El juez cambia la sala en que declara Matas ante la sospecha de que hay micrófonos
El ex presidente del Gobierno balear, Jaume Matas , ha insistido hoy en que es "imposible" que se pudieran "infringir" los códigos de control por parte de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma durante la gestión realizada en la construcción del velódromo Palma Arena, durante la cual presuntamente se desviaron más de 50 millones de euros.
Así lo han confirmado a Ep fuentes jurídicas, que señalaron que durante la declaración de tres horas ante el juez José Castro y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau, Matas reiteró que sólo asume la "decisión política" de construir el velódromo, si bien negó de forma reiterada haber intervenido en la gestión administrativa de este proyecto, aprobado por el Consell de Govern durante la pasada legislatura.
Perera y Matas han llegado hoy de nuevo a los Juzgados
Cabe recordar que Matas responsabilizó ayer al ex director general de Deportes del Ejecutivo autonómico , José Luis -Pepote- Ballester, de las decisiones tomadas en relación a la construcción del velódromo Palma Arena, que fue inaugurado a principios de 2007. Ballester se habría ocupado también de la contratación de los tres arquitectos que participaron en el proyecto.
Matas declaró ante el juez como imputado en el llamado "caso Palma Arena", en el que se investigan, por una parte, las posibles causas del sobrecoste de este equipamiento deportivo, y, por otra, el presunto incremento patrimonial irregular de Matas durante la pasada legislatura, así como una supuesta financiación ilegal del PP en la campaña electoral de 2007.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, atribuye a Matas la comisión de un total de nueve delitos, en concreto, los de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y delito electoral.
Ballester es una de las personas imputadas en este caso, y se encuentra en libertad bajo fianza de 50.000 euros desde el pasado mes de agosto. El juez le imputa malversación, prevaricación y falsedad documental.
En su declaración de ayer, Matas negó, por otra parte, que el piso de Madrid en el que residen sus hijos cuando se encuentran en la capital de España sea de su propiedad. Asimismo, negó que hubiera utilizado como testaferro para la supuesta adquisición de dicha vivienda a Bartolomé Reus, que está también imputado.
Reus había comparecido con anterioridad también ayer ante el juez, y además de negar su condición de presunto testaferro, afirmó que el citado piso de Madrid sería suyo.
Matas sí reconoció en cambio que su cuñado, Fernando Areal, igualmente imputado, dio una entrada de 100.000 euros para la compra de la mencionada vivienda. Por lo que se refiere a su incremento patrimonial personal, Matas dijo que sería sólo fruto de sus ingresos y sus rentas familiares.
Matas y su esposa, Maite Areal, también imputada, habían llegado poco antes de las 09. 00 horas a los Juzgados centrales de Palma, en cuyas inmediaciones se encontraban una veintena de personas, que abuchearon al ex líder popular. Maite Areal se acogió ayer a su derecho a no declarar.
Uno de los abogados de Matas, Rafael Perera, había pedido el martes la suspensión provisional de las comparecencias previstas, tras darse a conocer nuevas pruebas durante la declaración de Fernando Areal. Las citadas pruebas son, en concreto, las grabaciones de varias conversaciones telefónicas mantenidas a partir de diciembre pasado entre los cuatro imputados.
Con respecto a las mencionadas grabaciones, que supuestamente podrían ser incriminatorias, Perera ha solicitado al juez Castro que sean "expulsadas de la causa y en modo alguno puedan ser utilizadas como pruebas". En caso de que no sea atendida la petición de Perera, presentará un recurso.
En su declaración del martes, Fernando Areal reconoció haber pagado sin factura 32.000 euros por una de las reformas realizadas en la casa que Matas posee en Palma, conocida coloquialmente como "el palacete". Dicha cantidad de dinero le habría sido entregada por su hermana. Asimismo, reconoció que abonó 100.000 euros para la compra del citado piso de Madrid. Areal negó, en cambio, haber entregado unos 70.000 euros a la empresa Nimbus para una supuesta financiación irregular del PP balear en la campaña electoral de 2007.
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