Los 250 millones que mantienen en vilo el proyecto de Altri

Altri solicita 250 millones de euros para un proyecto cuya financiación total superará los 1.000 millones. Para ello, postula la candidatura de su fábrica de fibras textiles en el Perte de Descarbonización Industrial, uno de los instrumentos financieros de los fondos europeos Next Generation, en este caso, destinado a apoyar la transición de la industria a modelos de producción sostenibles con el fin de conseguir la neutralidad climática en 2050 -que el carbono generado se equilibre con el que absorbe la naturaleza-.

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Luis García López

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Desde la compañía se mostraron optimistas en todo momento sobre la adecuación de su proyecto, al emplear energía renovable del excedente productivo y ser la primera fábrica que incorporará en el mismo ciclo la producción de fibras solubles a base de celulosa y el lyocell, una fibra textil sostenible y biodegradable cuyo uso como materia prima para la industria textil permitiría reducir la huella de carbono de esta actividad.

Por otra parte,BNG y PSdeG preguntaron al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, si, en caso de que el Gobierno no destine fondos de la UE al proyecto, estaría dispuesto a sacar esos 250 millones de las arcas gallegas, pero el Ejecutivo autonómico aún no se ha pronunciado.

El último avance sobre la convocatoria de estos fondos para la descarbonización se produjo el pasado mes de febrero, cuando el titular del Ministerio de Industria -organismo encargado de gestionar el reparto de estos fondos-, Jordi Hereu, confirmó que desde su departamento ya estaban valorando la propuesta de Altri.

Hereu estableció, a preguntas de senadores del PP, que desde su ministerio apoyan los procesos de reindustrialización basándose en su «viabilidad técnica» y medioambiental. Sin embargo, también afirmó compartir la opinión de sus compañeros de partido en Galicia, a pesar de que la posición del PSdeG al respecto fue variando en los últimos meses, desde ponerse de perfil a dudar sobre su viabilidad ,e incluso acercándose a posturas de rechazo indicando que la inversión de 250 millones sería a «fondo perdido», en palabras de su secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro.

Unos días antes, también preguntada en el Senado -en este caso, por el BNG-, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, respondía en términos similares a los de su homólogo de Industria. «Hasta ahora, y vamos a seguir haciéndolo, en cualquier ayuda que sea apoyada por este ministerio o por otro, se tiene que cumplir con este principio -que no implique un daño medioambiental significativo-. Vamos a velar por ese cumplimiento, que no le quepa la menor duda», dijo la ministra.

Durante su visita a Galicia en septiembre de 2024, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también compartió una visión similar: «En el caso de Altri, igual que en los demás proyectos, la asignación de ayudas siempre está condicionada a la evaluación final del cumplimiento de las condiciones que exige la Comisión Europea», apostilló. La nota discordante la entonó la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se reunió con una de las plataformas que encabezan la oposición al proyecto, Ulloa Viva, en Agolada (Pontevedra), suscribiendo el lema 'Altri non'.

Desde el BNG, la formación política más beligerante en lo que respecta a la oposición a la construcción de la fábrica, elevaron la cuestión a la Comisión Europea a través de su eurodiputada Ana Miranda. La Comisión respondió que no observaba ninguna infracción ni incumplimiento de la legislación europea en el proyecto, además de subrayar que era competencia de las autoridades españolas pronunciarse al respecto.

La petición de investigar de urgencia el impacto ambiental del proyecto tampoco prosperó en la Cámara europea, pero ello no provocó que cesasen los intentos del BNG de paralizar el proyecto de Palas desde Bruselas. Ayer mismo, Miranda remitió una nueva pregunta sobre la posible incompatibilidad de la «correcta aplicación» de la Directiva de Hábitats europea, aludiendo a tres especies de flora presentes en el área donde previsiblemente se construirá la planta y su riesgo de extinción «omitido» en la DIA. «A pesar de las advertencias de la Comisión Europea al Estado Español sobre deficiencias en la representación de hábitats a nivel estatal, la Xunta no actuó para ampliar esta protección de la zona, a pesar del conocimiento científico disponible», indicó a través de un comunicado.

Se refiere a la Santolina melidensis, la Leucanthemum gallaecicum y la Armeria merinoi, tres especies en riesgo de extinción identificadas en uno de los informes presentados por la compañía lusa. De hecho, en la DIA a la que hace referencia Miranda se recoge que dentro del perímetro arbóreo que rodeará la planta, se destinarán 55,16 hectáreas para «aumentar substancialmente las poblaciones de estas tres especies», lo que permitiría evitar una «pérdida neta de biodiversidad» y «mejorar sus respectivos estados de conservación».