El Parlamento italiano aprueba la presencia de asociaciones provida en clínicas abortistas

La medida forma parte de un paquete de iniciativas aprobadas por el Gobierno Meloni que serán financiadas por el Fondo de recuperación post pandemia de la UE, del cual Italia es el mayor beneficiario, con 191.000 millones de euros, entre préstamos y dinero a fondo perdido. El texto aprobado señala que las Regiones, a la hora de organizar los servicios de las clínicas, «pueden también recurrir, sin nuevas o mayores cargas para las finanzas públicas, a la participación de entidades que tengan una experiencia cualificada en el apoyo a la maternidad».

Los partidos de oposición han puesto el grito en el cielo, destacando que la participación de «asociaciones provida» en los centros de asesoramiento en las estructuras sanitarias «representa una violación más de los derechos de las mujeres y de su autodeterminación; es vergonzoso», señalan el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas (M5E). «Vivimos en un país donde el derecho al aborto y a la interrupción del embarazo ya está siendo atacado, donde ya es difícil acceder a la práctica, donde las mujeres tienen que viajar fuera de la provincia o incluso fuera de la región para poder abortar», denuncia el M5E.

Elly Schlein, líder del Partido Demócrata (PD) de centro izquierda, calificó la medida como un «fuerte ataque contra la libertad de las mujeres», mientras que Silvia Roggiani, diputada del PD, afirmó: «La derecha continúa mostrando su visión oscurantista y patriarcal intentando, por todos los medios, erosionar los derechos de las mujeres».

Alrededor del 64,6% de los ginecólogos italianos se niegan a realizar abortos, según datos del Ministerio de Sanidad de 2022. En algunos regiones del sur, se hace especialmente difícil para las mujeres abortar. Por ejemplo, en el hospital Annunziata en Cosenza, Calabria, todos los ginecólogos son objetores de conciencia. No es un caso aislado.

El aborto fue legalizado en 1978 mediante la Ley 194, una de las más conocidas y polémicas de la legislación italiana. La primera ministra, Giorgia Meloni, prometió en campaña electoral que no cambiaría la Ley 194. Pero también aseguró que la aplicaría en su totalidad, agregando derechos, es decir, garantizando a las mujeres la posibilidad de elegir una alternativa.

Así lo explicó en una entrevista a ABC: «Hemos dejado claro que no tenemos intención de cambiar la Ley 194 y que, por el contrario, queremos aplicarla en su totalidad, es decir, también en la parte que prevé un papel activo de las instituciones públicas para remover las causas económicas que pueden empujar a una mujer a abortar. Una parte que ha permanecido en gran parte sin aplicar. Más oportunidades y servicios para dar a las mujeres una alternativa a la tragedia del aborto», dijo Giorgia Meloni.

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, líder de Forza Italia, ha dado garantías de que el Gobierno no modificará la Ley 194: «Es un tema que toca las conciencias —subraya—. Creo que deberíamos dar la máxima libertad a todos. Las propuestas que se refieren a cuestiones de conciencia no son cuestiones de partido. Hay una ley en Italia que ciertamente no se puede cambiar. Siempre hemos permitido la libertad de conciencia en temas de este tipo. Creo que es correcto que cada uno se comporte según sus propias creencias y conciencia, pero no hay que criminalizar a quienes están en contra del aborto. La ley existe y no hay intención de cambiarla».

No será fácil establecer consultorios con activistas pro-vida que trabajen libremente en algunos centros sanitarios. Por ejemplo, el entre público sanitario local de Bolonia (AUSL) los rechaza abiertamente: «No los necesitamos, nuestro modelo funciona –explica Marcella Falcieri, directora de los centros sanitarios de Bolonia–, en los últimos 13 años, las interrupciones del embarazo se han reducido a la mitad». En Turín, en junio se inaugurará la sala antiaborto en el hospital Sant'Anna. Pero el médico jefe del departamento de interrupción voluntaria del embarazo, Silvio Viale, ha asegurado: «Si piensan en instituir entrevistas obligatorias con las mujeres, nos opondremos firmemente».