La sostenibilidad de las pensiones empeora tras las últimas reformas

La Autoridad Fiscal ha superado el trámite del Informe sobre la Regla de Gasto al que le obliga la ley para evaluar el sistema tres años después de las últimas reformas. Pero al mismo tiempo ha aprovechado otro documento, su Opinión sobre la Sostenibilidad de las Administraciones, para cargar duramente contra el Gobierno al avisar de la falta de sostenibilidad de las pensiones, que «no ha mejorado tras las reformas», según la presidenta de la Airef, Cristina Herrero.

Este organismo anticipa un aumento medio del gasto en 3,4 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) hasta 2050, cuatro décimas por encima del que estimaba hace dos años, pasando del 12,7% del PIB en 2022 al 16,1% del PIB. De esta forma se intensifica la «presión» que ya acecha la Seguridad Social. De todos los cambios introducidos en los últimos años, la revalorización de las pensiones conforme a la inflación es la que más apretará las cuentas. El ejemplo de 2022, cuando las prestaciones subieron más de un 8% por el impacto de la subida de precios, es el caso en el que más se tensionará el sistema. Junto a esa circunstancia, la eliminación del factor de sostenibilidad –un ajuste automático de la primera pensión en función del envejecimiento de la población, por ejemplo– también incrementará el gasto. El problema para la Airef es que estas medidas no compensan otras reformas como los incentivos a la jubilación demorada o el alza de cotizaciones, que quitan presión al gasto y añaden ingresos, respectivamente.

Si el Ejecutivo no quiere aplicar medidas adicionales que contengan el gasto de la Seguridad Social, la Autoridad Fiscal anticipa que deberá restar dinero de otras partidas públicas para hacer frente a un gasto como el de las pensiones, que ya supera el 40% del último presupuesto general del Estado. También hay otra opción a priori menos drástica de cara a la población, pero con un gran impacto soterrado de cara al futuro: el endeudamiento para afrontar los pagos de las prestaciones. La deuda de la Seguridad Social ya alcanza los 126.000 millones de euros tras elevarla un 50% en los seis últimos años. Porque la Airef recuerda que España debe cumplir con las exigencias de la Unión Europea en déficit y deuda.

Cristina Herrero ha insistido en que este examen se supera de forma puntual, por cómo está pensado. Pero anticipa que «la dinámica de las pensiones es ahora peor que antes» de las reformas impulsadas por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Y que «no se puede bajar la guardia» ni echar las campanas al vuelo a pesar de la superación del examen. La ministra de Seguridad Social, Elma Sáiz, celebraba ayer mismo –pocos minutos después del dictamen de la Airef alegando que «es un gran día para nuestro país porque la reforma del sistema de pensiones ha pasado su primer examen con éxito». Fuentes del departamento insisten, además, en que la falta de Presupuestos «no pone en peligro la fortaleza» del sistema y que «vamos por el buen camino».

No es esa precisamente la visión de la Autoridad Fiscal. Considera que ese examen tiene tantas «limitaciones y debilidades», que no puede considerarse un buen termómetro para evaluar la situación del sistema de pensiones. Y la cuestión más espinosa son las transferencias extraordinarias de dinero que hace el Estado a la Seguridad Social para que no colapse el sistema. Solo el año pasado estos ingresos superaron los 54.000 millones de euros, sobre todo para realizar los abonos de las pagas extra de verano y Navidad. Cada mes, el sistema abona 13.500 millones en prestaciones.

El origen del choque entre la Airef y el Ministerio de Seguridad Social llegó hace poco más de un mes, cuando se publicó un decreto en el que el Gobierno aclaraba al organismo que debía tener en cuenta las transferencias del Estado a la hora de calcular la regla de gasto de las pensiones. Una novedad con la que hasta entonces no contaba y que transforma por completo las cuentas y pronósticos, al tratarse de una cuantía millonaria. Herrero reconoció que algunas indicaciones incluidas en esta norma no le han gustado. La Airef ha hecho caso «en parte sí y en parte no», pero lo que sí ha aclarado la presidenta del organismo es que esas inyecciones «no son ingresos del sistema público de pensiones, sino de la Seguridad Social».

La Autoridad Fiscal entiende que la mayor parte de las transferencias del Estado no implican un fortalecimiento del sistema. Por ello, para este examen sólo ha tomado en cuenta para este informe partidas que han servido para financiar la reducción de cotizaciones sociales y las derivadas del mayor gasto en pensiones no contributivas.

Si el Estado sigue realizando aportaciones periódicas y extraordinarias a la Seguridad Social cada vez que lo necesite, en vez de aprobar otras reformas estructurales, el Gobierno asumirá un incremento de estas transferencias que representen 2,4 puntos del PIB hasta 2050. Es decir, a razón de unos 30.000 millones de euros más cada año. Incluso si Bruselas indicara que hay partes de esas transferencias que no se pueden coger para evaluar el sistema se incumpliría por poco. «Eso demuestra es que esta regla es sumamente sensible», indicó.

Con el examen aprobado, el Gobierno esquiva aplicar ajustes que preveía la propia ley si una comisión negociadora no conseguía pactar nuevas medidas. En esta ocasión, la Airef ha constatado que las previsiones de la UE sitúan el gasto en pensiones en el 14,6% del PIB entre 2022 y 2050 y estima que las medidas de ingresos (alza de cotizaciones o las nuevas cuotas de autónomos) suponen el 1,4% del PIB en este mismo periodo. Esas referencias están por debajo de lo que fija Bruselas.

El otro secreto que esconde la aprobación de este examen se explica por las actualizaciones del crecimiento económico, que es la base sobre la que se calcula el gasto en pensiones. Al mejorar ese PIB en los últimos meses, y tomarlo como nueva referencia, los resultados son menos dramáticos. Así lo reconoce el informe de la Airef, donde apunta a que «las sucesivas revisiones al alza del pib explican en buena medida la revisión a la baja en el nivel de gasto esperado». Ya no será hasta dentro de tres años cuando el organismo vuelva a evaluar el estado de las finanzas de la Seguridad Social.