Las comunidades de vecinos en Sevilla no podrán vetar los pisos turísticos

El caso en cuestión, que ha llevado la abogada Sofía Acuña del despacho MA Abogados, se remonta a 2019, según el fallo del juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla al que ha tenido acceso ABC, cuando la comunidad de propietarios aprobó en una junta general la «limitación total en el uso de las viviendas y locales como apartamentos turísticos». Con ello pretendían que cinco bajos comerciales que se habían adaptado como viviendas tras el cambio de uso dejaran de destinarse a hospedaje. La empresa que los había adquirido terminó denunciando tal acuerdo que ahora la jueza ha considerado nulo.

El fallo no es realmente lo interesante de esta sentencia, pues esa nulidad tiene más que ver con una serie de defectos de la propia comunidad de vecinos a la hora de plantear la votación y la convocatoria de la junta general, pues no se obtuvo la mayoría suficiente para dar por aprobado tal medida y tampoco se pudo justificar que se hubiera informado de la reunión a todos los propietarios. Lo que sí fija un primer criterio es el razonamiento de la magistrada, que ahonda en el asunto.

En su exposición considera que «aún cuando se hubieran alcanzado las mayorías necesarias, dicho precepto únicamente permite limitar o condicionar el ejercicio de la actividad relacionada con apartamentos turísticos, pero en ningún caso se puede prohibir o limitar totalmente dicha actividad». Para ello se apoya en la Ley de Propiedad Horizontal, que es por la que se rigen las comunidades de vecinos, y recuerda que «en ningún momento la norma permite que se pueda llevar a cabo una prohibición de la actividad, únicamente habla de limitar o condicionar».

Eso es así porque «estamos en un derecho de propiedad, un derecho reconocido en nuestra Constitución , la norma suprema del ordenamiento jurídico y, por ende, es imposible prohibir a un propietario que ejerza facultades propias de dominio como dedicar una vivienda o local que le pertenece privativamente a actividad de uso turístico. Eso no tiene amparo legal alguno», continúa la jueza. Lo que sí es denunciable, según indica, es que en el inmueble se ejerzan actividades delictivas, que dañen la finca o que estén prohibidas en los estatutos.

Este amplio razonamiento puede dar una pista sobre el margen de maniobra que tendrá el Gobierno andaluz en el decreto que está ultimando y que pretende aprobar antes de final de año. En el mismo se dotará de mayor más competencias a los ayuntamientos para que puedan regular este fenómeno, que se ha multiplicado sin control en la ciudad hasta superar en más de un 30% la plazas de hotel.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha prometido mano dura para reducir la presión en el Casco Histórico, especialmente en enclaves como el Barrio de Santa Cruz y la Alfalfa. Desde su llegada a la Plaza Nueva, Sanz ha manifestado en reiteradas ocasiones su convicción de no conceder ni una licencia más para estos pisos turísticos, aunque sin la aprobación de este decreto autonómico no contaba con las herramientas necesarias para ello.

Sin embargo, la sentencia de este juzgado de Primera Instancia viene a indicar que ni siquiera un decreto de la Junta podrá prohibir este tipo de hospedaje y recuerda que la capacidad de las comunidades de vecinos, sobre las que el anterior equipo de Gobierno municipal había depositado más peso para regular la actividad, es muy limitada.

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Mario Daza

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Las viviendas turísticas movieron el año pasado un volumen de negocio de unos 74 millones de euros en la capital andaluza. El generoso montante no es una estimación ni una media extrapolada, es el ingreso que hizo la plataforma Airbnb a los anfitriones —por usar el mismo término con el que este portal se refiere a los arrendatarios—. Sólo para que el lector se pueda hacer una idea, la cifra es la mitad del presupuesto del Betis para esta temporada. Lo recoge la web municipal de Turismo a través de los datos que facilita el mencionado portal de comercialización de estos inmuebles.