La Junta de Andalucía refuerza la dependencia y revisa los criterios del copago

Ahora, la Consejería de Inclusión Social, Familia, Juventud e Igualdad inicia una nueva vuelta de tuerca en el sistema para tratar de agilizar con un nuevo proyecto de orden que tiene tres efectos principales: generar un nuevo modelo de colaboración con las entidades locales para extender la visita única con un gasto anual de 14 millones de euros y más de 300 trabajadores sociales; actualizar y ajustar a la normativa los criterios para el copago por renta que generarán en torno a 6,5 millones de euros más al año y, por último, afianzar como criterio básico que los expedientes no se resuelvan por orden de llegada, sino en función del grado y de las circunstancias económicas del usuario.

En relación con la primera de las medidas, el nuevo modelo de coordinación con los Servicios Sociales de los ayuntamientos, la Junta de Andalucía quiere poner fin al tradicional programa de refuerzo a la dependencia que se gestionaba a través de entidades locales. Este programa, que lleva años, tiene un presupuesto de 11 millones de euros y permite a los municipios contratar personal que se destina a orientación o elaboración de informes sobre dependencia (no pueden completar todo el proceso como sí pueden los agentes de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia autonómica). El resultado, para el Gobierno andaluz, no es positivo.

Se plantea ahora sustituirlo por un modelo de convenio marco que incorpore una gran novedad: que los trabajadores contratados puedan realizar toda la gestión (conceder el grado y la prestación en visita única). Para que esto funcione, será necesario configurar una red de 305 trabajadores sociales (al menos uno por cada una de las 252 zonas básicas) y 141 administrativos. Esto tendrá un presupuesto de 14 millones de euros que financiará la comunidad autónoma a través de estos convenios (tres millones de euros más que el sistema actual).

Pero no será el único cambio. Estos profesionales asignados a través de los convenios se estima que pueden realizar una media de 660 expedientes al año para que se consiga mantener un ritmo adecuado de respuesta a la ciudadanía. Y para garantizar su cumplimiento se fijará un sistema de penalizaciones: si los ayuntamientos o diputaciones que firmen un convenio no cumplen los mínimos establecidos, se penalizará en el siguiente acuerdo o simplemente se anulará el convenio y lo asumirá la Administración autonómica. Se da herramientas para reforzar el sistema, pero al mismo tiempo se fijan obligaciones.

Desde la Agencia Andaluza de Servicios Sociales y Dependencia subrayan que esta medida supone una transformación del modelo que facilitará la reducción de tiempos de espera especialmente en zonas rurales de alcance más complejo para la Agencia autonómica y extenderá la aplicación de la visita única. En cualquier caso, será voluntario para los ayuntamientos sumarse o no a este modelo y no excluye la labor que se realiza desde la propia Agencia.

El segundo cambio afecta a los sistemas de copago establecidos por rentas en el sistema de dependencia. Se introducen una serie de cambios en las fórmulas que se aplican que estaban «obsoletas» y no acordes con la normativa que tendrán un impacto económico de aproximadamente 6,5 millones de euros. Ese es dinero mínimo adicional que va a ingresar la Junta de Andalucía al año ( o más bien que va a dejar de gastar) por los criterios sólo se aplicarán a los nuevos solicitantes. Desde la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia subrayan que el aumento no es significativo teniendo en cuenta que el coste total del sistema es de 1.400 millones de euros.

En primer lugar, se revisan los criterios que determinan la capacidad económica de los beneficiarios de la dependencia (que determinan los niveles de copago) cuya consecuencia es «un menor gasto para la Agencia y un mayor copago para los usuarios», según recoge la propia memoria del proyecto de orden autonómica. En este caso, el incremento es de 4,9 millones de euros. Se obtiene al modificar las fórmulas y contemplar cuestiones como las pagas extra, las ganancias patrimoniales, las rentas exentas o las deducciones a la hora de analizar la capacidad económica de una persona, y por tanto, la aportación que debe realizar como copago. Estos cambios, que se aplican a partir de ahora, supondrán un aumento mínimo de ingresos de 4,9 millones de euros.

En esta línea, se cambian también las fórmulas de cálculo de las aportaciones económicas de los beneficiarios aplicando «el uso de fórmulas matemáticas con base en la capacidad económica en lugar de la utilización de tramos para la determinación de los porcentajes a aplicar». Esto derivará en que las nuevas incorporaciones al sistema abonen al menos 1,5 millones de euros más. Desde la Agencia Andaluza de Dependencia subrayan no obstante que los ajustes se han hecho con «el máximo cuidado» y evitando que afecte al bolsillo del usuario en exceso. «El impacto es mínimo», inciden.

Por último, la nueva orden autonómica consagra un principio que estaba recogido en la ley estatal pero que al no figurar en ninguna normativa interna no se aplicaba. Se trata de a la hora de resolver expedientes la prioridad no sea el orden de llegada sino la gravedad medida en función del grado de dependencia, y los recursos económicos de las familias. Así se contribuye a reducir tiempos de esperar en los casos más graves, y recortar al mínimo los casos de personas que fallecen sin haber recibido la ayuda, que se mantiene en índices muy elevados.

Esta orden, en cualquier caso, se encuentra en exposición pública y la Consejería ha abierto un proceso de alegaciones e informes de todos los colectivos afectados previo a su aprobación por el Gobierno andaluz.

Esta medida se enmarca dentro de los intentos de la Junta de Andalucía por reducir los tiempos de espera y las cifras de personas pendientes de la concesión de la prestación aún teniendo derecho a ella. Según los últimos datos difundidos por el Imserso, al cierre del mes de julio, el tiempo de espera en Andalucía se mantuvo en 549 días (un año y siete meses), por encima de la media y el peor dato de todas las comunidades. El sistema se ve afectado por un incremento permanente de las solicitudes y por tanto del número de beneficiarios que a 31 de julio se sitúa em 374.000, por encima del año anterior.

Este aumento de los beneficiarios tiene además como consecuencia graves problemas de financiación de la dependencia. La normativa preveía que el Estado y cada autonomía se repartieran al 50% los costes que genere la dependencia (una vez descontados los copagos). A ese porcentaje no llega en estos momentos ninguna comunidad, aunque se ha incluido en los acuerdos firmados con el PNV para el País Vasco que allí se logre ese objetivo. En relación con el resto de comunidades el dato andaluz está en lo más alto de la tabla: el Estado aporta el 37% del coste del sistema.