El choque de poderes entre Petro y el fiscal Barbosa agita la política colombiana

El pulso permite al fiscal defender su institución y perfilarse como posible candidato presidencial del centro derecha

La polémica también persigue a la vicepresidenta de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia y el fiscal general, Barbosa ABC

18/05/2023
Actualizado a las 02:47h.

Uno de los mayores retos para cualquier mandatario, además de lograr una administración eficiente, es administrar sus peleas. El presidente colombiano, Gustavo Petro, es el ejemplo de lo complejo que puede resultar el enfrentamiento con las instituciones del país, es decir, con las Cortes, ... los partidos políticos, los gremios y sectores productivos y los medios de comunicación, entre otras, a las que identifica como élites de la oligarquía colombiana que frenan su propósito de cambio.

El episodio más reciente, la reclamación del presidente Petro al fiscal general, Francisco Barbosa, a cuenta de las denuncias periodísticas hechas por 'La Nueva Prensa', según las cuales el fiscal Daniel Hernández ha encubierto más de 200 homicidios realizados por el Clan del Golfo, poderosa organización criminal, a pesar de las advertencias recibidas tiempo atrás.

La reacción del fiscal fue rápida, acusando al presidente de poner en riesgo la vida de Hernández y su familia, además de desmentir las acusaciones. Y el mandatario respondió: «El fiscal olvida una cosa que la Constitución ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto, jefe de él», lo que se interpretó como desconocimiento de la Carta Magna y de la separación de poderes. Barbosa recogió el guante, reiteró que su elección la hizo la Corte Suprema y que no reconoce en el presidente jefe alguno. Y sentenció: «Lo que acaba de hacer Petro es decir que no es el presidente de la República, sino un dictador en Colombia».

El país entró en conmoción. Petro insistió en que solo hacía una pregunta que merece una respetuosa respuesta, toreando nuevamente a la Fiscalía. Y Barbosa aprovechó todos los escenarios para mantener la tensión. Los expertos repasaron la Constitución del 91 y cuestionaron tanto la postura del presidente por creerse jefe supremo, como la del fiscal, cuya locuacidad pasó nuevamente la raya que le fijan sus funciones, y le recordaron que la Constitución sí contempla la cooperación entre la Fiscalía y la Presidencia sobre información con impacto sobre el orden público, y en cambio no incluye su altavoz en temas de gobierno que no son de su competencia.

Llamada de atención de la Corte Suprema

El episodio llega a su final con un llamado de atención de la Corte Suprema a Petro porque «desconoce la autonomía e independencia judicial», pilar del Estado Social de Derecho. El presidente se retracta y acepta «la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público». El 9 de mayo, presidente y altas cortes asisten a un almuerzo en el Palacio de Justicia y las aguas parecen regresar a su cauce.

Pero la pregunta sigue en el aire: todo este desgaste, ¿para qué? Los intereses de las partes son tan disímiles como complementarios. Para el fiscal Barbosa, además de defender a la institución que lidera y que cuenta con 23.000 empleados, alzarse como el contradictor de Petro le permite recoger el malestar de ciertos sectores y perfilarse como un posible candidato presidencial del centro derecha y más allá, que hoy luce bastante gris.

Barbosa, elegido en 2020, termina su periodo en febrero de 2024, lo que le dejaría dos años de margen para buscar una candidatura. Las encuestas Invamer parecen confirmarlo: mientras que en junio de 2021 la percepción desfavorable era del 72%, cuatro meses después del iniciado el nuevo Gobierno bajó al 68%, y en abril pasado llegó al 55%. El contrapunteo con la política de paz total ha sido uno de los temas de choque y cabe esperar que mientras esté en la Fiscalía y las diferencias con el Gobierno se lo permitan, Barbosa seguirá aprovechando la visibilidad de su cargo y la vitrina que el presidente le facilita para pavimentar el camino hacia una candidatura presidencial.

Dos escenarios que deben tenerse en cuenta

En el caso del presidente Petro, dos escenarios deben tenerse en cuenta. El primero, el de un mandatario que rápidamente pierde el favor del pueblo; sin logros contundentes en materia de reformas, a pesar de tener el control de Cámara y Senado; con una coalición acabada que diluye la fuerza del Pacto Histórico y lo deja encharcado en pulsos partidistas y negociaciones al menudeo con congresista, tal como lo hicieron sus antecesores.

A esto se suma la cuestionada estrategia de la paz total, el aumento en los índices de violencia en el territorio; las próximas elecciones regionales y municipales de octubre, que mostrarán la realidad del respaldo al Gobierno. Por último, el desgaste que le han traído las investigaciones a su hermano y a su hijo, y un reguero de enfrentamientos con diversos sectores. Todo esto, sumado al difícil panorama económico, sirve de telón de fondo para sus permanentes confrontaciones.

Los balconazos, las arengas en la plaza pública, los mensajes altisonantes y el llamado a las calles serían los instrumentos de la segunda posibilidad: que dentro de su línea de alborotar la bandera antiinstitucional, le haya llegado el turno a la Justicia, la cual tiene, para muchos, la real capacidad para limitar sus acciones al responder las demandas a sus reformas. Desacreditar a los magistrados y fiscales, además de los reiterados desplantes a las Cortes, le permitiría socavar la validez de las decisiones y alimentar su complicada narrativa de redes y balcón.