¿Qué significa que Trump haya cerrado el Ministerio de Educación de EE.UU.?

Si se cumple la orden, la gestión de la educación quedará exclusivamente en manos de los 50 gobiernos estatales, sin intervención federal, permitiéndoles decidir políticas, currículos y distribución de recursos sin interferencias del gobierno central en Washington.

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Sin embargo, hay un problema: el Departamento de Educación fue fundado en 1979 por el Capitolio, poder legislativo, y solo este puede desmantelarlo. Por lo tanto, Trump ha instruido a la secretaria de Educación, Linda McMahon, para que efectúe despidos masivos y recortes de fondos.

El Departamento de Educación maneja 1,6 billones de dólares en deuda estudiantil (1,4 billones de euros), equivalente al tamaño de un gran banco. Trump argumenta que la agencia no está capacitada para gestionar estos fondos y que su función debería trasladarse a una entidad especializada que aún debe crearse.

Se eliminará lo que la administración considera un derroche de miles de millones en estructuras administrativas innecesarias, asegurando que los fondos lleguen directamente a las comunidades sin intermediación federal. El departamento gestiona un presupuesto de unos 260.000 millones anuales.

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Los exámenes de evaluación y acceso a educación superior ya se gestionan en los estados o, en el caso de pruebas como el TOEFL o el GRE, se administran de forma privada.

Además, se están eliminando todos los programas que promuevan diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) y la ideología de género y racial en instituciones educativas financiadas por el gobierno. También desaparecerán los programas que gestionan cuotas para garantizar representación racial diversa en las aulas.

El Departamento de Educación ha iniciado una reducción de plantilla que afectará inicialmente al 50 % de sus empleados. De los 4.133 trabajadores que tenía cuando Trump asumió el cargo, quedarán aproximadamente 2.183 empleados tras los despidos. Además, casi 600 funcionarios han aceptado renuncias voluntarias o jubilaciones anticipadas. Los empleados afectados recibirán salario completo y beneficios hasta el 9 de junio, además de indemnizaciones según su tiempo de servicio.

La orden de cierre del Departamento de Educación no implica la desaparición de los principales programas de financiación educativa, pero sí un cambio en su gestión y supervisión. La educación primaria y secundaria (K-12), que es obligatoria y gratuita en las escuelas públicas, seguirá recibiendo fondos federales, aunque serán administrados directamente por los estados sin control del gobierno central.

Los recursos para estudiantes con necesidades especiales, regulados por la llamada ley IDEA, también permanecerán, pero su distribución dependerá de cada estado.

En cuanto a la educación superior, los préstamos estudiantiles y las becas Pell para estudiantes de bajos ingresos continuarán, pero su administración pasará a otras agencias gubernamentales, lo que podría modificar las condiciones de acceso y reembolso.

Así, el departamento quedará reducido a su mínima expresión, con unos 2.100 empleados, y Trump espera que tenerlo en mínimos facilite a los republicanos en el Capitolio forzar su cierre definitivo.