La Airef alertará de la tensión en las pensiones en un informe paralelo al examen oficial

Ese análisis propio, que forma parte de la 'Segunda Opinión sobre la sostenibilidad a largo plazo de las Administraciones', le servirá a la Autoridad Fiscal para expresar una reflexión acorde a sus criterios y no a las reglas que le ha marcado el Gobierno. De hecho, incluirá recomendaciones sobre las medidas a tomar, según apuntan fuentes del sector que están en contacto con los expertos de la institución presidida por Cristina Herrero. Entre esos consejos, la mayor parte irán encaminados a alertar sobre las actuaciones en materia de gasto que el Ejecutivo debería tener en cuenta a largo plazo, como en otras ocasiones.

En el primero de esos análisis, de 2023, la Autoridad Fiscal ya calculaba que el gasto en pensiones empezaría a acelerarse especialmente a partir de 2035, con un máximo del 16,3% del PIB en 2049. Y advertía de que las reformas sobre pensiones aprobadas entre 2021 y 2023 –las dos grandes que se hicieron en su momento para cumplir con las exigencias europeas– suponen un incremento del déficit de 1,1 puntos de PIB en 2050.

A la opinión de la Airef sobre el gasto público le queda poco margen para recomendar nuevas actuaciones en materia de cotizaciones sociales, que son el principal ingreso de la Seguridad Social para abonar las prestaciones. De hecho, ya hay medidas en vigor como el MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional), una cuota adicional que va increméntandose cada año a pagar entre lo que contribuye la empresa y el empleado en su nómina; también en lo relativo al destope de las cotizaciones de quienes más ganan en sus nóminas.

A pesar de esas medidas extraordinarias incorporadas en los últimos años, las cuentas del sistema siguen descuadrándose sobre todo por la incorporación de la generación del 'baby boom' (los nacidos entre finales de los 50 y los 70); pero también por la revalorización que las pensiones (en esta última ocasión, un 2,8%); o por los complementos que aplica el Estado en materia de género o de mínimos para adecuar las cuantías de las pensiones de quienes no cumplen los requisitos.

Al mismo tiempo, la institución acometerá el examen de las pensiones sobre el que están puestas todas las miradas después de que Seguridad Social incluyera una partida de ingresos en el reglamento que sirve para adecuar esas reformas a los objetivos. Se trata de las inyecciones de dinero que el Estado da al sistema para que pueda hacer frente a sus compromisos. Moncloa espera que los criterios adaptados para que la Autoridad Fiscal elabore sus cuentas impliquen que el gasto en pensiones no supere el 15% del PIB hasta 2050, como España se ha comprometido ante la Comisión Europea. Con los 50.000 millones que la Administración central inyecta al sistema en momentos clave, como el de las pagas extra de verano o Navidad, los ingresos se encuentran mucho más estabilizados.

Aunque desde el Ministerio de Seguridad Social insisten en que no se ha cambiado la norma en el reglamento que explica esos criterios, ni se puede hacer desde el punto de vista legal, esos baremos sí añaden una aclaración a las cinco grandes fuentes de financiación, con las cotizaciones al frente: «Igualmente, tendrá la consideración de ingreso del sistema de la Seguridad Social la transferencia del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social que debe contemplar anualmente la Ley de Presupuestos Generales», es el párrafo adicional incorporado.

El ya exministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, fue quien incorporó a la reforma de las pensiones una cláusula de corrección en caso de desviación del déficit que activaría medidas de ajuste de forma automática en el sistema de pensiones. En la práctica, ese sistema pondría en marcha una subida de las cotizaciones sociales o un recorte de las pensiones (o ambos) si la norma hubiera afectado a la sostenibilidad del sistema.

Los últimos cambios en las pensiones han llegado en este inicio de 2025 con la reforma de la jubilación activa, la parcial y la demorada. Aunque el examen de la Airef versará más sobre las medidas puestas en marcha en los últimos años, como la revalorización de las pensiones con la inflación del último año; la subida de cotizaciones con el MEI; la cuota de solidaridad de los sueldos más elevados; o los nuevos coeficientes reductores para jubilarse anticipadamente.

Diversas instituciones financieras y económicas ya habían advertido en su momento de que la opción elegida entonces implicaba que las pensiones absorberán cada vez más presupuesto, reduciendo cuando no eliminando, la posibilidad de utilizar recursos públicos en otras políticas de gasto, incluso las dirigidas al mismo colectivo de personas mayores, como la sanidad o la dependencia.