VOLCÁN LA PALMA
Los afectados del volcán de La Palma siguen en lucha y reclaman los 100 millones de ayudas prometidos tres años después de la erupción
«El volcán nos arrebató nuestras casas, nuestros callejones, nuestros patios, nuestras huertas, pero nunca nos arrebatará nuestra lucha y nuestra palabra»
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Dos años del volcán de La Palma, mismas preguntas, pocas respuestas
Se cumplen tres años desde que la tierra se abrió en La Palma, con la mayor catástrofe natural de Europa del último siglo y con la furia del Volcán de Tajogaite arrasando más de 3.000 viviendas. Aquel 19 de septiembre de 2021, a los afectados que habían perdido todo bajo varios metros de colada volcánica se les prometió recursos y apoyo, pero tres años después siguen en lucha reclamando los 100 millones que les prometieron y aún no llegaron.
La Plataforma de Afectados por Erupción Volcán de Cumbre Vieja 2021, creada para defender a los damnificados por la erupción, sigue tres años después reivindicando que el Estado transfiera al Gobierno de Canarias los 100 millones de euros necesarios para este año 2024, de modo que se puedan pagar las compensaciones por todas las viviendas habituales, conforme a un pago justo en el que se contemple el valor real de la vivienda al margen de seguros y reaseguros privados, y se paguen todas las fincas rústicas y las segundas viviendas durante 2025 y 2026.
Piden que se cumpla lo prometido y que se busque una solución urbanística en forma de compensación complementaria a todos aquellos terrenos que tienen más de 10 metros de espesor de lava, los que son objeto de protección cautelar y los que serán declarados en espacio natural protegido por su cercanía al volcán, ya que estos suelos quedan inservibles para la reconstrucción durante años. Además, han solicitado que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma concedan una línea de subvenciones para los proyectos de viviendas y de fincas rústicas y para la ejecución de obras que cubra al menos el 50% del importe de los proyectos y el 50% del presupuesto de ejecución material de las obras.
Del mismo modo, han pedido que las Cortes Generales modifiquen de una vez el artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa a los efectos de compensar de forma adecuada con el cien por cien del valor real del día antes del volcán a los expropiados de fincas por las carreteras de la Costa y de las Norias y no se le compense por el infravalor de un tercio sobre el valor real, como se pretende. También piden que aquellos expropiados para construir las carreteras, cuando reciban la compensación del Gobierno de Canarias se les compense por la superficie total de la finca afectada por el volcán aunque una parte haya sido expropiada.
Tras años de movilizaciones, solicitan que por fin el Parlamento autonómico apruebe la Ley de Volcanes de Canarias para que por ley se garantice la recuperación íntegra de lo perdido a los afectados, en el futuro, de posibles catástrofes volcánicas como la ocurrida en 2021.
«El volcán nos arrebató nuestras casas, nuestros callejones, nuestros patios, nuestras huertas, pero nunca nos arrebatará nuestra lucha y nuestra palabra», han señalado los portavoces.
Los vecinos y vecinas, recuerdan, «nunca fueron advertidos del riesgo volcánico por las diferentes Administraciones públicas, y no se nos obligó en ninguna norma jurídica que nos hiciéramos un seguro o reaseguro que cubriera el valor de nuestras propiedades" a pesar de que, según varios estudios científicos publicados, los científicos «venían advirtiendo del aumento de la sismicidad y del riesgo volcánico en la zona desde el año 2017». En estos tres años se han tomado «decisiones desacertadas e incluso humillantes para la dignidad» de los ciudadanos.
En los 85 días de erupción, desaparecieron o han quedado divididos para siempre los barrios de El Paraíso, Alcalá, Los Campitos, Las Manchas, Camino Pastelero, Todoque, La Asomada, La Laguna, entre otros.
Decisiones «humillantes»
En el maremoto de decisiones tomadas en los días posteriores a la erupción, aseguran que muchas fueron «humillantes» para los afectados, a los que se les asignó valor para su vivienda en octubre de 2021, después de que fuesen sepultadas. El Estado aprobó un decreto a raíz de la emergencia volcánica que establecía como ayuda, por la destrucción total de una vivienda habitual, 30.000 euros, que dos meses después se incrementó a 60.000 euros; ambas son «cantidades irrisorias para los efectos de un volcán en los que no sólo se destruye la vivienda sino también el solar sobre la que se asienta», afirman.
Además, denuncian que «se hacinó a los afectados en viviendas contenedores» en Los Llanos de Aridane en el año 2022 con el consentimiento del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, a pesar de que, afirma la Plataforma, «no cumplen con las condiciones mínimas legales de habitabilidad que requiere el Colegio de Arquitectos».
Otra de las luchas titánicas que mantienen los afectados del volcán de La Palma es que el Gobierno canario anterior ocultó las grabaciones y las actas de las sesiones del Pevolca celebradas en los días decisivos ya que se pasó el semáforo de amarillo a naranja a pesar de que la erupción era inminente, como relataron varias técnicas del IGN en sus comparecencias parlamentarias. A día de hoy la actual Comisionada de Transparencia y exalcaldesa de Los Llanos, «sigue sin entregarlas».
A partir del mes de agosto «se ha empezado a notificar a los afectados que perdieron sus viviendas habituales las compensaciones que van a percibir en virtud de las nuevas leyes aprobadas», y que se abonarán antes de final de año con cargo a la aportación del Estado de 100 millones de euros de 2023 y la aportación, por la Administración canaria, de 50 millones de euros.
Sin embargo, «la magnitud de la tragedia es tal que aún queda un largo camino por recorrer».
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