Las ONG de ayuda a refugiados, víctimas de los Presupuestos de Mazón con Vox

La 'consellera' de Hacienda, Ruth Merino, justificó este jueves que las subvenciones en cooperación al desarrollo -una de las políticas en el punto de mira de la formación de Santiago Abascal- se van a conceder ahora por concurrencia competitiva y no de forma nominativa. Un cambio que ya «estaba previsto» y que podría extenderse a otros ámbitos. Sin embargo, otras organizaciones como Cruz Roja o Farmamundi sí las recibirá de manera directa y con la misma cuantía.

Así consta en el proyecto de Presupuestos que busca dar un balón de oxígeno a Mazón y que, tras varios retrasos y la prórroga de los anteriores, llegó este jueves al Parlamento autonómico para que empiece su tramitación con vistas a aprobarse a finales de mayo. Alcanza los 32.291 millones de euros, un 8,6% más, cifra que incluye una partida complementaria de 2.364 millones para la «reconstrucción y consolidación del cambio» tras la catastrófica dana del 29 de octubre que arrasó la provincia de Valencia. Se va a financiar con deuda y «sin recursos extraordinarios del Estado».

Merino no considera que se hayan asumido tesis de Vox, pues el Presupuesto «va en la misma línea» que el de 2024, que se aprobó con los de Abascal en el Ejecutivo autonómico. «No hay recortes de ningún tipo, ni en igualdad ni en políticas verdes», aseveró, al tiempo que matizó que se han añadido algunos puntos en los que «coinciden» con su «socio preferente», mientras otros «se pueden modificar» con enmiendas durante la negociación.

Según Merino, tampoco hay una partida destinada a luchar contra la inmigración irregular ni se ha modificado la referente a los sindicatos, pese a que Vox anunció que se recortará un 30%. El capítulo de gasto en cooperación al desarrollo es uno de los que está en el punto de mira. Este apartado se ve incrementado en más de 24 millones respecto al año pasado pero, como exigían los exsocios del PP, esa partida extra «tiene previsto financiar actuaciones que ayuden a mejorar la vida en los pueblos, las ciudades y las comunidades afectadas por la dana».

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Toni Jiménez

Además, se ha realizado una «eliminación del gasto superfluo» -como la calificó Merino- en el sector público. Unos 200 millones, según Vox. De hecho, se reduce un 25% -un millón de euros menos- el presupuesto de la Academia Valenciana de la Llengua, el órgano estatutario encargado de la normativa del idioma cooficial. Un recorte que, de acuerdo con la 'consellera', «se ha basado en analizar cual es la ejecución real» en la entidad. Del mismo modo, se incluye una disminución del 10% -de 19 a 17,5 millones- en la partida de promoción de la lengua propia, que también estaba en el foco de la formación.

Por su parte, el proyecto de ley de acompañamiento introduce nuevas deducciones fiscales, otra de las demandas de Vox. Se duplica y hasta triplica la bonificación en el IRPF por nacimiento, adopción o acogimiento; se reduce del 10 al 4% el tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para impulsar el relevo generacional en la compra de parcelas agrarias; se suprime el pago de tasas portuarias a los barcos de pesca, y se rebaja al 50% el impuesto de Actos Jurídicos Documentados para proyectos de interés autonómico. La bajada del IRPF sigue estando entre los planes del Consell, pero no se contempla en las cuentas de 2025, al no soportar una reducción de ingresos ante los gastos por la dana.

La 'consellera' de Hacienda lamentó que la valenciana sigue siendo la autonomía peor financiada y la deuda ronda los 60.000 millones. De hecho, el gasto en intereses se ha disparado hasta los 1.143 millones que se pagarán este año.

Cuestionada durante la rueda de prensa por la línea roja marcada por Vox -y asumida por el PP- de que no se admita a más menores migrantes no acompañados, Merino apuntó que analizarán la respuesta «cuando llegue el momento» y el Gobierno de Sánchez presente la ley y cuantifique cuántos corresponde a la Comunidad Valenciana.

En ese sentido, coinciden con Vox en que «hace falta una verdadera política sobre la inmigración por parte del Gobierno de España, que es el que tiene las competencias, y no pasar la pelota a las comunidades sin aportar recursos». «No estamos dispuestos a tener a los menores que están en esta comunidad de una forma indigna, como están en estos momentos sobresaturados los centros», sostuvo.