Las aseguradoras tienen hasta el 4 de marzo para decidir si se unen a la nueva oferta de Muface

Ese es el plazo que Muface ha fijado en la licitación publicada este viernes en el Portal de Contratación del Estado, donde aclara las condiciones económicas, financieras y normativas que regirán el concurso de la sanidad pública para los empleados públicos durante los tres próximos años. Ese documento explica que el presupuesto total del servicio será de 4.429 millones de euros, cuantía que incluye los últimos 330 millones que el Ministerio de Función Pública autorizó la semana pasada para intentar atraer a los tres grupos aseguradores que prestan este servicio a los funcionarios.

Esa cuantía supone elevar en un 41% el anterior presupuesto de Muface para el próximo trienio, después del rechazo que habían mostrado las aseguradoras alegando incertidumbre económica para seguir con el concierto de la sanidad de los empleados públicos.

En el texto publicado ayer, Muface señala que el concierto entrará en funcionamiento el 1 de abril o el día siguiente a la formalización del contrato si ésta fuera posterior y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. Uno de los principales temores que tenían los funcionarios acogidos a esta modalidad sanitaria pasaba por la imposibilidad de que sus aseguradoras les siguieran prestando atención médica a partir del 31 de marzo. De hecho, buena parte de las citas que se debían gestionar a partir de ese momento se encontraban congeladas a la espera de una resolución definitiva de la licitación.

Muface ha elevado el importe de las primas en su conjunto, y también lo ha hecho en cada uno de los tramos de edad de los mutualistas a los que cubren las aseguradoras. Así, la cobertura para los colectivos de mayores de 65 años, y sobre todo a partir de los 74 años, tienen fijados unos costes muy superiores (hasta 274 euros por persona y mes) a los del resto de perceptores. Una novedad que no existía en el convenio anterior, en el que esas primas eran lineales.

Se trata de uno de los cambios económicos que habían demandado las aseguradoras tras constatar cómo el coste del servicio se había disparado en los últimos años, entre otras circunstancias, por el envejecimiento de los beneficiarios del sistema. Una variable que había tensionado el presupuesto de las aseguradoras a la hora de prestar estos servicios sanitarios.

Otra de las peticiones pasaban por la posibilidad de que Muface revise los términos económicos del concurso en caso de pérdidas sobrevenidas a lo largo de los tres próximos años, después de la experiencia del último concurso, en el que los costes se han disparado muy por encima de las previsiones del sector. Los nuevos pliegos incluyen una cláusula de «restablecimiento del equilibrio económico-financiero» para las aseguradoras. Esta compensación tendrá que ser solicitada por la compañía siempre que se produzca un «riesgo imprevisible» y se justifique por un cambio extraordinario en las circunstancias, por un aumento de la «onerosidad» de prestación de servicio y por la inexistencia de medios alternativos para paliar el desequilibrio.

Adeslas, Asisa y DKV evaluarán si se presentarán al concurso o desisten del mismo. Las dos primeras se habían mostrado más cautas después de la última inyección que había habilitado el Gobierno. Más reacia se había mostrado la tercera en cuestión, DKV, al alegar que las condiciones planteadas no eran financieramente viable.

Por su parte, CSIF presentará el lunes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue la suspensión de una asistencia. Alega casos como el de un afectado al que su aseguradora le ha cancelado una prueba por cáncer al desconocer si la empresa seguirá en Muface.