La paradoja de la aceituna en las medidas contra el sector de la vivienda

Hay dos realidades que debemos abordar para analizar con rigor los tiempos que nos tocan vivir dentro del sector inmobiliario. De una parte, la realidad incontestable de que un importante grupo de población tiene verdaderos problemas de acceso a una viviendaasequible, a pesar de disponer de trabajo, ingresos regulares y una solvente situación de estabilidad. Y una realidad más dramática para los jóvenes, desempleados de larga duración o inmigrantes sin colchón social o familiar que ven imposible acceder a ellas. La otra realidad tiene que ver con las medidas propuestas por los responsables políticos y de la Administración. En tiempos de impacto fugaz, redes sociales, y simplificación de los mensajes, las políticas en materia de vivienda se caracterizan más por ser efectistas que efectivas. Y, sobre todo, ir más al corazón de la opinión pública que al bolsillo del público que tiene problemas reales para lograr una vivienda asequible.

En esta línea se mueve la última propuesta lanzada por el Gobierno que plantea limitar la compra de vivienda a extracomunitarios no residentes. Un nuevo globo sonda no concretado, puesto que aún no se sabe si a través de una nueva figura fiscal o aumentando las actuales hasta incrementos de sus valores del 100%.

No nos cabe duda de que, si se materializa esta medida, su efecto será inocuo a favor de quienes necesitan una vivienda para vivir, y errónea y muy negativa para la marca España y un tejido empresarial muy concreto en provincias como la nuestra. Limitar el acceso a la vivienda para los no extracomunitarios no residentes tendrá un impacto mínimo en el conjunto del país. Aunque los estudios a nivel nacional cuantifican la incidencia de estas compras en un 2%-3% del total, cada provincia tiene una realidad diferente, y en Alicante esa cifra alcanza, para la vivienda nueva, el 27% de las compras y el 30% de su facturación, porcentajes que, en caso de perderse, causarían un impacto demoledor en el sector. Nadie va a tener más posibilidades de acceso a una vivienda dificultando las operaciones de compradores procedentes de Estados Unidos, Canadá, Rusia o Marruecos, además de británicos, suecos, finlandeses o ucranianos, quienes buscan un producto determinado de gama alta o muy alta. El Gobierno demuestra que no acierta en el diagnóstico, y, por lo tanto, yerra en su receta.

Porque medidas de este calado solo incentivarán que muchos residentes no comunitarios, profesionales que vienen a teletrabajar o que pretenden jubilarse y consumir en nuestro país se desvíen a otros destinos: Portugal, Grecia, Turquía, Italia o, incluso, nuevos destinos como Marruecos. Es, sin ninguna duda, un nuevo lastre para el desarrollo de una industria fundamental en nuestra provincia, como es el sector de la construcción, que tiene una fuerza de atracción turística de primer orden. El turismo también será víctima de este tipo de medidas planteadas por el Gobierno.

Los poderes públicos deben entender que el problema es la falta de oferta, no las peculiaridades de la demanda. Y no se solventa atacando el interés de los compradores extranjeros en nuestro país y en nuestra provincia. El Banco de España cuantifica el déficit de vivienda de gama media, la que busca y se puede pagar una familia tipo en este país, de unas 600.000 viviendas. Es ahí donde el Gobierno debería poner el acento: en generar las condiciones necesarias para hacer posible que una parte del sector centre su actividad en este segmento del mercado. Es ahí donde debemos trabajar, desburocratizando el proceso de construcción, bonificando la fiscalidad a los compradores de viviendas de gama media y ofertando promociones concretas para grupos de población específicos con especiales dificultades. Es la falta de vivienda, es la nula gestión del modelo vacacional del alquiler, es la inexistente política de vivienda pública de los últimos 15 años, es la falta de suelo para vivienda asequible, es la crisis de materiales y sus precios, es todo ello junto lo que produce el cóctel perverso en las grandes ciudades, en los entornos metropolitanos de las capitales de provincia y en las zonas turísticas que lastra las posibilidades de acceder a una vivienda a las clases medias. Gravar al no residente no diluye este cóctel, simplemente elimina su aceituna. Esta es la paradoja.

Manuel Pertusa es CEO de MPC Group