Buleros profesionales

El ecosistema informativo ha cambiado profundamente en los últimos años, y en eso no se equivoca el Ejecutivo de Sánchez. Junto a los medios de comunicación, hay en efecto otros muchos creadores de opinión que participan de forma más o menos relevante de la conversación pública. Pero lo que nunca ha cambiado ni cambiará, sobre todo si de lo que hablamos es de «calidad democrática», es lo siguiente: toda gobernanza pública debe garantizar la protección del ciudadano frente a las mentiras o bulos que pudieran provenir de fuentes oficiales. Dicho de otra forma, son los poderes públicos los que necesitan ser controlados en una democracia. Las libertades de información y de expresión son derechos que se erigen frente a ellos y para controlar a quienes ostentan responsabilidades públicas, y no frente a quienes los critican, que es básicamente el objetivo que parece desprenderse de esta norma.

El Gobierno ha presentado este anteproyecto como una norma para proteger a los usuarios de las redes, de modo que tengan la posibilidad de obligar a una rectificación ante un bulo que les afecte. Pero, como resulta evidente, los ciudadanos anónimos no son objeto habituales de fake news ni de contaminación informativa. Quienes se pueden amparar en esta supuesta ampliación de derechos son los dirigentes políticos que están en responsabilidades de gobierno y, por tanto, más expuestos a la crítica de quienes participan de la conversación pública. Se trata, por tanto, y en definitiva, de una norma que parece concebida para proteger a los gobernantes, extendiendo la defensa del derecho de rectificación de la que ya gozan frente a los medios a la relación con los usuarios digitales.

Hoy son los usuarios con más de 100.000 seguidores (que por otro lado son los que pueden hacer más daño a la imagen del Gobierno), pero quién sabe si mañana serán los de 10.000 o 1.000. Lo peligroso de este anteproyecto es que instaura una relación asimétrica en la que quien tiene precisamente más poder (y por tanto todos los recursos económicos y jurídicos para hacer valer sus derechos) se convierte en el defendido por la norma frente a quien tiene menos poder (y por tanto, goza de menos recursos económicos y jurídicos para protegerse). Con este instrumento legal, el Gobierno no decidirá lo que es bulo, pero casi. Cualquier usuario con más de 100.000 seguidores que publique una información que el Consejo de Ministros catalogue como desinformación se verá obligado a rectificar o a defenderse ante los tribunales.

Quiero dejar constancia que soy un seguidor fiel de los medios de comunicación tradicionales y uno de los que deja sistemáticamente en cuarentena cualquier información que no aparezca publicada en estos medios. De la existencia de algunos de esos influencers contra los que parece que va dirigida expresamente esta normativa ni siquiera había oído hablar. Pero eso no quita que este anteproyecto me parezca un error. Pues no solo deja sin respuesta a la pregunta que constituye la esencia misma de la democracia (quién controla el poder), sino que la subvierte, transformándola en su contraria, y abriendo la puerta a la coacción de la libertad de expresión de cualquier usuario de las redes.

Quiero decir que con este anteproyecto parece que la calidad democrática se dilucida en la cuestión de cómo el poder puede protegerse frente a quien lo critica y lo controla. Cuando es exactamente lo contrario: a quienes la ley debe proteger en democracia, es a quienes se arriesgan a contradecir las verdades oficiales. No son los buleros profesionales, como los ha calificado Bolaños, sino los buleros oficiales los que pueden constituir el gran riesgo y el peligro de la democracia. El derecho de la información y la libertad de expresión solo pueden entenderse como marcos jurídicos de protección de los ciudadanos frente a la propaganda, es decir, frente a la información de las fuentes oficiales. Y todo lo que sea no entender eso, y darle la vuelta, no es reforzar la democracia, sino degradarla.

No soy de afirmaciones grandilocuentes, pero, con anteproyecto de ley, si se aprueba, estaremos mucho más cerca de ese Ministerio de la Verdad vaticinado por Orwell.

SOBRE EL AUTOR

FRANCISCO J. FERNÁNDEZ ROMERO

Abogado y Doctor en Derecho