Ni una sola casa construida en los dos primeros años del plan de alquiler de Sánchez

Por el momento, el Ministerio de Vivienda asegura tener movilizados cerca de 60.000 inmuebles en diferentes fases de desarrollo, pero ningún español ha entrado por la puerta de alguna de las prometidas. Para muestra un botón. La primera licitación del proyecto Viena a cargo de Sareb quedó completamente desierta tras más de un año de esfuerzos por parte del conocido como 'banco malo' para atraer capital español y extranjero. El plan consistía en poner a disposición de empresas privadas los suelos de Sareb para construir vivienda en régimen de alquiler asequible (precios alrededor de un 30% por debajo de mercado) para que luego estas pudieran gestionarlas y sacarle rédito económico durante un periodo de 80 años.

Pero ni con financiación a cargo de fondos europeos lo han conseguido. Fuentes conocedoras del plan insisten en que era algo sabido en el sector el que nadie se presentaría al concurso y ubican el fracaso en la escasa rentabilidad que se ofrecía, de alrededor del 4% anual. También por las ubicaciones propuestas en los lotes, con solo un terreno en Madrid y ninguno en Barcelona y muy pocas oportunidades en las principales capitales de provincia españolas que es donde se aspira a ganar más dinero. «Si hubieran salido los números habría existido inversión, pero no salían» resumen las mismas fuentes. De fondo, también estaba la preocupación por la morosidad, en un momento en el que la ley de Vivienda ha endurecido el trámite para desalojar a inquilinos vulnerables con deudas, sobre todo para los grandes propietarios (con más de 10 viviendas) para los que se dispara la burocracia.

Otras fuentes del sector atribuyen el fracaso a la dispersión geográfica y tamaño de los lotes, demasiado grandes respecto a las necesidades de los interesados, y a que el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear una empresa estatal de vivienda con los activos de Sareb generó inseguridad jurídica entre los potenciales inversores.

Esta era la primera camada de 3.750 viviendas en régimen de alquiler asequible de las hasta entre 10.000 y 15.000 que podrían promoverse en suelos de Sareb y que forman parte de las 50.000 que el 'banco malo' aporta al plan de Sánchez. La intención de la entidad controlada por el FROB (Ministerio de Economía) es la de volver a relanzar próximamente la licitación y ya se encuentra en conversaciones con inversores para abordar el rediseño de los pliegos y lotes, según relatan a este periódico fuentes del mercado.

La otra pata del PVAA que depende directamente del sector privado es la de las 43.000 viviendas destinadas a alquiler por debajo de mercado financiadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con 4.000 millones de fondos europeos Next Generation, a lo que se suman otros 2.000 millones de euros en avales del propio ICO a esos préstamos. La línea de créditos en condiciones ventajosas se puso en marcha en agosto y en septiembre la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez ya aseguraba que existía interés para casi 17.000 viviendas por valor de 1.400 millones de euros. Seis meses después hay aprobados 59 proyectos para construir 6.100 casas por un importe de 717 millones en préstamos blandos, según aseguran fuentes del ICO a este periódico. Ahora, estas peticiones -explican- deben pasar por un proceso de validación en el que se estimará cuales pueden ser financiados con fondos europeos (exclusivamente estos contarán con la línea de avales) y cuales con los recursos del ICO. Desde la entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, aseguran estar notando «un incremento en la demanda por parte de de los promotores» y haber recibido interés por créditos para levantar otros 14.000 pisos, que ya se encuentran en fase de análisis de riesgos.

No todos esos proyectos saldrán adelante, pues durante la etapa de estudio, algunos caen por no cumplir con los requisitos y otros porque los propios promotores se retiran porque encuentran otra opción de financiación o se retrasan los proyectos. De fraguar todo el interés actual, se habrán construido con fondos europeos gestionados por el ICO unas 20.000 viviendas para alquiler asequible, menos de la mitad del objetivo del Gobierno. Estos préstamos se pueden solicitar antes del 1 de junio de 2026.

Con todo, el Gobierno quiere subir su apuesta por los alquileres baratos y en diciembre el presidente Sánchez anunció la creación de una empresa estatal de vivienda que partirá de Sepes, la entidad de suelo del Estado. A este organismo le corresponde la promoción de unas 36.000 viviendas del PVAA, pero con el nuevo mandato tendrá también capacidad de gestión y el Gobierno ya trata de engordar su perímetro. Antes del final de 2024 anunció que traspasaría a Sepes un número indefinido de viviendas titularidad del Estado, pero la caída del primer decreto ómnibus que el PSOE llevó al Congreso parece que ha dejado el proceso en pausa porque en el acordado más tarde con Junts no aparecía dicha transferencia. Aunque fuentes del Ministerio de Vivienda apuntan en que continúan trabajando en ese traspaso y que no es necesario obtener el permiso de la Cámara Baja para ello. También en Sepes el Gobierno pretende integrar unas 40.000 viviendas de Sareb.

Para su nuevo rol y el cumplimiento del PVAA, Sepes tiene previsto aumentar su plantilla en 2025 hasta los 185 trabajadores, un 6,3% más que en 2024 y un 33% más que en 2023, según describe en su plan de actuación 2025. Desde 2018, la entidad ha recibido 1.600 milllones vía Presupuestos para la misión de promover arrendamientos económicos. Hasta el momento, tan solo está adjudicadas las obras de Can Escandell (Ibiza) donde se esperan 532 alquileres asequibles.