Caso ERE: La prueba que comprometía a Zarrías nunca llegó al tribunal

El documento que nunca llegó al tribunal fue un convenio firmado por Zarrías el 2 de diciembre de 1999 para anticipar a la empresa Campocarne Andalucía S.A., filial regional de Campofrío , una subvención de 2,83 millones de euros (471 millones de pesetas) para crear empleo y reflotar Hijos de Andrés Molina S.A. (Hamsa), la fábrica de chorizos de Jaén donde tiene su origen el caso ERE.

Conforme al citado acuerdo, el exconsejero comprometió el «abono completo» de dinero público a la compañía antes de finalizar marzo de 2000. Veinte días después, el 22 de diciembre de 1999, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que luego se transformó en la agencia IDEA , formalizó ante un notario la concesión de un préstamo a Campocarne por importe de 5,83 millones de euros (970 millones de pesetas) para comprar la fábrica de procesado de carne Hamsa. Dicha operación había sido autorizada el 9 de noviembre de 1999 por el Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves. El encargado de ponerla en marcha era su hombre de máxima confianza en el Ejecutivo socialista.

Siguiendo la hoja de ruta trazada por Zarrías, el 10 de marzo de 2000 el entonces consejero de Trabajo e Industria, Guillermo Gutiérrez, ordena el pago de la subvención de 2,83 millones comprometida por Presidencia y estipula que el préstamo de 5,83 millones será amortizado con «cargo a subvenciones que dicha empresa debía recibir de la Junta de Andalucía» . Campocarne tenía un plazo de seis años para devolver lo prestado, pero no consta que lo hiciera. Es más, la compañía envió años después un escrito al exdirector de Trabajo Javier Guerrero en el que dejaba patente que el préstamo «nunca tuvo intención de ser cobrado» por la Junta.

El convenio muestra a Zarrías como muñidor de aquella operación de rescate de una destacada industria cárnica de Jaén, provincia a la que representó como parlamentario durante 24 años.El expresidente del IFA, Salvador Durban , declaró en el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla que se realizó el abono porque el consejero de la Presidencia garantizó la cobertura presupuestaria del préstamo-puente concedido a Campocarne. Sin ser consejero de Trabajo, Zarrías dispuso de los fondos de dicho departamento para subvencionar a la empresa a cambio de recolocar a la plantilla de Hamsa. Algunos de estos empleados acabaron prejubilándose después con la partida de los ERE, el llamado «fondo de reptiles».

El 9 febrero de 2018, pocas semanas después de comenzar la vista oral del caso ERE, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla dirigió sendos oficios a dos consejerías de la Junta requiriéndoles con carácter urgente los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno y el convenio suscrito por Zarrías en relación a las ayudas concedidas a Campocarne para reflotar Hamsa. El tribunal había aceptado esta prueba solicitada por el PP andaluz, acusación popular en el juicio. Respecto al convenio, el entonces viceconsejero de la Presidencia, Fernando López Gil , le responde que no lo encuentra en sus archivos. Julio Coca Blanes, director general de la agencia autonómica IDEA –la caja pagadora de las ayudas de los ERE–, también contesta que «no hay constancia de ningún convenio de fecha 22 de diciembre de 1999 en la base de datos del archivo» de la entidad pública. Su escrito está fechado el 9 de febrero de 2018. Susana Díaz era presidenta de la Junta.

Un año después, con un Gobierno del PP y Ciudadanos, el mismo responsable de la agencia IDEA envía al juzgado que investiga las ayudas de Hamsa el convenio que no había remitido al tribunal del caso ERE, rubricado el 2 de diciembre de 1999 y no el 22 de diciembre de 1999, como se pensaba . Sin embargo, este desliz con la fecha no impidió que Julio Coca supiera que se le estaba pidiendo y enviara el documento doce meses después a la juez María Núñez Bolaños cuando estaba a punto de ser relevado como alto cargo de la Junta. Desde que la instructora del caso ERE lo recibió hasta que se lo notificó al letrado del PP, que lo había reclamado con insistencia, pasaron otros diez meses.

El escándalo de los ERE tiene su origen en los reparos de un interventor de la Junta a las subvenciones concedidas entre 1999 y 2000 a Hamsa. El entonces interventor delegado de la Consejería de Empleo, Joaquín Alegre, puso objeciones a la primera ayuda excepcional para prejubilaciones de extrabajadores de esta fábrica porque iba contra el principio de libre competencia frente a otras empresas sin subvenciones. Alegre testificó en el juicio que fue destituido «sin ninguna explicación» tras su negativa.

Tras estos reparos, la Junta ideó un nuevo sistema que se plasmó en un convenio marco en 2001 para que la Consejería de Empleo diera las ayudas y la agencia IFA/IDEA las pagara. El mecanismo eliminaba la fiscalización previa de los fondos , lo que impedía a los interventores autonómicos conocer el destino final del dinero, comprobar si «va o no para ayudas», aclaró Alegre ante el tribunal.