Los límites del 'menor maduro': ¿el siguiente paso es dejar que voten?

No, al decir de los expertos consultados, pero es un planteamiento «confuso y complejo». El de los 16 años es, más bien, un «límite etario líquido, que ha ido reconfigurándose porque hay que establecer el límite en algún sitio, para armonizarlo con el ordenamiento jurídico y aquello que sí se permite hacer a los jóvenes de 16 años como emanciparse o contraer matrimonio, incluso», apunta José Antonio Luengo, catedrático de Orientación Educativa. Para Jorge Flores, director de la iniciativa que vela por un internet seguro para jóvenes Pantallas Amigas, se achican las barreras hasta «encontrarse» en esos 16 años: mientras se piensa en rebajar de 18 a 16 la edad del sufragio en España se eleva la franja de protección de los datos de los menores en el entorno digital de 14 a 16, expone. Porque el listón de los 14 años que se decidió al trasladar la ley europea de protección de datos, del año 2018, ha fracasado. «A la vista está que no se ha respetado, no ha funcionado», coinciden ambos y Eulalia Alemany, pedagoga y directora de Innovación y Programas en FAD Juventud.

Vayamos primero a la propuesta del voto. ¿A quién beneficiaría que entrasen los jóvenes a partir de los 16 años? ¿Por qué se sugiere ahora? La iniciativa realmente no es ni del PSOE ni de España. En la historia reciente, la bajada de la edad mínima para participar en unos comicios ha sido un debate recurrente. Es más, el umbral ha ido bajando paulatinamente. En prácticamente todos los países europeos la posibilidad de votar se fijó en el siglo pasado en 21 años. La razón, atina Luengo, es que «la neurociencia determina que antes la corteza prefrontal se está desarrollando y no es hasta los 21-25 años cuando el ser humano es capaz de tomar decisiones de manera consciente, responsable y gestionando perfectamente sus emociones».

Pero la ciencia no deposita la papeleta en la urna, y después de que en 1946 Checoslovaquia diese el primer paso y redujese esa edad a 18 años, le sucedió el Reino Unido en 1969. Y luego fueron país tras país en Europa, no así en el contexto iberoamericano donde hay mayor tradición de dejar votar al menor de edad, cosa que ocurre en Ecuador, Argentina, Nicaragua y Brasil, por citar algunos.

En España, el cambio en la ley electoral que puso el listón en los 18 se estrenó con el referéndum constitucional de 1978. Desde entonces, como suscribe Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, ha sido la izquierda quien con cierta asiduidad vuelve a abrir el melón. Simón recuerda que Sumar lo introdujo como punto cenital en el acuerdo de investidura, y que el pasado junio el partido de Yolanda Díaz ya elevó la discusión al panorama nacional después de que la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso aprobara instar al Gobierno a reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) y reducir la edad de voto a los 16 años.

Una de las defensoras de la medida, Marta Lois, quien desde septiembre es decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), afirma que la iniciativa no es cosa del partido de Pedro Sánchez o del presidente del Gobierno, sino que es una propuesta «más a la izquierda del PSOE». «El argumento de la inmadurez del joven de 16 años no se sostiene. Es un argumento paternalista. Ya hay experiencias en otros países y también hay literatura política que dice que incentivar la participación de los jóvenes en un momento de gran desafección infunde mayor calidad democrática. Se trata de interpelar a los jóvenes y el suyo no es un voto errático, ni caótico. No votan mal. Además hasta ahora no han decantado el resultado de ninguna elección», señala a ABC.

Para la exdirigente de Sumar que concurrió a los últimos comicios gallegos, la implicación en el sufragio de los jóvenes de 16 y 17 años busca «combatir el abstencionismo». Pero el profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Carlos III rebate ese extremo. «El primer partido de esa franja etaria, tal y como demuestra el último barómetro del Instituto de la Juventud (Injuve, 2020) es el abstencionismo». Simón es claro: «Es una medida que abandera la izquierda y que se presenta con dos ideas. Una, fomentar la participación y reducir el abstencionismo. Dos, se tiene la concepción de que esos adolescentes votarían opciones ideológicas de izquierda», pero los estudios que se tienen hasta el momento desmienten categóricamente estos datos.

«El principal beneficiado de ese alrededor del millón-900.000 votantes nuevos sería Vox, por delante del PSOE», asegura. El politólogo también indica que las mujeres jóvenes muestran una tendencia de voto cada vez más escorada hacia la izquierda, frente a los varones, que apuntan a opciones muy derechizadas.

