Los funcionarios de la Junta de Andalucía llevan 13 años con las ayudas sociales y familiares suspendidas

La nueva norma incorpora ayudas que no existían como la de cuidado de un hijo menor de tres años que sustituye a la de guardería, además de prestaciones que cubren los gastos de colegios, escuelas infantiles o campamentos de verano de hijos de hasta 14 años, la atención psicológica de vástagos víctimas de acoso escolar, así como los costes de estancia en residencias y centros de mayores del padre o la madre del empleado público. Se mantienen las habituales ayudas por defunción del funcionario, para sufragar tratamientos odontológicos, prótesis bucodentales y vacunas para menores que no estén cubiertas por la sanidad pública, así como el pago de cursos de formación realizados por el personal de la Junta y los estudios universitarios de grado, máster y doctorado de sus hijos.

El borrador del proyecto de decreto, que se encuentra en consulta pública, sustituye los anticipos reintegrables de nóminas a los funcionarios y personal laboral que los soliciten por préstamos con interés cero que dejarán de estar vinculados a las retribuciones. El importe del dinero prestado no dependerá de lo que se cobra, como ocurre ahora. En la norma vigente la Administración adelanta el equivalente a dos nóminas completas.

Con esta nueva regulación, el Gobierno andaluz persigue actualizar el conjunto de beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado a los que tienen derecho sus empleados públicos. La normativa actual, suspendida desde el año 2012, se había quedado obsoleta y urgía adaptar las ayudas a nuevas necesidades personales, familiares y laborales que no encuentran cobertura, según explicó a ABC el secretario general para la Administración Pública de la Junta de Andalucía, Arturo Domínguez.

La Consejería que dirige José Antonio Nieto quiere terminar con la dispersión normativa tras más de veinte años de vigencia y modernizar las ayudas para el personal de la Junta y sus parientes, que se repartirán atendiendo a la renta per cápita de la familia.

La teoría es nítida. Lo que no tiene nada claro el Ejecutivo andaluz es cuándo va a llevar a la práctica la nueva norma. Se desconoce cuándo los funcionarios y laborales de la Administración autonómica podrán beneficiarse de las nuevas prestaciones porque su aplicación está limitada ahora por una norma estatal de rango superior. Las partidas de acción social están reducidas a su mínima expresión desde el año 2012. Llevan casi 13 años en suspenso. En la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy se suprimió la convocatoria, la concesión y el abono de cualquier ayuda de este tipo dentro de un amplio paquete de medidas encaminadas a reducir el gasto de los empleados públicos para amortiguar el impacto de la crisis económica.

El ajuste más duro de la democracia forzó a la Junta de Andalucía a pasar la podadora por el programa presupuestario con el que se financiaban estos beneficios extra de su personal. La partida reservada de 53.333.000 euros se vio recortada hasta 700.000 euros, destinados únicamente las ayudas para la atención a personas con discapacidad. Aparte, las cuentas autonómicas reservan 7 millones de euros adicionales para adelantar hasta dos nóminas a los trabajadores que necesiten salir de un apuro económico.

Arturo Domínguez explicó a este periódico que existe una limitación estatal que impide aumentar este tipo de prestaciones adicionales para el personal de la Junta y de otras administraciones. Los Presupuestos Generales del Estado desde el año 2018 incluyen un precepto de carácter básico que prohíbe el incremento del gasto social respecto del ejercicio anterior. «El nuevo decreto va a adaptar las ayudas a las nuevas necesidades de los empleados intensificando las medidas de conciliación familiar y laboral, pero eso no significa que mañana sea posible destinar más dinero a la acción social», aclara el responsable autonómico, que no concretó la fecha de su aplicación.

El 2 de junio de 2016, la entonces consejera de Hacienda y Administración Pública en el último Gobierno andaluz del PSOE y actual ministra del ramo, María Jesús Montero, firmó un acuerdo con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF por el que se comprometía a recuperar las ayudas de acción social en el año 2019, entre otras mejoras laborales. Los socialistas perdieron la Junta en las elecciones del 2 de diciembre de 2018 y las ayudas no se retomaron. Susana Díaz fue relevada en la Presidencia andaluza por Juanma Moreno en enero de 2019.

En la memoria de los primeros presupuestos aprobados por el nuevo Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en julio de 2019 se recogía la intención de «recuperar las ayudas de acción social y negociar un nuevo reglamento regulador», pero sin especificar cuándo. La norma prevista es la que ahora inicia su tramitación.

En los últimos seis años, los sindicatos no han dejado de reclamar a la Junta, ahora con mayoría absoluta del PP, que recupere las ayudas sociales suprimidas en 2012, además de las pagas extraordinarias correspondientes a los ejercicios de 2013 y 2014 que también fueron eliminadas.

En noviembre de 2023, con motivo de la tramitación de los presupuestos autonómicos para el año 2024, Germán Girela, presidente del CSIF en Andalucía, criticó que en las cuentas no había «ni rastro un año más de las ayudas de acción social de los empleados públicos, que se dejaron de conceder hace más de una década […] y que Andalucía sigue sin recuperar, siendo una de las pocas comunidades en nuestro país que aún no las ha restituido». Girela hizo hincapié en que dichas prestaciones permite, por ejemplo, «una mejor conciliación familiar y laboral, apoyo en el cuidado de hijos e hijas, ascendientes a cargo y ayudas a víctimas de violencia de género o de carácter sociosanitario».

Joaquín Leal, miembro del comité ejecutivo del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), declaró a ABC que las ayudas de acción social «las tenemos secuestradas desde el año 2013», a pesar de que en junio de 2016 «la Junta firmó con tres sindicatos su recuperación». «Algunas prestaciones están desfasadas y ya no se corresponden con la realidad, pero podían haberse recuperado. Nosotros hemos instado tanto a la Presidencia de la Junta como a la Consejería de Hacienda a que las retome en las leyes de presupuestos. El consejero Nieto dijo que el nuevo reglamento no entraría en vigor hasta el año siguiente a la conclusión de la legislatura, en el mejor de los casos, a partir del 1 de enero de 2027. Es demasiado tarde», lamenta.