El Gobierno ignora el dictamen del BCE y seguirá adelante con el impuestazo a la banca

Sin cambio de planes en el Gobierno pese a la condena radical del Banco Central Europeo (BCE) contra el impuestazo a la banca. Fuentes del Ministerio de Hacienda interpretan que el supervisor no se opone al gravamen y aseguran que todo seguirá como estaba previsto: aprobación del impuesto para antes de finales de año. Aun así, el choque de titanes está servido ya que parte de lo que dice el supervisor, basado en la normativa bancaria europea, choca frontalmente con la proposición de ley.

La institución presidida por Christine Lagarde ha publicado su opinión sobre esta medida, con la que el Ejecutivo espera recaudar 3.000 millones de euros en dos años. La conclusión es clara, y así también lo interpretan todas las fuentes consultadas del sector financiero: el BCE advierte sobre el riesgo que entraña el gravamen para la concesión de crédito, la rentabilidad, la solvencia, la competencia... sin olvidarse de indicar a los bancos que deben repercutir a sus clientes el tributo, pese a la prohibición del Gobierno.

En el Ejecutivo sostienen que ahora el impuesto, que se configura como proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos, está en fase de tramitación parlamentaria y que todo depende de los partidos. Pero no ocultan que el dictamen del supervisor no cambia un ápice sus planes, a falta de una mayor interpretación del documento.

La banca, con todo, confía en que en el Congreso se pueda suavizar algo la proposición de ley ya que plantea varios problemas para el sector. Entre ellos, que se prohíbe su repercusión al cliente mientras el BCE (y la Autoridad Bancaria Europea) les obliga a lo contrario, a sí cargárselo al usuario. Este es uno de los puntos más conflictivos para el gremio ya que promete un choque de trenes entre el supervisor y el Gobierno ya que cada normativa aplicable dice una cosa distinta.

Hacienda sostiene que la opinión del supervisor no recomienda que se paralice ni que no se apruebe. Aun así, son conscientes de que el BCE les exige un análisis de los efectos negativos del impuesto.