La Junta refuerza la seguridad para menores y trabajadores en el centro Zambrana de Valladolid

La también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades justificó las nuevas acciones en que las medidas «se van actualizando permanentemente» para incorporar mejoras tecnológicas y en el hecho de que hay que «adaptarse a las nuevas normativas». «Tenemos que seguir evolucionando», defendió e insistió en que las acciones son «continuas», lo cual no quiere decir que el sistema «no funcione». «El objetivo es garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los menores», incidió Blanco ante los medios de comunicación. En un repaso de la evolución del Zambrana, detalló que hace una década registraba 151 nuevos ingresos y el pasado año fueron 98. Actualmente, acoge a 58 menores, de los cuales 16 están en régimen cerrado y el resto, en «semiabierto», pudiendo salir a actividades educativas, formativas o de otro tipo.

En cuanto al perfil de quienes allí se encuentran, aseguró que es «variado» y que hay menores a los que un juez les ha enviado al centro por delitos como lesiones, robos con fuerza, hurtos, quebrantamientos de condena u homicidio, entre otros. Sobre la conflictividad, indicó que en los seis primeros meses del pasado año, cuando gestionaba el centro otra empresa, se registraron un total de 16 agresiones físicas a trabajadores, mientras que en el segundo, ya con la nueva compañía que se encarga del Zambrana, fueron dos. A lo largo de 2025, son cuatro los ataques registrados, incluido el último ocurrido la pasada semana. En estos casos se elabora un informe que se remite a la fiscalía y también al juzgado de menores, explicó. Y es que hay «obligación» de comunicar todo tipo de información, además de la relativa a los conflictos, apuntó. Así, se trasmiten a los órganos judiciales datos sobre las actividades, las salidas, cambios... El pasado año el número de escritos derivados fue de 5.175.

Además, las visitas del Ministerio Público a las instalaciones son «periódicas». «Como mínimo, una cada mes», afirmó, antes de detallar que en 2024 fueron 29 y en lo que va de este ejercicio han sido nueve. Catorce de bajaActualmente hay catorce profesionales con baja de larga duración que ya están cubiertas, indicó, antes de señalar que «las ratios de manera general se cumplen», aunque sí se producen «situaciones puntuales» en las que las ausencias no son comunicadas y ahí es «más difícil sustituir» -cuando son bajas anunciadas la empresa tiene 24 horas para cubrir el puesto-.

Ante esa situación, una de las primeras medidas que se pondrá en marcha en las próximas semanas es la de activar una «especie de retén» para la cobertura «ágil» de esas faltas no comunicadas y evitar así «la sobrecarga de trabajo» a los profesionales. Otro de los aspectos que se mejorará es el de la vigilancia, dijo, ya que la administración regional «atenderá a una demanda» que le han mostrado los empleados y el circuito ya instalado de cámaras en el interior y el exterior podrá grabar imagen y voz.

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Isabel Jimeno

Por otra parte, la entidad que gestiona el centro incorporará una nueva figura denominada Auxiliar de Control Educativo. Será un puesto «intermedio» entre el de educador y vigilante, precisó, que no puede aplicar medidas de contención, pero que sí estará presente en los espacios donde los menores desarrollan las actividades y podrá intervenir en caso de conflicto.

Además, el nuevo contrato de vigilancia y seguridad de las instalaciones, que «se va a licitar inminentemente», incrementará su presupuesto en un 28 por ciento, con 800.000 euros más para dos años, y llegará a los 3,6 millones para «consolidar las medidas que ya se han implantado» durante el pasado ejercicio. Y es que reconoció que ya en 2024 se actualizaron las acciones en este sentido. Mediado el mismo, una nueva empresa se hizo cargo de la gestión del Zambrana y los pliegos de contratación incluían una ampliación de la plantilla de 56 a 70 profesionales, con 43 de atención directa -antes eran 37-, explicó Blanco. Así, la ratio es de un trabajador de acción directa por cada 2,8 menores, mientras que en otros centros de España es de uno por cada 3,7 infractores. También se implantaron las «pulseras antipánico», se incorporó un «coordinador de vigilancia» y se dotó al personal de seguridad de pinganillos y chalecos «antitrauma y antipinchazos».