Las campañas de Igualdad se olvidan de la violencia de género: solo dos de una decena en 2022

Algunas críticas ponen el foco en el Ministerio de Igualdad y en concreto en las campañas que lleva a cabo, pues de la decena de los mensajes publicitarios lanzados por el departamento encabezado por Irene Montero en 2022 solo dos se centraron en violencia de género, mientras que el resto trataba temas como la diversidad de cuerpos o el racismo.

«Es gravísimo que las campañas estén desviadas a otros temas que no sea el de la violencia de género», remarca Ana Monzón, socióloga especializada en violencia de género, que teme las consecuencias que tienen este tipo de acciones: «Si la información no llega en campañas uno no puede saber ni tener sensibilidad para detectar violencia en su entorno».

La misma consideración tienen sobre el asunto quienes firmaron el 2017 el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la base sobre la que se guía la lucha contra este tipo de violencia. La firmante del PSOE, Ángeles Álvarez, considera que este tipo de campañas son «desacertadas» y aboga por que se lancen mensajes que ayuden «a identificar las situaciones de riesgo y dejen de exigir a las mujeres que denuncien», pues muchas, explica, no son conscientes de que son maltratadas.

También Patricia Reyes, firmante de Ciudadanos y actualmente directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid, se pregunta si las campañas publicitarias que se llevan a cabo logran sus objetivos: «Habría que plantearse si son adecuadas y en qué se gasta el dinero destinado a la violencia de género, porque muchas campañas crean polémica en vez de trasladar un mensaje de unión».

Pero los problemas van más allá. El Pacto de Estado, que fue ratificado en 2017 por todos los partidos políticos excepto Podemos, terminó de estar vigente en 2022. El año pasado se ratificó su renovación, esta vez con el compromiso de la formación morada, aunque a falta de una actualización de momento sigue siendo válido. Precisamente quienes firmaron y elaboraron las más de 200 medidas de este este acuerdo lamentan la dirección hacia la que se mueven las políticas de igualdad actualmente y echan en falta el desarrollo de acciones que, seis años después, siguen sin llegar.

«No se están desarrollando adecuadamente pese a que el Estado tiene cada vez mayor capacidad de proteger a la mujer, eso es incuestionable», sentencia Álvarez, quien denuncia la falta de coordinación entre los diferentes agentes que intervienen en los casos de violencia de género como uno de los principales fallos : «El pacto fue muy exigente a la hora de articular bien las coordinaciones, y eso no está funcionando de manera adecuada», lamenta.

Según explica, todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben informar a la Secretaría de Estado de Seguridad de todos los casos de violencia de género que vean, con el objetivo de detectar los fallos que se den, pues normalmente hay circunstancias que se repiten sistemáticamente entre ellos. Álvarez, sin embargo, no cree que esa coordinación esté sucediendo. Además, duda de que a todos los profesionales implicados se les hayan impartido los conocimientos necesarios para hacer esa valoración de riesgo. Por ello, ve crucial también la creación de mesas interdisciplinares en los ayuntamientos en las que los implicados en el análisis de cada caso -desde policías hasta médicos- tengan conocimiento en la materia, así como la necesidad de poner en marcha los cribados en consulta para detectar situaciones de malos tratos a través de la sintomatología, medidas contempladas en el Pacto de Estado y cuya implementación sigue pendiente.

También participó en el acuerdo Marta González, firmante del PP, que considera fundamental que se ponga en marcha de nuevo una subcomisión en el Congreso -que comenzará la próxima semana- para analizar tanto los errores del anterior Pacto de Estado como las exigencias del próximo. «Lo primero que hemos pedido es que se haga una evaluación muy rigurosa de todo lo que se ha hecho y lo que no», explica, pues lamenta que el Gobierno no haya facilitado información sobre los indicadores de funcionamiento, sobre el presupuesto destinado a cada actuación o sobre las medidas que no corresponden a Igualdad, sino otros ministerios. «Una de las cosas que estamos viendo y es gravísima es que hay que revisar la herramienta informática que se usa para la evaluación del riesgo de casos conocidos, VioGén. Está claro que si tenemos una serie de mujeres que son asesinadas pese a que había una evaluación de riesgo de su situación hay una responsabilidad mayor por parte de las administraciones», sostiene.

Por su parte, Patricia Reyes coincide en que uno de los principales problemas es que no se está dando suficiente información sobre las acciones que se están llevando a cabo. «Tienen que rendir cuentas. Se creó una comisión de seguimiento a la que no están yendo. No se está haciendo una evaluación», destaca, pues considera que es a través de ese seguimiento como se pueden detectar los fallos en el sistema. Reclama además que se imparta más educación en violencia de género a los jóvenes, aspecto en el que coincide Álvarez, que critica que se hayan reducido las charlas sobre violencia de género en los colegios «en favor de la promoción de la diversidad».