La quita de la deuda de María Jesús Montero no ahorra ni un euro al presupuesto de Andalucía

Lo acordado ayer durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) supondrá una quita de 18.700 millones del total que el Ejecutivo regional debía al Estado. Sin embargo, habría que diferenciar entre la cuantía en cuestión y los intereses derivados del capital negociados entre las partes.

Tal y como rezaba en el quinto punto del orden del día del CPFF, momento en el cual los consejeros de Hacienda de las autonomías gobernadas por el PP —como es el caso andaluz— decidieron abandonar la sala al no encontrar alusión alguna a la esperada reforma del sistema de financiación, las medidas ofrecidas por Montero «sólo alcanzarán al capital de la deuda afectada, sin que incluyan a los intereses devengados u otros costes vinculados a la misma o que se deriven de las operaciones que instrumenten dicha asunción».

Dicho de otra manera, los intereses deben seguir abonándose hasta que venza el plazo del préstamo, lo que hace que desde la Consejería hablen de reestructuración y no de condonación de la deuda.

Incluso la califican de trampa financiera, pues el montante de la deuda no es una operación única sino varios préstamos que se suceden —porque se fueron suscribiendo de manera escalonada en el pasado según las necesidades del momento—. Al término de cada uno, hay que refinanciar el siguiente, y los intereses persisten.

La única ventaja que obtiene Andalucía con esta maniobra es la de lograr una mayor solvencia a la hora de salir a los mercados. Sin embargo, desde la cartera de Carolina España rebajan la expectativa al asegurar que la comunidad ya tiene un A en solvencia financiera. A sólo un peldaño del nivel máximo.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) arroja cierta luz al debate, complejo para quienes no se mueven en términos de economía de las administraciones. «No tiene sentido, por tanto, hacer una condonación de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando deuda a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales», explica su presidenta, Cristina Herrero, presente ayer en el CPFF.

La experta advierte de que la condonación «no resulta suficiente» e incide en que debería constar el punto de partida de cada región y su posición relativa al sistema de financiación. En ese sentido, recuerda que se están aplicando unas fórmulas que nacieron con carácter excepcional y de urgencia por la crisis económica de la burbuja inmobiliaria y que se han terminado instaurando.

Pero la clave de la cuestión radica en el concepto de regla de gasto, que es el que regula el gasto público con la premisa de que no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo salvo que haya aumentos de ingresos estables y permanentes. Por otra parte, que las comunidades autónomas se liberen de unos 83.000 millones de deuda significa que el gasto del Estado aumentará en la misma cantidad.

Finalmente, y en el hipotético caso de que pudiera ahorrarse los intereses derivados de la deuda, la Junta tampoco podría añadirlos al gasto público en el presupuesto precisamente por esa regla de gasto. La ventaja, por tanto, es cero.