El Gobierno presentará en septiembre las medidas de ajuste de gasto en pensiones a patronal y sindicatos

De este modo, el Ejecutivo parece decidido a abordar desde la vuelta del verano las negociaciones para consensuar el segundo paquete de medidas de la reforma del sistema público de pensiones, las más duras. En este pliego que Bruselas demanda que rebaje la presión de gasto en pensiones de forma decidida, y que debería de entrar en vigor desde el 1 de enero de 2023, incluirá como principales modificaciones la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones y el destope de las bases máximas de cotización.

Realmente, los expertos fían la mejora de la salud financiera de la Seguridad Social a la primera de las medidas que va a llevar el Gobierno a la mesa de diálogo con patronal y sindicatos. Ya que el destope de las bases máximas de cotización tendría un impacto positivo en las arcas en términos de mejora de los ingresos solo en los primeros años -también se iría incrementando proporcionalmente la cuantía de la pensión máxima del sistema-, la verdadera espita para reducir el coste agregado de las pensiones se abriría con la ampliación del periodo de cálculo.

Escrivá plantea que existen «varias palancas» sobre las que se puede operar. Una de ellas es la ampliación del periodo de cómputo, más allá de 25 años, aunque también sugirió que al mismo tiempo que se amplíe se haga «un mejor tratamiento de las lagunas, de los años que no se han cotizado o (...) que se excluyan algunos años del cómputo».

«Hay distintas combinaciones. El 30% de las personas ya no tienen esas carreras laborales lineales que había antes, que iban de menos a más, sino que desde la crisis financiera tenemos mayor volatilidad y hay personas que tienen sus últimos años no con sus mejores condiciones», explicó en declaraciones a La Sexta.

Aunque los sindicatos ya han expresado su rechazo a aumentar el periodo de cómputo, el ministro afirmó que la propuesta de la Seguridad Social tendrá un «beneficio agregado» y confía en llegar a un acuerdo con los agentes sociales.

Sin embargo, los expertos ya han advertido para la simiente de esta medida de que abrir excesivamente el listado de excepciones y ventajas para no sufrir el efecto de la ampliación del periodo de cálculo podría descafeinar el efecto de la misma e incluso llegar a ser contraproducente.

Los cálculos elaborados por los expertos del Grupo de Investigación de Pensiones de la Universidad de Valencia y de Extremadura apuntan en algunos de los últimos informes analíticos sobre el impacto de esta medida que una ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 35 años supondría de media un recorte de las nuevas pensiones del 8% y este ascendería al 10% al aplicarlo sobre la paga de jubilación del autónomo.

Por el contrario, permitir los mejores 25 años de vida laboral tendría el efecto completamente adverso, elevando el coste de las prestaciones. «El efecto es, naturalmente, contrario al del simple aumento a 35 años, ya que en el peor de los casos los individuos recibirían la misma cuantía que si el cálculo de la base reguladora se hace sobre los últimos 25 años y un porcentaje importante recibirían una cantidad superior», apuntan los expertos del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social.

El análisis económico de los expertos advierte del impacto que tendría permitir esa elección: aumentaría la cuantía de la pensión en un 6,54% de media, llegando a incrementarse el gasto proyectado en un 0,67% sobre el PIB. Es decir, la factura anual crecería para la Seguridad Social en unos 8.000 millones de euros al año.

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Aunque el Gobierno no ha confirmado el extremo de cuánto y en qué condiciones se propondrá la ampliación de los años, sí que está confirmado que será eso, una ampliación. Así se le ha trasladado desde el Ejecutivo a la Comisión Europea en Plan de Reformas remitido como contrapartida para la llega de los fondos europeos de reconstrucción. Incluso si nos retrotraemos a principios de 2020, cuando el Ejecutivo de coalición echó andar, recordaremos el episodio de cruce de acusaciones entre el titular de Seguridad Social y la parte morada del Gobierno al filtrarse una ficha enviada a Bruselas en la que sí se especificaba que la ampliación sería de 25 a 35 años.