Pedro Pérez Segura: «Es un error usar el dinero como medida coercitiva contra el oncólogo»

—¿Cuándo han tenido conocimiento de las denuncias sobre las supuestas prácticas de Atrys Bienzobas?

—A nivel oficial, con datos, en los últimos dos meses. Es cuando ha habido un movimiento porque creo que la situación ya es absolutamente inadmisible para los pacientes, a los que afecta directamente; pero también al oncólogo, porque lógicamente quiere dar el mejor tratamiento disponible. España es uno de los países que mejor supervivencia y atención oncológica tiene en la UE y casi a nivel mundial. Si se ha conseguido es porque la formación de los oncólogos es buena y el acceso a los medicamentos adecuado. Si esto empieza a deteriorarse para un porcentaje alto de la población, aparte de ser absolutamente injusto conllevaría que los pacientes acaben perdiendo posibilidades terapéuticas.

—Los nuevos tratamientos disparan la efectividad y el coste...

—En la actualidad tenemos tratamientos con una efectividad tremenda. Hay tumores que hace apenas 10 años tenían una supervivencia de seis meses o un año y ahora un 20-30% de esos pacientes vive cinco o seis años con una calidad de vida excelente. Jugar con esto es cambiar el incremento de vida que para un paciente puede ser vital: un mes o tres meses, puede ser ver casarse a su hija o o ver nacer a un hijo.

—¿No prescribir esos medicamentos sería una negligencia?

—La falta de acceso a medicamentos curativos es grave, es muy grave. Es el paciente el que debe decidir hasta dónde quiere llegar y, además, son fármacos que están autorizados por las agencias reguladoras. Es decir, a nadie se le debe escapar que hay unas agencias reguladoras que todos hemos aceptado y que están formadas por expertos a nivel europeo. Si ellas aprueban un medicamento tras revisar decenas de estudios con rigor, no debe haber nadie que de manera individual decida qué persona tiene acceso a un medicamento o no. Y más cuando un paciente que se va a la Sanidad pública sí lo recibe, porque lógicamente está autorizado.

—Sin embargo, hay informes que ponen pegas a la prescripción

—Frases como las que hemos leído en algunos de los dossieres, donde se dice que no es coste eficaz o busque otras alternativas... A ver, el oncólogo es el experto en el tratamiento farmacológico de los tumores. No puede haber nadie que le diga a un oncólogo –que es el que se sienta con el paciente, el que sabe cuál es su situación, qué tumor tiene, cuál es su entorno social, psicológico, de otras enfermedades, etc.– que busque otra alternativa. Ese tipo de argumentos está fuera de lugar.

—Usted ha leído varios informes con el argumento de «no coste efectivo»

—Dicen que el coste de esos medicamentos, para los que piden una alternativa, no justifica el beneficio porque consideran que es muy poco respecto a medicamentos más antiguos.

—¿Es una táctica de presión?

—El coste de los tratamientos es muy alto. Los fármacos antiguos tienen un coste ridículo, porque además ya se fabrican de manera genérica y son mucho más bajos. Si sólo nos centramos en el dinero, nunca va a haber competencia económica con un fármaco de nueva incorporación, pero es que tampoco hay competencia en cuanto al impacto que tiene éste para los pacientes. Utilizar eso como medida coercitiva para los oncólogos es un error. Como oncólogo que hace asistencia y que hace gestión, les digo que el oncólogo en España decide cuál es el mejor tratamiento para un paciente. Y si tiene varias opciones, desde luego busca la que tenga menos impacto económico para el sistema. Cuando pedimos pruebas, medicamentos y otro tipo de recursos valoramos mucho el impacto. Utilizar la presión económica para que un oncólogo que sabe que ése es el mejor tratamiento para su paciente lo deje de prescribir, aparte de ser bastante rastrero es tener muy poco conocimiento de la profesionalidad y la ética de los oncólogos de este país.

—¿En qué situación quedan los pacientes de Muface, Mugeju o Isfas, que no pueden recurrir a la pública?

—Tienen un problema grave. Por distintos casos que hemos visto, si el fármaco ya está autorizado el paciente se lo puede pagar; pero lógicamente, muchos de estos medicamentos tienen costes elevados y la mayoría de los pacientes no puede pagárselos.

—En España hay cientos de miles de funcionarios con estos seguros...

—Hay algo que sí me gustaría remarcar y es que probablemente los datos que tenemos ahora probablemente son solamente la punta del iceberg.

—¿Por qué?

— Porque en muchísimos casos los propios oncólogos intentan solucionarlo como sea para que el paciente no se vea implicado en un proceso de demanda. Pero aunque se consiga, que es complicadísimo, conlleva un retraso y, cuando llega la autorización, a lo mejor el paciente está en unas condiciones en las que ya no puede recibirlo. Es un problema muy grave y a los funcionarios que tienen mutualidades les afecta de manera especial.

—¿Cómo se informa al paciente?

—Hay situaciones de todo tipo. Cuando esa situación de bloqueo es absoluta y el oncólogo está totalmente atado de manos para poderlo prescribir, se le traslada al paciente las posibles soluciones.

— ¿Se pone en riesgo la supervivencia del paciente?

— Tenemos datos de algunos pacientes que a lo mejor no pueden conseguir una curación, pero sí que pueden incrementar de manera muy importante su supervivencia. Es un tema que nos preocupa muchísimo y apoyaremos todas las medidas que hagan falta para que los pacientes reciban el mejor tratamiento posible. Desde luego, es algo que hay que solucionar a la mayor brevedad posible porque lejos de ser un problema menor, por lo que estamos viendo de la información recogida, va en aumento.