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Marlaska pide «conjugar derechos» de presos y víctimas tras las quejas de la madre del niño Gabriel

El ministro del Interior defiende el «principio básico» de proteger los derechos de los internos

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz: «Me partió la vida por la mitad y desde entonces amenaza con volver a hacerlo»

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este lunes «conjugar los derechos de internos y víctimas» al ser preguntado por la intervención mañana en el Senado de Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, donde expondrá sus quejas ante la posibilidad de que se esté grabando una serie sobre este caso con el testimonio de Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por este asesinato.

«Lo que quiero resaltar es la profesionalidad del conjunto de funcionarios de Instituciones Penitenciarias, en concreto en este caso, protegiendo los derechos de los internos conjugados con los derechos de las víctimas, eso es un principio básico y en este caso se ha respetado de una forma absoluta», ha señalado Marlaska al ser preguntado por esta cuestión al inaugurar los cursos de verano de la UNED para la población reclusa.

El ministro ha reconocido que él no ha hablado personalmente con Patricia Ramírez, pero sí el secretario general de Instituciones Penitenciarias y otras autoridades del departamento que han estado «en todo momento en contacto y a disposición» de la madre del niño Gabriel Cruz, «dándole toda la información necesaria y precisa».

El pasado 11 de mayo, fuentes del Ministerio del Interior expresaron la «total solidaridad» con Patricia Ramírez e indicó que se iba a colaborar con la Justicia para atender cualquier requerimiento que pudiera derivarse de las acciones legales emprendidas por ella para tratar de frenar un documental en el que podría estar participando Ana Julia Quezada desde la cárcel de Brieva (Ávila).

El Ministerio del Interior informó entonces que había escuchado las peticiones de Patricia Ramírez y «actuado desde el primer momento, en el marco de sus competencias, en la investigación de cualquier posible irregularidad en el ámbito penitenciario». Fuentes penitenciarias, no obstante, han señalado que no tienen constancia de ninguna irregularidad en este sentido.

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