instituciones
La Junta se ahorra cuatro millones al año en Córdoba con la recompra de sus sedes
Realiza la operación cuando tiene a las puertas la puesta en carga de los antiguos juzgados
Los antiguos juzgados, en obras
La Junta de Andalucía ahorrará unos cuatro millones de euros al año (incrementados con el IPC y con los gastos de mantenimiento incluidos) hasta el año 2035 con el acuerdo anunciado por el Gobierno andaluz de recomprar los edificios que se vendieron con las consejeras Carmen Martínez Aguayo y María Jesús Montero en una operación de dudosa rentabilidad para el erario público.
En el cómputo total, el Ejecutivo andaluz desembolsará 328 millones de euros por recomprar edificios que ya eran suyos y que, en su mayor parte, le habían sido legados por la Administración central del Estado como consecuencia de la aprobación del Estatuto de Autonomía y de los sucesivos traspasos de competencias de servicios públicos. La operación implica un ahorro aproximado de unos cien millones de euros.
En Córdoba, la Junta pagaba dos millones de euros anuales por los antiguos ministerios de Santo Tomás de Aquino, 630.000 euros por ejercicio por la Delegación de Salud de República Argentina, 550.000 euros por el antiguo palacete que ocupa Hacienda en Gondomar, 311.000 euros por la antigua escuela de magisterio de San Felipe (hoy Delegación del Gobierno), 200.000 euros por la sede de Empleo en la Judería, casi 150.000 euros por Inclusión Social en Ramón y Cajal, 125.000 euros por el IAJ de la calle Adarve y unos 70.000 euros por la Agencia de Educación de la calle Carbonell y Morand.
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La constructora tiene un plazo de 16 meses para ejecutar el nuevo edificio, que estaría listo para el segundo semestre de 2024
Por razones no conocidas, no estaban en los listados otras sedes de la Junta como el antiguo IFA ubicado junto al jardín de las Dueñas, en la plaza del Cardenal Toledo. Tampoco aparecía las sedes de Cultura y Turismo, en Capitulares. La Ciudad de la Justicia no formó parte del acuerdo porque se realizó por un acuerdo con una empresa privada desde el momento mismo de su construcción. Originalmente propiedad de Isolux Corsán, fue adquirida durante el concurso de acreedores por Copcisa (51%), el grupo inversor Atitlán (24%) y GED Capital (25%).
Un mal negocio
La Junta decidió vender sus edificios a un fondo de inversión en un momento en el que la liquidez escaseaba. En aquel momento, alguien pensó que era buena idea pero la realidad es que se enajenó patrimonio público que había sido conseguido de forma gratuita para pagar unos alquileres altos bajo la fórmula del 'sale and lease back', que usan empresas privadas como las entidades financieras, los supermercados o las cadenas de textil que rara vez son propietarios de sus locales. Los informes internos coinciden en que fue un mal negocio que ha generado un fuerte quebranto.
El acuerdo de recompra de sedes de la Junta llega en un momento en el que la Administración autonómica va camino de incorporar un edificio de gran capacidad a su parque inmobiliario: los antiguos juzgados de Córdoba. De momento, se trabaja con la intención de que sean dos las delegaciones provinciales que muden sus servicios al nuevo edificio que se está renovando con financiación europea. Además, está previsto crear en el inmueble el registro general de documentos de la Administración autonómica aprovechando su buena ubicación.
La obra de los antiguos juzgados debe estar concluida en verano del año que viene y cuesta doce millones. El proyecto consiste, básicamente, en coser en un solo inmueble lo que eran dos edificios, los antiguos juzgados y la Audiencia Provincial, dotados de una serie de dependencias anexas como los juzgados de guardia o la zona de recepción de acusados procedentes de centros penitenciarios. El proyecto se ha dotado de una alta especificiación tecnológica.
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