El Gobierno suprimirá la rebaja del IVA a los alimentos si la inflación subyacente cae por debajo del 5,5%
Sánchez presenta un paquete anticrisis valorado en 10.000 millones de euros y plagado de guiños fiscales e incentivos para hogares e inquilinos tras el enésimo desencuentro con Unidas Podemos

Pedro Sánchez gasta la última bala que le quedaba justo antes del maratón electoral (autonómicas y generales) que pondrá fin a la legislatura el año que viene. El Gobierno anunció en el Consejo de Ministros de ayer un sexto paquete de ayudas anticrisis (tercero desde ... la invasión de Ucrania) de 10.000 millones destinado a familias y empresas y que entrará en vigor el próximo 1 de enero. Una lluvia de millones que, tal y como publicó ABC, se guardó el Gobierno hace meses y con la que Sánchez pretende dar un vuelco a las encuestas. Por ello regará a las familias con transferencias directas y suprimirá el IVA de los alimentos básicos hasta el 30 de junio. Esta última es una medida que quedará suprimida si la inflación subyacente baja del 5,5%.
El Ejecutivo se ha marcado como primer objetivo volver a convencer a las rentas más bajas, y por ello las nuevas medidas presentadas están especialmente focalizadas en los hogares con bajos ingresos. Para las familias con rentas igual o inferiores a 27.000 euros y que no superen los 75.000 euros de patrimonio, el Gobierno ofrecerá un cheque de 200 euros. Un pago que podría llegar a 4,2 millones de familias, según calcula el Ejecutivo, y que viene instigado desde Unidas Podemos, representado en las negociaciones por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Pero el Ejecutivo también ha buscado de alguna manera beneficiar al conjunto de los hogares al tocar la cesta de la compra, cuyo precio ha ascendido en el último año casi un 16%. Por ello, Sánchez, que presentó la batería de medidas, anunció la supresión del IVA de los alimentos de primera necesidad durante los próximos seis meses o hasta que la inflación subyacente baje del 5,5%. En concreto, el decreto señala que el tipo impositivo aplicable volvería al superreducido del 4% a partir del día 1 del mes de mayo de 2023, en el caso de que la tasa interanual de la inflación subyacente del mes de marzo, publicada en abril, sea inferior al 5,5 por ciento.
En noviembre, la inflación subyacente, que no incluye ni alimentos frescos ni energía, subió una décima y se situó en el 6,3%, medio punto menos que la tasa general. Para 2023, el Banco de España prevé una inflación del 4,9%.
Los productos beneficiados tributan hasta el momento al 4% y en la práctica supondrá que huevos, verduras, frutas, legumbres, pan, queso, patatas, cereales y leche no sean gravados por el Impuesto al Valor añadido, al menos, hasta el próximo mes de julio. Una disposición a la que se añadirá una rebaja del mismo tributo desde el 10% al 5% para pastas y aceites (con mismas condiciones de eliminación) y en la que finalmente no han sido incluidos otros productos frescos como carnes y pescados, como así venía solicitando el sector agroalimentario.
El Gobierno busca con esta norma que supermercados y grandes distribuidoras rebajen la carestía de estos alimentos. Sánchez aseguró que el propio decreto obligará a estas superficies a trasladar la rebaja del IVA directamente al precio. Según el decreto publicado este miércoles el cumplimiento de esta medida se verificará «mediante un sistema de seguimiento de la evolución de los precios», del que no se da detalles e «independientemente de las actuaciones que corresponda realizar a la CNMC».
Hasta este año, la reducción del IVA estaba topada por las normas comunitarias hasta el 4%, pero desde el mes de abril existen excepciones para productos alimentarios, agua, medicamentos o libros. Esta distinción es la que ha permitido al Gobierno llevar a cabo la rebaja temporal de impuestos.
Un coste de 1.300 millones
No ha sido sencillo para el Gobierno acometer esta medida. Tal y como ha informado este periódico, las medidas a adoptar para abaratar el precio de los alimentos han enfrentado al PSOE y a Unidas Podemos en las últimas semanas. En el Partido Socialista eran partidarios de las rebajas de impuestos, pese a que cuando el Partido Popular planteó la bajada del IVA rechazó por completo esta opción.
Unidas Podemos, por contra, mantenía su rechazo a los guiños fiscales porque consideraba que esto solo serviría para «ensanchar los beneficios de las grandes distribuidoras» y no serviría para ayudar a las familias. En lugar de esta medida, la formación morada y la vicepresidenta Yolanda Díaz apostaban por medidas como intervenir los beneficios de las distribuidoras o, incluso, prohibir el reparto de dividendos de las compañías que no se muestren dispuestas a poner en el mercado una cesta de la compra a precios asequibles. Todo ello después de que la cesta de la compra asequible que intentó impulsar Díaz hace meses con el sector de la distribución no terminase de cuajar por el rechazo de la industria y porque se hizo de espaldas de la CNMC.
Finalmente, el acuerdo al que han llegado Pedro Sánchez y Yolanda Díaz es salomónico. Se acometen rebajas fiscales, pero también se ofrecerá el mencionado cheque de 200 euros para las familias que, aunque no es finalista, está destinado a aliviar la subida de productos básicos como los alimentos.
Según fuentes de La Moncloa, los hogares de un solo miembro también podrán acceder a esta ayuda, cuya solicitud se podrá realizar a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, como ocurre con otras subvenciones de misma índole. Respecto al método de pago, el Gobierno no ha especificado aún públicamente la manera en la que el dinero llegará a las familias. pero las mencionadas fuentes apuntan que se realizará en un solo pago directo a través de transferencia bancaria una vez que se hayan facilitado los datos.
Según los cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en Gestha, la medida beneficiará a ocho millones de personas y tendrá un coste final de 1.300 millones de euros para el Estado. La comunidad en la que un mayor número de personas se beneficiarían de este nuevo cheque es Cataluña (1,4 millones de personas), seguida por Madrid (1,27 millones) y Andalucía (1,22 millones). Munición para el Gobierno en plena víspera electoral.
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