La desobediencia al TC se cuela en la mesa de diálogo entre Sánchez y Aragonès

A instancias de la Fiscalía, la magistrada instructora de la causa, Maria Eugènia Alegret, ha citado a los cuatro acusados en calidad de investigados para el próximo 15 de septiembre , ha establecido un plazo de cinco días para que Vox aporte una fianza de 10.000 euros si quiere seguir ejerciendo la acción popular, y ha pedido a la Fiscalía que indique las diligencias de instrucción que quiere practicar. La apertura de este procedimiento se produce después de que el pasado marzo el TSJC se declarara competente para investigar los hechos y admitiera a trámite la querella de la Fiscalía nombrando a Alegret instructora del caso.

De esta manera, tras el periodo estival, solo cuatro días después de la Diada de Cataluña y en la semana que está previsto celebrar en Barcelona la primera reunión de la mesa de diálogo entre Gobiernos, con la presencia de Pedro Sánchez y Pere Aragonès , la anterior cúpula política del Parlamento autonómico tendrá que declarar ante el TSJC, en fase de instrucción, por presunta desobediencia.

Los hechos que se investigan en el TSJC se remontan a octubre de 2019 cuando Torrent y los citados miembros de la Mesa aceptaron tramitar resoluciones cuyo contenido está suspendido expresamente por el Tribunal Constitucional. Se trata de un par de resoluciones registradas por Junts, ERC y la CUP en las que instaban a que el Parlamento de Cataluña se pronunciara contra la sentencia del Tribunal Supremo en relación al 'procés' independentista, que confirmó la sedición; se posicionara a favor de la autodeterminación de la comunidad y reprobara a Felipe VI, en línea con un texto anterior ya suspendido por el órgano de garantías.

Pese a la advertencia expresa de sanción del Constitucional a todos los miembros de la Mesa (además de los cuatro encausados también formaban parte del máximo órgano rector parlamentario David Pérez, del PSC, y Laura Vílchez y Joan García, de Cs) y el entonces secretario general del Parlamento autonómico, Xavier Muro, los cuatro representantes independentistas hicieron oídos sordos y, pasando el rodillo secesionista, tramitaron las resoluciones que se votaron en noviembre de aquel 2019.

Poco después llegó la querella de la Fiscalía, no sin antes estudiar su viabilidad. Para el Ministerio Fiscal, estas propuestas de resolución fueron una desobediencia –delito que lleva consigo la inhabilitación, no la prisión– al Tribunal Constitucional, que ya había anulado las llamadas leyes de desconexión aprobadas en 2017 y había advertido a los miembros de la Mesa su deber de impedir su tramitación así como la de paralizar cualquier intento de aprobar propuestas similares. En marzo se admitió a trámite la querella de la Fiscalía y un mes después se sumó Vox al proceso judicial como acción popular. Los cuatro investigados declararán el 15 de septiembre entre las 9.30 y las 17 horas.

Tras conocer la decisión del TSJC, Torrent expresó en Twitter su rechazo y defendió que el Parlamento de Cataluña debe ser el «templo de la palabra y del debate». En esta línea, el actual consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat señaló: «La maquinaria represiva continúa en marcha para limitar y perseguir la libertad de expresión», situando su caso judicial dentro de lo que el secesionismo considera que es una persecución del Estado y sus instituciones contra el independentismo. Torrent añadió que «intentar censurar [a la Cámara catalana] es un grave error que va en contra de la democracia».

Igualmente, el presidente autonómico catalán, del mismo partido que Torrent, criticó la «judicialización del debate parlamentario». También en Twitter, Aragonès mostró todo su apoyo a los encausados y, pese a las sentencias que condenaron por este mismo delito a la Mesa del Parlament que presidía Forcadell, reivindicó que en el Parlamento catalán se pueda hablar y debatir de todo tipo de cuestiones: «La judicialización del debate parlamentario no nos hará callar».