La Fiscalía se vuelve a alinear con la defensa de Garcia Ortiz y dice que no hay pruebas de la revelación

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha pedido al magistrado Ángel Hurtado que ordene analizar si el correo electrónico que el abogado de Alberto González Amador -pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso- envió a la Abogacía del Estado el 2 de febrero de 2024 es igual al que tuvo acceso ese mismo día el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y contiene la información que acabó publicada en la prensa.

En un escrito, Sánchez Conde explica que el 'e-mail' enviado a la Abogacía del Estado posee una «indudable trascendencia» porque probaría que no solo la Fiscalía tuvo acceso a un correo electrónico en el que el abogado del novio de Díaz Ayuso se ofrecía a reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo.

Cabe recordar que en esta causa, el magistrado Ángel Hurtado estudia, entre otras cosas, si García Ortiz o la fiscal provincial jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, filtraron el 'e-mail' que el abogado de González Amador envió el 2 de febrero al fiscal de delitos económicos que lo investigaba, Julián Salto.

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Ahora, la teniente fiscal afea a la pareja de Díaz Ayuso que no ha señalado ni en su querella ni en los «sucesivos escritos» presentados en el procedimiento que envió «un correo similar, o idéntico, al enviado a la Fiscalía que había sido remitido el mismo día 2 de febrero de 2024 a la Abogacía del Estado».

Para la número dos del Ministerio Público, esto «debería ser objeto de explicación», dado que «el número de destinatarios del referido correo y la identidad de los mismos no se acomoda a lo imputado en las actuaciones». Al hilo, incide en que es necesario «analizar las divergencias existentes» entre el 'e-mail' remitido a la Fiscalía, el enviado a la Abogacía del Estado y «el documento que apareció publicado en diversos medios de comunicación en las primeras horas del día 14 de marzo de 2024».

Así, coincide con la defensa de Rodríguez en que es pertinente que el magistrado encargue un «dictamen pericial informático» para analizar si el correo electrónico enviado a la Abogacía del Estado contenía «la misma información» que el remitido «ese mismo días, 10 minutos antes» al fiscal Salto.

En el marco del escrito, Sánchez Conde se adhiere a los recursos de apelación que presentaron el fiscal general y la fiscal jefa provincial de Madrid contra la decisión del magistrado de confirmar el auto por el que les citó como investigados.

La teniente fiscal coincide con las defensas en que «no se ha obtenido, a pesar de la exhaustiva investigación, ninguna prueba que permita atribuir a ninguno de los investigados el delito de revelación de secretos».

Por el contrario, sostiene que «sí se han obtenido pruebas» relativas a que el documento reservado presuntamente divulgado por los investigados estaba «en poder de diversos medios de comunicación con anterioridad a que dichos investigados tuvieran conocimiento del mismo». Para la Fiscalía se trata de un asunto de «indudable relevancia que minimiza el hipotético éxito de las diligencias aún pendientes de cumplimentar».