¿Por qué salen ganando los jubilados anticipados? Cobran 350 euros más de pensión que quienes trabajan hasta los 66 años

Gonzalo D. Velarde

Madrid

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04/03/2023
Actualizado a las 17:32h.

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Uno de los primeros puntos que el Gobierno se apresuró a modificar como parte de la reforma de las pensiones es el de las jubilaciones anticipadas. La edad real de retiro ronda en nuestro país los 64,5 años, mientras que desde enero de 2023 la edad legal de jubilación que da derecho al 100% de la pensión se sitúa en los 66 años y cuatro meses. Es decir, aquí aparece una primera distorsión provocada porque el 40% de todos los trabajadores que abandonan el mercado laboral por jubilación lo hacen de forma anticipada. Y así es cada año.

Teniendo en cuenta que la reforma de la Seguridad Social que ha impulsado el actual Gobierno tiene sus mimbres en lograr el equilibrio presupuestario, y asumiendo, según los cálculos del propio Ministerio, que por cada año que se le gane a la edad real de jubilación se reduce en 4.500 millones de euros el déficit del sistema, los cambios sobre el retiro anticipado, destinados a desincentivar las salidas tempranas del mercado laboral se entendió como uno de los puntos cruciales a abordar entre los cambios regulatorios.

En el fondo de la cuestión, más allá, no está solo el desfase paramétrico de que la edad real de jubilación esté por debajo de lo que marca la ley, sino que existen además una vertiente, cómo no, económica pero también política. El Ministerio de la Seguridad Social había detectado antes de la reforma que las circunstancias de la jubilación anticipada, aunque están plagadas de casuística, compartían un patrón socioeconómico: son las rentas más altas las que en su mayoría abandonan anticipadamente el mercado laboral.

¿Por qué? La respuesta está en la perversión de la regulación anterior que, de facto, incentivaba a estas rentas más altas a dejar su puesto de trabajo justo en el momento en que puedes acceder a la jubilación anticipada, dos años antes de la edad legal de jubilación según la norma. Es decir, para esta año pueden acceder a la pensión quienes se retiren anticipadamente a partir de los 64 años y cuatro meses.

Como es conocido, el adelanto de la jubilación acarrea una penalización que se aplica sobre la pensión, un porcentaje de reducción. El problema es que, antes de la reforma, la aplicación de las reducciones -que tras las modificaciones solo se endurecen en los casos más extremos, los que deciden anticipar al máximo de 24 meses o cerca- se realizaban sobre la base de cotización de modo que en muchos casos, aun aplicando las tarifas reductoras más altas que preveía la Seguridad Social, estos jubilados seguían generando derecho a la pensión máxima. Es decir, la inconveniencia del sistema generaba que un pensionista pudiera adelantar al máximo la jubilación, dos años, y no tener penalización efectiva sobre su prestación.

Ya no es así. Con la reforma, como se ha mencionado, se modificaron los coeficientes aunque solo se endurecieron los más extremos -el nuevo pliego de penalizaciones reduce la rebaja en más del 90% de supuestos- pero también se estipuló que los coeficientes se aplicarían directamente sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base de cotización.

Es decir, ese mismo pensionista con un sueldo que rebasa la nómina anual de una pensión máxima (42.823 euros) y que por lo tanto le da derecho a ella, pasaría ahora a aplicársele las reducciones en función de los meses anticipo -la máxima rebaja se sitúa en el 21% para quien abandona 24 meses antes y si lo hace con menos de 38 años y seis meses de cotización- sobre la cuantía de la pensión, por lo que se descontaría a partir de los 3.059 euros en que se sitúa la mensualidad máxima del sistema.

Sin embargo, la perversión del sistema vista desde este punto de vista de los atajos regulatorios es doble. No solo es que se incentive la salida del mercado para un colectivo que en muchos casos disfrutará la máxima prestación que ofrece el sistema, sino que además, al ser estas las cuantías más altas supone un coste importante para el sistema. Y duro agravio comparativo con el jubilado homólogo, pero que accede a la pensión una vez llegada a la edad legal de retiro.

Concretamente, las últimas estadísticas de la Seguridad Social señalan que los actuales beneficiarios de una pensión de jubilación con una edad comprendida entre los 60 y 64 años perciben de media 1.882 euros mensuales, mientras que los pensionistas de entre 65 y 69 años años cobran de media en este momento unos 1.533 euros al mes. Supone una diferencia de 349 euros y un 22,7% menos de prestación para quienes se ajustan a la edad legal, y que además lo hace para poder acceder a la totalidad de la paga.

La explicación no es otra que la prestación generada a resultas de la justificación de cotizaciones realizadas durante la vida laboral es mayor en esta cohorte de jubilados anticipados, algo más de 100.000 al año. Ahora bien, la mejora de las condiciones de vida en la vejez y de las condiciones de empleabilidad de los ocupados, el fenómeno de la jubilación anticipada ha ido perdiendo cierto peso en los últimos años. Si en 2012 se dieron 127.374 retiros anticipados, en 2022 estos afectaron a un total de 117.397 personas. Respecto al precedente, las jubilaciones antes de tiempo se reducen en un 2,5% y en un 7,8% respecto a hace diez años.