Oleada de leyes 'woke' antes de las vacaciones navideñas

Una jornada en la que la legislación española se ha tornado más 'woke', el movimiento político surgido en Estados Unidos que aboga por las políticas identitarias.

El Congreso de los Diputados aprobó ayer el texto de la 'ley trans' presentado por el ministerio de Igualdad, con una mayoría de 188 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones. Entre ellas, una muy significativa, la de la exvicepresidenta Carmen Calvo, que desde el PSOE había liderado las criticas al texto de Irene Montero. Las deficiencias que Calvo había señalado en la norma -el rechazo a la «autodeterminación de género» y las consecuencias negativas para los derechos de las mujeres- se han quedado en nada después de que el PSOE se aviniera a retirar todas sus enmiendas y consintiera la aprobación del texto propuesto por Podemos. El proyecto de ley continua ahora su tramitación en el Senado.

La decisión de Calvo fue la nota llamativa de la votación. Desde las filas socialistas manifestaron que «respetan su decisión», disgustó que se saltara la disciplina de voto. «Hay que ser comprensivos», manifestaron a ABC desde el entorno de Pedro Sánchez, quienes reconocieron que es un tema que divide mucho al partido y que Calvo había sido «coherente con su posición». Desde la dirección del grupo parlamentario también aclararon que la posible sanción (de 600 euros) por romper la disciplina de voto todavía se tiene que estudiar. «Lo relevante es la ley. Y ha salido», explicaron, en un intento de quitar hierro al asunto, informa Víctor Ruiz de Almirón.

La norma se fundamenta en el concepto de «autodeterminación de género», que permite la rectificación de nombre y sexo de los 'trans' en el Registro Civil a partir de los 14 años con la simple manifestación de la persona afectada. Hasta ahora era necesario que se hubiera iniciado el proceso de hormonación dos años antes y se aportara un informe médico o psicológico que avalase la disforia de género. La ley establece ahora que el cambio será efectivo sin «estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento».

En el caso de los menores, el cambio de nombre y sexo en el DNI, requerirá el consentimiento de los padres o representantes legales, entre los 14 y los 16 años. A partir de los 16, no será necesario. Prevé incluso esta posibilidad para los menores de entre 12 y 14 años, siempre que cuenten con un aval judicial.

Además, los principios de «no patologización, autonomía, decisión y consentimiento informado» que invoca la ley le lleva a permitir que los menores entre 12 y 16 años puedan someterse a «prácticas de modificación genital» (el proceso para el cambio de sexo) siempre que «por su edad y madurez, puedan consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas». La norma no especifica quien debe juzgar esa «madurez», pero obvia cualquier referencia al consentimiento paterno para estas operaciones.

La norma prohíbe también los programas y terapias de aversión y conversión , «destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas», incluso con el consentimiento del interesado.

La Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales se desatascó ayer en su paso por el Congreso de los Diputados con un primer paso en el que quedan excluidos los perros de caza del ámbito de aplicación de la norma, un asunto que causó desavenencias entre el PSOE y Unidas Podemos, lo que bloqueó el avance del texto en la Cámara Baja.

La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso se celebró ayer después de ser desconvocada dos veces en los últimos días por esas discrepancias entre los partidos que sustentan al Gobierno de coalición, del que partió el proyecto de ley. Los socialistas pretendían excluir a los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza, así como los animales empleados en actividades específicas (las deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, las aves de cetrería, los perros pastores y de guarda del ganado) y los utilizados en actividades profesionales (perros de rescate, animales de compañía utilizados en intervenciones asistidas o animales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas).

Tras un tira y afloja de más de una semana, la Comisión aprobó con 28 votos a favor (de PSOE, PP, Vox y PNV), seis en contra y dos abstenciones una transaccional a la enmienda del PSOE, que establece que todos los animales mencionados «se regulan y quedarán protegidos por la normativa vigente europea, estatal y autonómica correspondiente, y que les sea de aplicación al margen de esta ley». Más tarde, la secretaria de Estado de Agenda 2030, Lilith Vestrynge, responsabilizó al PSOE de haberse colocado finalmente «del lado de los maltratadores» en el proyecto de ley de bienestar animal apoyándose para ello en el PP y en Vox para excluir a los perros de caza de dicha norma, lo que contraviene «el corazón de la ley» que salió con consenso del Consejo de Ministros.

