Las aseguradoras amagan con dejar Muface y mandar a la sanidad pública a 1,5 millones de funcionarios

El Ministerio de Función Pública deberá hacer un encaje de bolillo de difícil arreglo para mejorar el concierto de Muface para la prestación de asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios si no se logran aprobar unos nuevos Presupuestos Generales y se tienen que prorrogar los de 2023. Esta circunstancia estrecharía el margen de maniobra en términos de la financiación que podría llegar a liberarse para esta partida que cuenta con una asignación en las cuentas públicas, que el Gobierno trata de embridar en estas semanas en el perímetro parlamentario.

Si bien las aseguradoras que forman parte de Muface -Adeslas, Asisa y DKV- filtraron en el día de ayer su intención de abandonar el sistema por las pérdidas asumidas en los últimos años, primero por el impacto de la pandemia que elevó el volumen de la atención y posteriormente por su mayor coste debido a los fuertes episodios de inflación de los últimos años, fuentes consultadas por ABC señalan que existe aún un espacio para poder llegar a un acercamiento, más aún teniendo en cuenta que a partir de enero sería «inviable» incorporar este colectivo al servicio público de salud.

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Según filtró Europa Press, el Ministerio de Función Pública comunicó la pasada semana a las tres aseguradoras las nuevas condiciones del concierto, entre las que el Gobierno propone una subida de la prima del 14% para los próximos dos años, una cifra inferior a la subida del 24% que había solicitado Muface y muy lejos del incremento del 40% que pedían las aseguradoras. Recuerdan desde las aseguradoras que el concierto que vence en 2024 ha arrojado pérdidas entre las tres aseguradoras de 600 millones de euros anuales, pese a estar presupuestado con 3.571 millones de euros.

Ahora, las compañías y Muface maniobran para logar un «reequilibrio económico del contrato» ya que, tal y como trasladaban hace unos meses fuentes de las aseguradoras a ABC denunciando la «infrafinanciación» del convenio que ahora amenazan con abandonar si no se colman las exigencias de aumento de las primas establecidas.

La patronal de la sanidad privada, ASPE, ya advirtió de que una remuneración deficitaria en el concierto provocaría un «éxodo» de funcionarios al sistema público de salud, con un potencial efecto en las listas de espera. Y según dicha patronal, el concierto de Muface ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año, mientras que su desaparición supondría en la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones por el hecho de tener que absorber a los mutualistas.

El principal sindicato de funcionarios CSIF exige en este punto al Gobierno que garantice una financiación suficiente para el próximo concierto de Muface, que actualmente está negociando con las compañías aseguradoras y reclama una mayor estabilidad del mutualismo administrativo. Recuerda el sindicato que el concierto debería estar cerrado en el mes de octubre para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria desde el comienzo de 2025.

«Para CSIF, la calidad de la atención sanitaria del funcionariado no puede estar comprometida por la falta de inversión del Gobierno y exige que se adecúe la prima para poder prestarse el servicio sanitario sin los recortes acontecidos en el último concierto», señalan advirtiendo de movilizaciones si no se responde a la necesidad de los mutualistas, reclamando la vigencia del modelo de mutualismo administrativo.

«CSIF seguirá luchando por la mejora del modelo sanitario que ofrece Muface, al igual que en las mutuas de la Justicia y de la Defensa, MUGEJU e ISFAS respectivamente, y que se está viendo abocado a un deterioro continuo por una inversión deficitaria», explica en un comunicado.