Ford plantea un nuevo ERE con 1.622 despidos en su fábrica de Almussafes
La planta valenciana inicia un periodo de transición, con un tercio menos de su plantilla actual, hasta la llegada de un vehículo multienergía que producirá en exclusiva en 2027
Ford se abre a negociar una alternativa a los 996 despidos de Almussafes con recontratación del ERE
La dirección de Ford España ha comunicado este miércoles que el nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) propuesto en su fábrica valenciana de Almussafes afectará a 1.622 puestos de trabajo, un tercio de la plantilla actual.
De ellos, 626 serían bajas incentivadas con carácter definitivo y 996 serían despidos objetivos con preferencia de recontratación en 2027, según el plan expuesto por la empresa a los representantes sindicales en la reunión en la que se ha constituido la comisión negociadora para concretar las condiciones económicas.
El siguiente encuentro se producirá el próximo lunes, tras la asamblea de afiliados que UGT ha convocado para el sábado para establecer las líneas de un posible acuerdo con la empresa. Desde el sindicato mayoritario en la factoría vienen abogando en las últimas semanas por «arbitrar soluciones transitorias viables» y se muestran seguros de que contarán «con el apoyo de las administraciones», aunque también «deberán contar con la predisposición» de la cúpula de la marca del óvalo.
En esa línea, el presidente del Comité de Empresa, Carlos Faubel, ha pedido que el Gobierno active el mecanismo RED y ha puesto el foco en que no existen «demasiadas garantías» de que esos mil despedidos -«con 20 días por año, máximo una anualidad»- vuelvan a ser contratados dentro de tres años.
Por su parte, desde STM-Intersindical han detallado que el expediente afecta a 1.129 personas del área de vehículos, un 30%, y a 433 empleados de la planta de motores, el 60% del total. Las causas del mismo, ha apuntado el sindicato, son el cese de producción de la furgoneta Transit en abril y que el motor EcoBoost «se va a producir en origen en Estados Unidos».
En un comunicado, la multinacional se compromete a «trabajar constructivamente con la representación legal de los trabajadores y los gobiernos nacional y regional para encontrar todas las oportunidades posibles para reducir el impacto en los empleados de Ford, sus familias y la comunidad local» del cuarto ERE desde 2020. El último, pactado en abril del año pasado, afectó a 1.444 trabajadores -a través de planes de prejubilaciones y salidas incentivadas- y dejó a una plantilla de 4.700 para producir el Kuga, único modelo que se fabrica actualmente en Valencia.
La planta inicia así la transición hacia el segundo trimestre de 2027, cuando está previsto que asuma la fabricación de 300.000 coches y 300.000 motores, así como el montaje de 300.000 baterías anuales de un nuevo vehículo multienergía que Almussafes producirá íntegramente.
En paralelo, la compañía ha ampliado hasta el 31 de julio el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que está en vigor desde abril, cuando perdió el cuarto vehículo en dos años. A esa situación prevista inicialmente se sumó un problema de abastecimiento de piezas en motores y la menor demanda del mercado norteamericano.
Ford Europa anunció en 2022 que la fábrica de Valencia era la elegida, frente a la alemana de Saarlouis, para producir su nueva plataforma de vehículos eléctricos a partir de 2025. Más tarde, se pospuso a 2026. Una decisión que no evitó que se tuviera que redimensionar la plantilla.
Sin embargo, a finales del año pasado, la dirección decidió aplazar cualquier inversión destinada a electrificar su fábrica valenciana para reestudiar su estrategia ante unas ventas de coches eléctricos por debajo de lo esperado. En mayo, la compañía calmaba la incertidumbre de los trabajadores y anunciaba un nuevo modelo híbrido para Almussafes, sin concretar más detalles.
Mecanismo RED
Tras conocerse los detalles del ERE, la Generalitat Valenciana también ha reclamado al Gobierno de España que active el mecanismo RED para todo el sector de la automoción, porque «no se trata de un asunto regional», sino de carácter nacional. Con esta medida, contemplada en el Estatuto de los Trabajadores, se pueden autorizar suspensiones temporales de contratos o reducciones de jornada.
«El sector está muy afectado por la indefinición del mercado y necesita ser protegido de las dificultades, sobre todo su capital humano», ha sostenido la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes.
En ese sentido, el Gobierno autonómico que lidera Carlos Mazón va a poner en marcha «acciones de formación y recualificación profesional» de los trabajadores y una comisión interdepartamental con las consellerias de Industria, Hacienda y Empleo para «estar en el día a día» de la negociación del expediente y «poder tomar las medidas oportunas».
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