La nueva ley del aborto no se vio ayer en el Congreso, pero dio hace dos semanas el penúltimo paso hacia su aprobación. A falta de pasar por el Senado para recibir la aprobación definitiva, el nuevo texto permitirá a las menores de entre 16 y 18 años abortar sin consentimiento paterno. Hasta ahora, las menores de edad necesitaban contar con el permiso de los padres para interrumpir el embarazo. La norma, que fue aprobada por 190 votos a favor frente a 154 en contra y cinco abstenciones, llegó a la Cámara baja sin esperar al dictamen preceptivo del Consejo General del Poder Judicial y ahora esta institución reprocha precisamente la ausencia de consentimiento paterno.

En cuanto al resto de texto, las menores de 16 años seguirán necesitando el consentimiento paterno para abortar. Sin embargo, en los casos en los que haya discrepancia entre la menor de edad y sus progenitores se nombrará a un defensor judicial para la afectada, de manera que será la autoridad judicial la que decidirá el caso.

La norma también elimina el plazo de reflexión de tres días que existe actualmente, así como la obligatoriedad de recibir información sobre los recursos y las ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo. Además, se crea un registro de profesionales que no quieran practicar abortos aludiendo a su objeción de conciencia.

La ley expulsará a los médicos objetores al aborto de los comités clínicos que intervienen para confirmar o no la enfermedad grave o incurable del feto en los supuestos en los que la madre alega razones médicas para interrumpir el embarazo. La reforma prohibirá que aquellos médicos que hayan manifestado su objeción de conciencia a practicar abortos puedan evaluar estos casos, así como aquellos que hayan formado parte de estos registros.

La ley también regula una baja por menstruación incapacitante, así como un permiso prenatal para las mujeres embarazadas que comenzará en la semana número 39 de gestación.

El proyecto de ley de Universidades (Losu) ha salido adelante hoy en el Congreso por 176 votos a favor, 156 en contra y 11 abstenciones. Sin embargo para 'convertirse' formalmente en ley deberá pasar por el Senado y regresar a la Cámara Baja.

Votaron a favor: PSOE; Unidas Podemos; ERC; PNV; PDeCat; Más País, Compromís y Teruel Existe. En contra: PP, Vox, Cs; BNG; CUP; UPN; FAC y PRC. Se abstuvieron: Bildu; Junts y Coalición Canaria. El texto se aprobó ayer prácticamente sin modificaciones respecto al que se debatió el pasado miércoles en el Pleno del Congreso. En cualquier caso sí que estaba muy cambiado respecto a cuando aterrizó en la Cámara Baja, ya que se introdujeron gran cantidad enmiendas, muchas de las cuales favorecieron claramente a los nacionalistas. Como ya fue avanzando este periódico, la norma del ministro Joan Subirats incluye la promoción de las lenguas cooficiales como una de las principales funciones de la universidad; permite a los laborales acceder al puesto de rector, abre la puerta a las comunidades a que tengan su propio sistema de becas y pone a las agencias autonómicas a acreditar profesores.

Pero además de contentar a los nacionalistas (también se eliminan las referencias a «territorio nacional»), la norma introduce un cambio muy importante en el apartado de presupuesto que afecta considerablemente a todas las regiones. Así, la ley ahora dice que las comunidades deberán tener un «marco general de contención o reducción progresiva de los precios públicos» pero no indica los mecanismos de compensación para financiar la reducción de las tasas. El actual sistema permite a las comunidades fijar precios que varían según el territorio y el tipo de titulación. La nueva ley planteará problemas de financiación en las universidades ya que a la hora de establecer su presupuesto tienen que tener en cuenta el principio de equilibrio económico financiero: los gastos no pueden ser superiores a los ingresos.

Si el Gobierno obliga a las universidades a reducir las tasas, los ingresos se reducirán y si los gastos se mantienen o se incrementan el desajuste será evidente. Subirats no establece en la Losu mecanismos de compensación para las universidades y serán las comunidades las que tendrán que asumir la financiación de esa reducción de tasas.