El fiasco del plan de la Generalitat para hacer la declaración de la Renta a cuatro millones de catalanes

La realidad, sin embargo, no parece sustentar esta visión, o, como mínimo, la desafía. En la última Campaña de Renta, correspondiente a 2023, solo 13.785 contribuyentes, apenas un 0,34% de los cerca de cuatro millones de catalanes que presentaron declaración de la Renta ese año, hicieron uso de la posibilidad que tienen de que sea la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) la que les tramite la presentación de la misma, experimentando además una caída del 15% respecto a lo acontecido el año anterior.

Este canal, de hecho, se ha convertido en los últimos años en anecdótico, una década después de que en plena escalada soberanista el gobierno de Artur Mas lanzara la campaña 'Declárate en Cataluña', que aspiraba a convencer a los catalanes de que tramitaran sus obligaciones tributarias con el Estado a través de la Agencia Tributaria Catalana. Se buscaba presionar al Gobierno Central para que percibiera la magnitud del anhelo de los catalanes de que fueran las instituciones autonómicas las que gestionaran los impuestos pagados en el territorio, pero la apuesta no cuajó.

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Luego vinieron las leyes de desconexión, la contratación de una megasistema informático capaz de soportar la gestión del 100% de los impuestos pagados en Cataluña y la invitación a todos los organismos públicos catalanes, y la obligación para las empresas dependientes de la Generalitat, de relacionarse fiscalmente con el Estado a través de la Agencia Tributaria Catalana. Pero el esfuerzo no ha terminado de cuajar.

Ni siquiera en los años más calientes del procés la cifra de contribuyentes que ha decidido presentar su declaración de la Renta a través de la ATC ha pasado de 16.000, una cifra marginal para la ambición del programa promocionado por la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), con el amparo del gobierno de Artur Mas en la Generalitat, en 2014. Desde 2019 este plan ha presentado un perfil claramente a la baja con la única excepción de 2022.

Quizá contribuyó la sombra de sospecha que despertó sobre este plan un informe de la Guardia Civil difundido en 2017 que detectó la existencia de herramientas informáticas capaces de extraer información de los datos fiscales incluidos en esas declaraciones.

El papel residual conseguido por la Agencia Tributaria Catalana en las campañas de Renta y Patrimonio asoma como un lastre en el proyecto común del PSC y ERC de que la Generalitat gestione y recaude el 100% del Impuesto de la Renta a partir del año 2026, ya que no parece sencillo sobre el papel que su estructura sea capaz de pasar de gestionar menos de 14.000 declaraciones a tramitar cuatro millones en cosa de meses. Dado también el rechazo manifestado por los trabajadores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a su traspaso a la plantilla de la Generalitat.

Fue otro gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, el que habilitó en el año 2005 y a instancias de la Generalitat el marco regulatorio necesario para que las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla pudieran participar en la gestión de la declaración de la Renta en sus territorios.