El Gobierno quiere funcionarios en activo más allá de los 65 años

Lo que dicen las cifras que maneja el Gobierno, que se pueden consultar en los informes de seguimiento que la Secretaría de Estado de Función Pública realiza anualmente sobre el envejecimiento de las plantillas públicas, es que dos de cada tres empleados públicos tienen más de 50 años y que el 20% de la plantilla supera ya los 60 años, una edad a partir de la cual los que se encuadran en el régimen de clases pasivas del Estado pueden optar por poner punto y final a su vida activa y empezar a cobrar su pensión sin ninguna penalización siempre que acrediten más de 30 años de carrera.

El anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, aprobado por el Consejo de Ministros en el fenomenal arreón legislativo del mes de diciembre, ha revelado la intención del Gobierno de mover pieza y abre por primera vez la puerta a que desde el Estado se puedan poner en marcha esquemas de incentivos para animar a los funcionarios a que permanezcan en su puesto de trabajo más allá de los 65 años.

A día de hoy el sistema de jubilación de los funcionarios conserva algunas peculiaridades respecto al sistema que rige para los trabajadores del sector privado. La primera y más controvertida es que los funcionarios encuadrados en el régimen de clases pasivas (en vías de extinción) tienen la oportunidad de aparcar de forma voluntaria su vida activa a los 60 años sin sufrir ningún tipo de penalización.

Otra de ellas es que la normativa obligar a declarar la jubilación forzosa de oficio en el momento de alcanzar la edad de jubilación, del mismo modo que se recoge en algunos convenios colectivos del sector privado, pero que la última reforma de pensiones trató de atajar.

Una peculiaridad más es la especial dificultad para prolongar la vida laboral más allá de la edad legal por la resistencia que en los últimos años se ha mostrado desde Función Pública a autorizar los casos en que funcionarios han solicitado la extensión voluntaria de su vida profesional. El asunto, de hecho, ha constituido un tema recurrente en las negociaciones de la Secretaría de Función Pública con los sindicatos.

En los últimos meses, el Gobierno ha tenido sobre su mesa una propuesta de los altos funcionarios del Estado para prolongar la edad forzosa de jubilación de los funcionarios hasta los 72 años y otra de CSIF para incentivar a los funcionarios de clases pasivas a quedarse a partir de los 60 años con un extra del 5% en su haber regulador.

El borrador de la norma que aspira a regular la gestión de recursos humanos en el ámbito de la Administración del Estado mantiene ese sistema en sus líneas básicas, pero abre más la mano a la hora de facilitar que los funcionarios que deseen hacerlo puedan extender su vida laboral más allá de la edad legal que corresponda.

En primer lugar da a los diferentes departamentos una serie de criterios objetivos para aprobar las solicitudes que les lleguen en función de factores como la capacidad psicofísica del funcionario, su adecuado desempeño del puesto en los últimos años o, simplemente, las necesidades organizativas del departamento. Fuentes sindicales aseguran que desde la pasada crisis financiera el criterio que ha primado a la hora de aprobar o denegar solicitudes ha sido el económico, lo que se ha traducido en una acusada inclinación a rechazar las solicitudes.

El texto elaborado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública pretende habilitar además a la Secretaría de Estado de Función Pública para «dictar directrices o elaborar planes de ámbito general» orientados a incentivar la permanencia en el servicio activo una vez alcanzada la edad forzosa de jubilación, que es de 65 años para los funcionarios de clases pasivas y que puede llegar hasta los 66 años y cuatro meses para los que están en Seguridad Social.

La última reforma de pensiones ya extendió los nuevos incentivos a prolongar la vida laboral a los funcionarios, entre los que figura el famoso cheque de hasta 12.000 euros para los trabajadores que decidan llevar su vida laboral más allá de la edad legal.