Trabajo pleitea con los gigantes estadounidenses Nike, Coca Cola y UPS en plena ofensiva comercial de Trump

Al mismo tiempo que medio mundo trata de ponerse de perfil para no convertirse en un objetivo fácil para la ofensiva arancelaria desencadenada por la Administración Trump en los primeros días de lo que se anuncia como un tormentoso mandato de cuatro años, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz mantiene abiertos media docena de expedientes a algunas de las más célebres multinacionales estadounidenses para hacerles pagar una reparación económica por los despidos o cierres de centros de trabajo ejecutados en España en los últimos años.

Gigantes del tejido empresarial estadounidense como Nike, Ralph Lauren, la empresa industrial Honeywell, el gigante de la logística UPS, Coca Cola o la matriz de la aplicación de citas Bumble han sido o están siendo requeridos por el Ministerio de Trabajo para abonar la aportación económica al Tesoro Público que se prevé en la denominada enmienda Telefónica, que desde el año 2012 obliga a las grandes empresas con beneficios que realicen despidos colectivos en España a compensar al Estado los costes derivados de la cobertura frente al desempleo de los trabajadores mayores de 50 años.

Según la última información publicada por el Ministerio de Trabajo, correspondiente al ejercicio de 2023, a finales de ese ejercicio ya se había reclamado de manera formal esa compensación económica a Nike, Ralph Lauren y UPS, que tenían abierto un expediente desde el ejercicio anterior, en tanto que se estaban analizando las circunstancias de los ajustes realizados por Honeywell, por Coca Cola Europacific Partners, la rama europea de la gran multinacional norteamericana, y la matriz de la app de citas Bumble para determinar si procede igualmente reclamarles alguna cantidad por sus ajustes de personal o no.

En el caso de estas tres últimas, al igual que sucede con otras 16 empresas, el departamento que dirige Yolanda Díaz está valorando diferentes situaciones como si están afectadas o no por la norma, el cálculo de la aportación económica o las alegaciones presentadas por las empresas.

Nike acordó en el año 2021 un ajuste de su plantilla en España en el marco de un proceso de reestructuración a nivel global impulsado por su entonces director ejecutivo John Donahoe, que en principio iba a implicar la reducción de más del 50% de su plantilla en España, 101 trabajadores, pero que finalmente se quedó en 80. También los meses inmediatamente siguientes a la pandemia la sucursal española de la firma de moda Ralph Lauren acometió un ERE del 10% de la plantilla, unos 40 empleados, que afectó principalmente al personal administrativo, también en el marco de un reajuste global aconsejado por la caída en pérdidas de la firma.

En 2021 la firma de distribución de paquetería UPS presentó un ERE «para fomentar el crecimiento sostenible», que afectó a 160 trabajadores y significó la recolocación de algunos de ellos y la salida de la empresa de 118 trabajadores, según la información oficial de los resultados de la compañía.

En todos estos casos, Trabajo ha reclamado a las empresas una reparación económica por los costes para el erario público de esos despidos a través de la controvertida cláusula Telefónica, que por una parte compensa al Estado por los costes inducidos por estos despidos pero por otra es visto como un inhibidor para el establecimiento de proyectos empresariales en el país.

La información que se actualiza todos los años sobre el rendimiento de este instrumento proporcionada por el Ministerio de Trabajo revela que desde el año 2012 más de un centenar de empresas han tenido que pasar por caja por los despidos acometidos en España (31.029), lo que ha dado lugar a reclamaciones por un importe de 1.040 millones de euros de los que el Tesoro ha recaudado ya 997 millones.