El absentismo laboral se dispara y la factura llega a 142.000 millones

Durante este 2023 se habrán tramitado más de 8,2 millones de bajas laborales, y el coste total del absentismo se disparará hasta los 142.000 millones de euros, un dato histórico, según las previsiones que maneja AMAT, la patronal de las mutuas. El importe y el impacto que tienen las bajas por enfermedad no se circunscribe únicamente a la cuantía de las prestaciones por incapacidad temporal que paga la Seguridad Social y la mutuas, también supone un coste directo e indirecto para las empresas, que se estima en base a otros efectos que tiene el absentismo laboral, como el coste de oportunidad, la productividad, etc.

Del desembolso total, 13.828 millones corresponden al coste de las prestaciones de Seguridad Social. A esto se sumarían 12.507 millones de costes directos que asumen las empresas afectadas por estos procesos, mientras que otros 116.445 millones serían el resto de costes indirectos. La suma de todos estos importes provocados por el absentismo y sus derivadas es unos 25.000 millones superior al de hace un año, lo que ha hecho saltar todas las alarmas, no solo entre los empresarios, sino también entre los propios gestores de la Seguridad Social, teniendo en cuenta que el montante de este desequilibrio laboral ha crecido un 66% en los últimos cinco años y crecerá otro 15% este ejercicio.

La sombra de los abusos se cierne sobre el alud de ausencias al trabajo. La patronal que dirige Antonio Garamendi ha trasladado a los gobiernos, de forma reiterada, su preocupación por la situación generada por la gestión de las bajas laborales y lleva años ofreciendo el apoyo de las mutuas en los tratamientos y en los procesos de alta médica sin ningún éxito. La escalada de las bajas médicas está asfixiando en muchos casos a los negocios, que siguen tratando de recuperarse del golpe de la pandemia y de la fuerte huella que está dejando en sus balances, en un momento, además, en el que afrontan una espiral de costes por el aumento impositivo, de las cotizaciones sociales y por el alza de la inflación.

Ese impacto de las bajas en las cuentas de las empresas no es menor, teniendo en cuenta que en los supuestos de enfermedad común o de accidente no laboral, el abono del subsidio entre los días 4 a 15 de baja en el trabajo corre a cargo del empresario. A partir del decimosexto día de baja la responsabilidad del abono recae en la Seguridad Social o mutua en su caso, aunque el pago lo siga materializando el empresario. Es decir, el empresario abona como si fuera una nómina y luego la Seguridad Social o la mutua le paga al empresario. De esta forma, el trabajador recibe este ingreso como si fuera una nómina, descontando del importe del subsidio la retención por IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social.

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Las mutuas argumentan que son expertas en patologías traumatológicas para actuar contra el absentismo. Según sus datos, la duración media de los procesos de contingencia profesional diagnosticados como patologías traumatológicas que gestionan ascienden a 39,49 días. En cambio, cuando esos mismos procesos son una contingencia común, y son tratados en la sanidad pública, tienen una duración de 68,64 días. A todo ello se une el elevado crecimiento que este año han tenido los procesos de larga duración. Las ausencias al trabajo por causas médicas superiores a un año han pasado de 34.000 en el año 2019 a más de 100.000 este ejercicio.

Los casos traumatológicos derivados de contingencias comunes concentran más del 80% de los procesos de baja. Por ello las mutuas insisten en ofrecerse para prestar asistencia sanitaria en este caso y emitir altas médicas en las bajas por enfermedad común y accidentes no laborales. Como dato explican que más de 1.138.000 trabajadores de baja por patología traumatológica tardan un mes de más de lo que correspondería en recuperar su salud y poder reincorporarse a su empleo.

La patronal de las mutuas apela al Pacto de Toledo y a los acuerdos de negociación colectiva suscritos entre la CEOE y los sindicatos UGT y CC.OO. para llegar a acuerdos con los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas. Argumenta AMAT que la separación de funciones entre quien satisface la prestación (mutuas y Seguridad Social) y quien presta la asistencia sanitaria (los servicios de salud de las comunidades autónomas) conlleva una excesiva carga burocrática, lo que unido a la carga asistencial y a las listas de espera en la sanidad pública disparan la duración de las bajas médicas.