Una norma regional vence a un derecho esencial

En la alambicada vida interna de este tribunal siempre surge alguna excepción o alguna discordancia ajena a la lógica partidista basada en razones jurídicas… o no. De hecho, empieza a convertirse en una costumbre fácil de intuir que el presidente del Tribunal, elegido en su día a propuesta del PP y con la fuerza de su voto de calidad en caso de empate, coincida con los magistrados elegidos por el PSOE. Y este jueves los tres se opusieron a amparar a Cantó.

Suspicacias aparte, la cuestión de fondo de esta decisión va más allá de lo puramente ideológico o de los opacos equilibrios internos de poder en el TC. La clave reside en el alcance real de los derechos fundamentales de los españoles. Y en este supuesto, los requisitos formales de una norma, una exigencia legal de ámbito madrileño, superan en solidez a un derecho esencial. Por eso también empieza a ser una extraña costumbre que en los últimos tiempos, y ante la interpretación que debe hacer el TC de algunos derechos fundamentales, siempre termine siendo restrictiva. Ha ocurrido ahora con el derecho de concurrencia electoral, y ocurrió meses atrás con el derecho de manifestación ciudadana durante la pandemia. Esto ya no va de partidismo o de tecnicismos jurídico-legales. Va de una visión cada vez más atrofiada de la libertad .