El Tribunal de Cuentas exige medidas ya para tapar el agujero de casi 100.000 millones de la Seguridad Social

Tras la reforma de 2013 aprobada por el PP, la Seguridad Social se instaló en un déficit recurrente por encima del 1% del PIB, llegando a su máximo en 2016, cuando el desfase entre ingresos y gastos ascendió a 18.536 millones de euros, equivalente a 1,66 puntos porcentuales de PIB . Tanto organismos internacionales como insitutos de estudio y organismos independientes se apresuraron entonces a calificar de «estrucutral» este nivel de déficit que se mantenía pese a la potente recuperación del mercado laboral tras la gran recesión de 2008.

Con el golpe de la pandemia en 2020 -la Seguridad Social registró a cierre de 2019 un desequilibrio de 16.612 millones de euros- el déficit se desbordó hasta los 20.000 millones, un 1,8% del PIB, y eso que el sistema dispuso de financiación extra por valor de más de 30.000 millones de euros en ese año para costear las prestaciones y ayudas a empresas y trabajadores. Por lo que la necesidad de financiación real para poder afrontar los compromisos adquiridos ascendió hace dos años hasta los 50.000 millones de euros.

Si bien es cierto que el déficit mastodóntico de 20.000 millones estuvo marcado por el impacto económico de las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis sanitaria, el Gobierno aceleró en el pasado ejercicio la separación de fuentes de financición que formaba parte de la primer pata de la reforma de pensiones. Concretamente, se desviaron en el pasado ejercicio un total de 18.396 millones de euros -para este año 2022 se ha culminado esta operación con una transferencia de 36.183 millones de euros- y se logró cerrar el déficit en 11.192 millones, rebajando el listón del 1% del PIB.

Para este año, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá , asegura que el déficit de la Seguridad Social cerrará este año «por debajo» del 0,5 % previsto en el cuadro macroeconómico del Gobierno, gracias al crecimiento del empleo, de los salarios y de las cotizaciones sociales.

Ante este panorama y como producto de los préstamos recibidos por parte del Estado, el Banco de España calcula una deuda agregada de la Seguridad Social de casi 100.000 millones de euros. El Tribunal de Cuentas , por su parte, reduce el cálculo del pasivo de organismo hasta los 85.351 millones de euros a cierre de 2020, si bien la institución desagrega aquí tanto los préstamos recibidos en ese ejercicio, de 30.330 millones de euros, y las transferencias, por valor de 21.336 millones de euros.

Ahora bien algo a lo que no escapa el análisis publicado por el Tribunal de Cuentas en su Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2020 es la necesidad perentoria de tomar medidas que saneen el balance financiero del sistema. «Que se adopten urgentemente las medidas necesarias para resolver la situación financiera del endeudamiento estructural del Sistema de la Seguridad Social frente al Estado», apunta la institución en el apartado de exigencias al Gobierno para que actúe sobre el desequilibrio.

Sin embargo, el rumbo que ha tomado la reforma de pensiones aprobada por el Gobierno se aleja casi tanto de la moderación del gasto como de las posibilidad de estrechar la abultada deuda que ahora registra. Cabe recordar que esta misma semana Bruselas ha señalado a España la necesidad de tomar medidas compensatorias en la segunda parte de la reforma de pensiones ante el desborde del coste de la revalorización por el elevado IPC -las subidas costarán más de 10.000 millones en 2023-.