formuladas a finales de 2008, y cuando después de seis meses de investigaciones solicitó una prórroga para continuar con las mismas, le fue denegada por el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, en el único caso de presunta corrupción que ha parado hasta ahora, al considerar que de las diligencias realizadas no podía deducirse la presunta comisión de ningún delito.

A partir del momento en que el juez Castro incorporó dichas diligencias al «caso Palma Arena», se produjeron dos registros judiciales en la casa de Matas en Palma, el 6 de noviembre y el 24 de diciembre.

Por su parte, el abogado de Matas, Rafael Perera, y el también abogado Gregorio San José solicitaron en su momento la nulidad de las investigaciones sobre el presunto incremento patrimonial de Matas en el marco del "caso Palma Arena", al entender que no tienen ninguna relación con el mismo.