Ser víctima del terrorismo contará como mérito para ingresar en la Policía

También lo serán ser deportista de alto nivel y el tiempo de servicio prestado en las Fuerzas Armadas como militar de complemento, militar profesional de tropa o marinería o reservista voluntario (ya existía una reserva del 20 por ciento de las plazas para militares profesionales en la escala básica que llevaran cinco años de servicio).

El nuevo reglamento (el anterior es de 1995 con Juan Alberto Belloch como ministro) incluye requisitos que ya aparecían en algunas disposiciones posteriores pero no las recogía la norma general como no consumir drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes; y estar en posesión del título universitario oficial de grado, para el acceso a la categoría de inspector/a, y del título de bachiller o equivalente, para el acceso a la categoría de policía. Respecto a las drogas, durante todo el proceso selectivo se podrán llevar a cabo análisis de saliva, sangre, orina o cualquier otro homologado para detectar el consumo de estupefacientes.

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Se apuesta también por exigir el conocimiento de un idioma extranjero para el ingreso, con una moratoria para la categoría de policía y la posibilidad de exigirlo en la promoción interna, que deberá regular la orden ministerial correspondiente. La razón esgrimida son las altas competencias que tiene el Cuerpo en cooperación internacional.

Como informó ABC, se suprime el requisito de estatura mínima que actuaba «como un verdadero techo de cristal, perjudicando el acceso de la mujer a la Policía Nacional«. Hasta ahora a ellas se les exigía una talla proporcionalmente mayor que a sus compañeros respecto a las estaturas medias. La prioridad, recoge la norma, es »incorporar talento, por encima de otras condiciones físicas«, si bien se mantendrá la exigencia para unidades operativas específicas como el GEO, la UIP y la UPR.

En esta línea de acciones positivas para la incorporación de las mujeres, en este caso a las escalas superiores, cambian los porcentajes reservados para el ingreso por oposición libre, así como los tiempos. Para ser inspector jefe/a se mantiene el mínimo de cinco años exigido a los que accedieron a inspector por promoción interna, pero se reduce para los que lo hicieron por oposición libre, que pasa de diez a siete años «con el fin de favorecer la presencia de la mujer en las escalas superiores y aproximar el tiempo mínimo de servicios exigido en uno y otro caso«. El documento destaca que dada la tardía incorporación de las mujeres a la Policía el mayor número de ellas está en las escalas inferiores, un desequilibrio que se pretende corregir.

Quienes quieran ser comisarios/as, en cambio, tendrán que estar un año más como inspectores jefes (seis frente a los cinco actuales) con el fin de asegurar que los mandos »han adquirido la experiencia y conocimientos necesarios«. No obstante, para evitar perjuicios a quienes ya están en procesos de ascenso se introducen sendas disposiciones adicionales que establecen la vigencia de la normativa actual.

Otra importante novedad se refiere a los facultativos y técnicos que acceden a la Policía, funcionarios de carrera de cualquier administración. Se ceñirán, como los policías, a los principios de mérito y capacidad, pero deberán firmar un compromiso de permanencia en el Cuerpo de cinco años y el incumplimiento del mismo provocará que se les reclame el coste del proceso selectivo de acceso.

El baremo para los ascensos estará integrado por cuatro grupos de méritos: servicios profesionales, condecoraciones y recompensas, antigüedad y méritos académicos relacionados con la función policial. En el grupo de méritos de servicios profesionales están incluidas las actividades sindicales.

El nuevo reglamento pretende fijar un proceso de selección y formación de alto nivel en el el que se facilite, subraya, la incorporación de talento, se promocione la carrera profesional del personal policial y se garantice la igualdad, «con un especial énfasis en evitar cualquier elemento que pueda producir situaciones de discriminación o desigualdad».

Además dedica un capítulo completo a medidas de conciliación y corresponsabilidad. Fija el tratamiento para situaciones de maternidad y paternidad de los aspirantes a entrar en el Cerpo o ascender con el fin de evitar desventaja con el resto y se aplica también en cursos de actualización, especialización y estudios policiales. Se conservan los derechos en retribuciones, asistencia sanitaria y escalafón dentro de su promoción según los puntos obtenidos de no haberse producido la interrupción o el aplazamiento por embarazo, nacimiento, adopción o acogimiento.

La Dirección General de la Policía tendrá que poner en marcha actuaciones para fomentar la sensibilización de la diversidad social en el Cuerpo y para mejorar la formación en perspectiva de género y gestión de la diversidad, según una disposición adicional.