Los pisos para reeducar a los menores que maltratan a sus padres en Andalucía se llenan
Durante 2021, los jueces impusieron 234 medidas de convivencia en grupo para enmendar a hijos agresores
Estos centros cuentan con 144 plazas en Andalucía y son una alternativa al internamiento o a la libertad vigilada
Cada vez más padres viven con el miedo metido en el cuerpo en su propio hogar. Sus hijos menores representan un peligro. Se irritan a la mínima y la emprenden a golpes y empujones o los insultan por cualquier motivo: si no le dan más ... dinero, si no le gusta el almuerzo o si no acceden a todas sus demandas o deseos. Así, un día detrás de otro, hasta que los progenitores no aguantan más y deciden denunciar al tirano de sus entrañas. La llamada violencia filio parental, la que cometen los hijos contra sus padres u otros familiares directos como hermanos o abuelos, no para de crecer hasta completar los recursos y centros destinados a corregir su conducta en Andalucía.
Lo han comprobado los fiscales de menores y los jueces encargados de imponer medidas que van desde el internamiento en distinto grado a un régimen de libertad vigilada. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública gestiona los centros y servicios donde los menores que levantan la mano a sus padres cumplen su condena de reeducación.
En lugar de los clásicos centros de reclusión, los jueces y los especialistas consideran más eficaz enviarlos a pisos en los que conviven con otros menores que en su mayoría también han agredido a sus padres, bajo la supervisión de educadores y trabajadores sociales que están con ellos durante 24 horas. Son los denominados grupos educativos de convivencia. En Andalucía hay 18 centros de este tipo con capacidad para 144 plazas. Están «prácticamente llenos, son un recurso demandado», asegura a ABC el director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, Francisco Ontiveros. Según un informe autonómico, en 2021 se contabilizaron 234 medidas judiciales (en ejecución o ejecutadas) que afectaron a menores infractores en Andalucía enviados a centros educativos de convivencia que dependen de la Administración autonómica y garantizan su guarda.
Padres muy permisivos
«El 95% de los menores destinados a ellos cumple delitos de violencia filio parental», destaca Ontiveros. En estos inmuebles, que suelen acoger hasta ocho menores, cohabitan también con infractores de otros delitos como el acoso escolar. Dichos grupos cuentan con un director, además de especialistas que les marcan unas pautas de conducta, justo lo que no han tenido en sus casas. «La reeducación consiste en darles unas normas de convivencia. En su mayoría son chicos y chicas de padres muy permisivos que no les ponían límite. En estos grupos se les enseña a interactuar con otros compañeros y a participar en las tareas de la casa como cocinar o poner la mesa; se les fija un horario para ver la tele o para regresar a casa, además de seguir con sus actividades escolares fuera. Ahí radica el éxito de este recurso», detalla el responsable autonómico. Suelen permanecer en ellos entre 12 y 18 meses.
El cliché de que estos menores crecen en familias desestructuradas y al límite no se cumple. «Por lo general, provienen de familias normales con un nivel adquisitivo medio-alto y la tendencia de incremento de este tipo de violencia se ha notado más en las chicas», señala. El problema tiene su origen en una crisis de valores. Son hijos de padres ausentes que, para mitigar su sentimiento de culpabilidad por el tiempo no ha dedicado a su crianza, acceden a todos los caprichos.
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La mayoría de los chicos infractores comete delitos contra el patrimonio, como robos con fuerza o violencia, y lesiones. En 2021, los jueces impusieron 1.092 medidas privativas de libertad a menores, de los que 702 estaban en régimen semiabierto, el sistema más común, y 59 en régimen cerrado.
Un total de 6.281 menores infractores cumplieron el año pasado medidas impuestas por los jueces en los 58 centros y servicios que gestiona la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que cuentan con 895 plazas y donde trabajan más de 2.000 profesionales, según el informe del Servicio de Justicia Juvenil, presentado ayer en el Consejo de Gobierno andaluz.
El año pasado a 5.200 menores infractores se les aplicaron medidas de medio abierto, especialmente por la libertad vigilada y las tareas socioeducativas, que pueden ser cumplidas en sus propios municipios. Casi la mitad tenía entre 16 y 17 años y el 88% eran españoles. Otros 1.081 menores –932 chicos y 149 chicas–fueron recluidos en los 14 centros de internamiento que hay en Andalucía, un 8% menos que el año anterior. Éstos cuentan con 751 plazas. Los jueces apuestan cada vez más por medidas correctivas de carácter socioeducativo.
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