El dato clave, al entender de Simón, también procede de ese barómetro de opinión del Injuve que sondea a la juventud. Y es que los políticos promocionan que quieren implicar a los jóvenes en la toma de decisiones que les afectan cuando ellos rechazan esa oferta. En el Injuve se desmenuza que «más del 40% de los españoles de entre 15 y 29 años no quieren que se les conceda este derecho al voto; el 36% no está de acuerdo ni en desacuerdo y un 21% prefiere votar». De forma desagregada, si se pregunta a los chicos de 15 a 19 años, la mitad no lo quiere y lo apoyan un 24% de ellos. La moraleja es que «ni siquiera ellos están pidiéndolo», colige Simón. «Tiene más impacto una iniciativa como el bono cultural o el interraíl que el voto», resume el politólogo.

Por otra parte, el Foro Europeo de la Juventud apremió a que la reducción de la edad para acceder a las urnas no se haga sin «la provisión de una educación cívica obligatoria dentro del sistema educativo» de cada país. Los expertos consensúan que en España no se da esta condición.

En un punto intermedio se sitúa Luengo. El psicólogo señala que en este debate sobre la permeabilidad del voto de los más jóvenes siempre se expone lo que dice la ciencia, por parte de unos, para justificar su posición. Y ésta dice que a los 16 años son aún «cerebrantes», están en plena evolución y desarrollo y no han conseguido un pensamiento lógico. O, por otra, los contrarios propugnan el «empoderamiento» que otorgaría a los jóvenes explorar opciones políticas. El decano del Colegio de Psicólogos de Madrid es partidario de dejar la puerta entreabierta, testar a los adolescentes, indagar en los beneficios para el desarrollo de su personalidad que tendría emular a otros países que han bajado esa convención arbitraria que supone el sufragio, tales como Austria, Malta, Bélgica, Alemania y Grecia (en los últimos casos solo en algunos procesos electorales).

La mayoría de los especialistas consultados aluden a que la discusión tiene muchas aristas. El menor de 16 años ya puede trabajar, participar en elecciones sindicales o mantener relaciones sexuales con adultos sin problema. No puede, sin embargo, comprar alcohol, tabaco o lotería. Luengo hila fino cuando advierte que hay dos límites muy reiterados en el ordenamiento jurídico: los 14 años, como edad hasta la que el menor es inimputable por cometer un delito; y los 16. Y en esta segunda marca el punto de inflexión clave fue la ley de Autonomía del Paciente, por la que un chaval a esa edad puede tomar decisiones sobre su salud, exceptuando aquello que entrañe un grave riesgo. «El médico suele pedir al acompañante que espere fuera; y el muchacho decide sobre su salud en la consulta, sin necesidad de contar con el permiso paterno», expone. «Esa ley pone sobre la mesa que el joven pueda tomar decisiones sustantivas que afectan a su organismo. Son los límites del concepto 'el menor maduro'». Esto significa que «a una chica de 16 años no le pongo peros porque confío en su criterio para enamorarse y tener sexo con adultos o abortar sin consentimiento paterno, cuestión esta última –en mi opinión– muy discutible. El joven está decidiendo a esa edad precisamente su futuro, si continúa estudiando o abandona, su destino, y ahí podríamos incluir si lo metemos en la esfera política o no», zanja.

Segundo acontecimiento. Saltamos al informe de protección de los menores en el mundo digital. Como citaba Flores, en 2018 los Estados, en su aplicación del reglamento europeo sobre protección de datos, debían fijar su responsabilidad para proteger la intimidad en internet de los jóvenes y situar el tope de edad a partir de la cual ya no lo harían entre 13 y 16 años. Si no adoptaban una decisión, Europa implantaba el listón automático en los 16 años. España decidió bajarlo a los 14 y ha resultado inocuo, «pero no solo por responsabilidad de las plataformas, que también, y la necesidad de regular más y mejor; sino también por las familias. A los padres nos ha superado», atestigua el director de Pantallas Amigas.

En este punto hay consenso. «Las pantallas no son un chupete –compara Alemany–, y hay que estar encima de los hijos, igual que les enseñamos que no metan los dedos en los enchufes». Pero como sociedad no hemos sido capaces. «Los expertos no hemos sabido trasladar al ciudadano las recomendaciones internacionales alertando del perjuicio en el desarrollo cognitivo del niño que tiene la exposición continua a contenidos inadecuados de internet» y el 'schroll' infinito, dictamina la directora en FAD Juventud.

«Es del todo irreal pensar que los jóvenes de 6 a 16 años van a ir con móviles analógicos, sin internet, sin WhatsApp ni redes sociales», por el mundo, conviene la pedagoga. En lo que se quiere indicir con semejante propuesta en el informe llevado a Moncloa es en la prevención anterior, avala, en que haya tiempo hasta los 16 para profundizar en los conocimientos digitales de padres e hijos hasta que estos se lancen al vacío.