El Gobierno quiere recaudar 80.000 millones más con el alza de impuestos

El objetivo, enunciado por el Ejecutivo en el plan, es «acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno», esto es, una brecha de 7,2 puntos del PIB entre el 39,2% del PIB que ingresa España y el 46,5% de la Eurozona: unos 80.000 millones más como aspiración. Así, si en la anterior crisis se produjo una reducción de los sueldos públicos, la congelación de las pensiones y se ajustó el techo de gasto al máximo, con 13 ministerios -el exministro José Manuel García-Margallo llegó a tildar las cuentas de 2012 como «presupuestos de guerra»-, en la actual crisis, el Ejecutivo cuenta con 22 ministerios y se compromete a elevar los sueldos públicos y las pensiones con el IPC hasta 2024. El grupo de expertos para la reforma fiscal entregará sus conclusiones en febrero de 2022 para que esta entre en vigor en 2023, pero hasta entonces el Ejecutivo desgrana un ramillete de subidas. La hoja de ruta fiscal ya está fijada.

Uno de los incrementos fiscales que el Ejecutivo llevaba cavilando desde 2019 es el del diésel. «En el cuarto trimestre de 2022 se revisará la imposición sobre los hidrocarburos», señala ahora en el Plan de Recuperación, añadiendo que para un mismo nivel tecnológico de motor, «la contaminación del diésel no es inferior a la gasolina». El Ejecutivo ya incluyó una subida del impuesto al diésel en el proyecto de Presupuestos de 2021, si bien el PNV la eliminó a cambio de su apoyo a las cuentas. Como fuere, el Ejecutivo «considera precisa la revisión de las bonificaciones existentes en la actualidad en algunos carburantes empleados en automoción». La equiparación total de impuestos al diésel y a la gasolina supondría 2.600 millones de euros más al año , según calculó en 2019 la Fundación Alternativas, ‘think tank’ próximo al PSOE, cuyo servicio de estudios estaba dirigido entonces por el actual presidente de los expertos para la reforma fiscal, Jesús Ruiz Huerta.

Además, «deberán analizarse las figuras que gravan o que podrían gravar la utilización o disposición de vehículos o el uso de carreteras, entre otros». Precisamente, la Fundación Alternativas ya proponía en 2019 los «impuestos sobre el uso del vehículo», con «tipos impositivos variables en función de la localización, el momento del día y el tipo de vehículo». El objetivo, según el organismo, sería reducir la congestión, la contaminación, el ruido, los accidentes y el desgaste de la infraestructura .«En el cuarto trimestre de 2023 se realizará la revisión de otras figuras que inciden sobre la movilidad sostenible», añade el Plan de Recuperación, sin detalles.

Antes, el Gobierno recoge que «en el primer trimestre de 2022 se analizarán y revisarán los impuestos sobre matriculación y circulación». ¿La intención? En sus palabras, adaptarlos «a estándares medioambientales». El impuesto de circulación, de titularidad municipal, recaudó 1.771 millones de euros en 2019 , mientras que el de matriculación ingresó 616 millones.

También abre el Gobierno la puerta a elevar la presión fiscal a los viajes en avión, ya que se compromete a «revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones de esos sectores». Hacienda ya publicó en febrero de 2020 un proyecto para crear un impuesto a los billetes de avión. Sin embargo, poco después estalló la pandemia y ante la interrupción de la movilidad y el turismo, el plan se metió en un cajón. Según lo recogido por el Ejecutivo, ahora este plan podría resucitar. Un informe de la Fundación Alternativas elaborado, entre otros, por Xavier Labandeira, experto en el grupo de sabios de la reforma fiscal, calculaba que introducir un impuesto a los billetes de avión ingresaría 1.366 millones . Alemania, Francia -que empezó en 2020 con un gravamen de 1,5 euros por billete que puede escalar hasta los 18 euros, con una recaudación prevista de 180 millones-, Italia, Países Bajos, Suecia, Reino Unido, Austria y Noruega ya tienen tasas sobre la aviación.

El ámbito digital es uno sobre los que el Ejecutivo hace más énfasis en el plan. En primer lugar, recuerda la implantación este año de la tasa Google -con la que prevé ingresar 968 millones -, que comenzará a cobrarse en junio, si bien aún no hay reglamento. Pero puede haber más novedades en Sociedades. «Más allá de la creación de un impuesto ‘ad hoc’, como medida transitoria deberán incorporarse las modificaciones oportunas en el ámbito de la imposición sobre Sociedades», recoge el plan.

El Gobierno traza un calendario pormenorizado de las figuras y estudios que va a realizar en fiscalidad verde. En el segundo trimestre de este año aprobará el proyecto de ley para crear los impuestos a los plásticos y residuos que incluía ya en las previsiones de los Presupuestos de 2021. En el tercer trimestre será cuando entren en vigor ambas figuras, recoge el documento enviado a Bruselas. Con el primero pretende recaudar 491 millones y 861 millones con el de residuos -que la Autoridad Fiscal rebaja a 98 y 215 millones , respectivamente-. Además, en el segundo trimestre de 2022 se aprobará «la reforma del impuesto sobre gases fluorados de efecto iInvernadero».

El Ejecutivo propone eliminar beneficios fiscales, sin especificar, y evaluará quince de ellos de 2021 a 2023, a razón de cinco beneficios fiscales cada año. La Airef ya realizó un análisis de 13 beneficios que suponían una pérdida de ingresos de 60.000 millones de euros en IVA, IRPF y Sociedades, uno de ellos la tributación conjunta en el impuesto de la Renta que ya no aparece en el Plan de Recuperación y cuyo coste asciende a 1.070 millones en 2021.

Para elevar la recaudación del impuesto de Sociedades, el Gobierno también señala que aprobará el tipo mínimo del 15% que estudió en los Presupuestos del Estado en 2019, si bien finalmente se quedó fuera. Entonces tenía un impacto de unos 250 millones de euros. Junto a ello, recuerda que empezará a cobrar en junio la tasa Tobin a las transacciones financieras con la que prevé ingresar 850 millones.

El Ejecutivo defiende «garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las comunidades autónomas» en la fiscalidad a la riqueza, supeditando esto a la reforma de la financiación autonómica, para la que buscará el acuerdo con las comunidades. Solo la bonificación del 100% del impuesto de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, con la que el Gobierno quiere acabar, alcanza los 905 millones.